4.500 euros por plazas 'fantasma' en centros de acogida en Cataluña: "Hubo dos jóvenes a los que no vi en nueve meses"

Nueva línea de investigación en el caso DGAIA, de presuntos pagos irregulares por parte del organismo autonómico responsable de la protección y acogida de menores y jóvenes ex tutelados en Cataluña.

La Oficina Antifraude de esta comunidad (OAC) ha abierto otro proceso de pesquisas sobre el dinero que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat [refundada hace menos de un año como DGPPIA tras los escándalos asociados a aquella denominación] habría pagado por las plazas fantasma de jóvenes ex tutelados denunciadas hace más de un año por un trabajador de una entidad colaboradora, la unión temporal de empresas Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis (del grupo Plataforma Educativa). Es decir, puestos por los que la consejería de Derechos Sociales (en sus anteriores denominaciones) abonaba a esta UTE cantidades que podían llegar hasta los 4.500 euros mensuales, aunque en realidad no habrían estado ocupados. La Sindicatura de Cuentas detectó el año pasado que, al menos, se pagaron 4,7 millones de euros en prestaciones indebidas entre 2019 y 2022.

El alertador, que tiene la condición de testigo protegido de Antifraude, puso en conocimiento de esta institución casos de adolescentes que ya no vivían en los pisos de acogida (uno de ellos, por ejemplo, residía en Valencia) o que incumplían los requisitos económicos al tener ingresos superiores, con sus empleos, al estipulado como tope para recibir la otra prestación, la que se paga a los jóvenes.

La semana pasada, la plataforma Octuvre avanzó que la OAC había iniciado una segunda pesquisa a raíz de testimonios adicionales que el educador que destapó el caso había aportado de ex trabajadores de otro centro a la investigación del ente fiscalizador. En concreto, el PIL Riu Ter, el servicio del Programa de Inserción Laboral que presta en la ciudad de Girona la UTE Resilis-Fontanilles. Tras la actuación de evaluación previa de verosimilitud, la Oficina Antifraude consideró que las nuevas aportaciones tienen entidad para abrir un proceso independiente: "Las presuntas irregularidades señaladas presentaban autonomía propia independiente respecto a la actuación de investigación referenciada".

EL MUNDO ha tenido acceso a algunos de los testimonios incluidos en este caso, que reportan situaciones muy similares a las que detalló el denunciante hace un año y medio, tras haber elevado, previamente, sus quejas de forma interna ante sus superiores sin resultado. "En nueve meses que estuve con un grupo, a dos de los jóvenes no los llegué a conocer, hacían su vida de forma completamente autónoma, en otra ciudad y sin recibir ninguna ayuda por parte del servicio", relata un ex empleado, que añade: "No era el único caso, entre los compañeros había parejas que solo tenían tres plazas cubiertas de las ocho teóricamente asignadas a sus dos pisos".

"Con la crisis [migratoria] de Canarias, muchos jóvenes no tenían plazas en centros de menores, mientras que, en este servicio, la mitad de habitaciones estaban libres porque eran plazas fantasma", refiere un educador, que agrega: "Llevan años con jóvenes dados de alta que ya no están en el PIL", el programa destinado a chicos de 16 a 21 años.

Irregularidades

"Nos hacían falsificar firmas o dejar fechas en blanco en documentos firmados para poder poner la que les convenía", señala otra persona en consonancia a la situación explicada meses antes por el alertador. "Mi experiencia estuvo marcada por ver situaciones de falta de cumplimiento de nuestro código ético", lamenta un trabajador social.

"Era un secreto a voces, todo el equipo de trabajo lo sabía, pero muchos no denuncian porque supone menos trabajo por el mismo precio", abunda en esta idea uno de los testimonios.
Según uno de los relatos, la primera denuncia de los hechos sí parece haber tenido consecuencias en el funcionamiento de estos servicios: "Comenzaron a ponerse las pilas y a realizar seguimiento de las ayudas haciendo que los chicos se presentaran y realizasen planes de atención individuales, ya que anteriormente se entregaba el dinero como si fueran caramelos y vete a saber dónde estaban los adolescentes".

"En ningún otro servicio he visto algo similar, mucha gente acaba con ansiedad y pidiendo excedencias, la diferencia con el PIL Girona es enorme porque en ese centro se actúa en coherencia al código deontológico, cuando alguien se desvincula se le da de baja", indica una persona refiriéndose al otro servicio de inserción laboral gestionado por la misma UTE, situado en la localidad gerundense de Salt.

A preguntas de EL MUNDO, Plataforma Educativa descarta hacer declaraciones sobre esta investigación y manifiesta su "total disposición a colaborar" aportando la información que se le requiera. "Así lo hemos hecho siempre que hemos sido citados por las comisiones del Parlament o cuando la Oficina Antifraude o la DGPPIA nos lo han solicitado", explican fuentes del grupo que aglutina a más de una decena de entidades del tercer sector [sin ánimo de lucro], con alrededor de 1.500 empleados y 150 servicios en Cataluña.

Precisamente, la comisión parlamentaria que investiga el caso DGAIA aprobó la semana pasada la solicitud, por parte de la CUP, de comparecencia del denunciante protegido. Su intervención será a puerta cerrada y sin ser retransmitida por el canal audiovisual de la Cámara, únicamente se hará un registro del audio internamente.

• Redacción: GERARD MELGAR Barcelona

• Redacción: GERARD MELGAR Barcelona

Según ha podido saber este diario, el alertador había mostrado su preferencia por comparecer en condiciones ordinarias, sin mayores medidas que la distorsión de su imagen por su estatus de testigo protegido. Todos los grupos parlamentarios se pronunciaron a favor de su comparecencia, después de varios meses en que la votación se había pospuesto, aunque la CUP expresó su disconformidad con las condiciones secretas en que finalmente se hará.