El mercado del alquiler no sale del ojo del huracán. La ajetreada mañana en Moncloa con un Consejo de Ministros debatiendo las medidas anticrisis por la guerra de Irán deja como resultado un real decreto dividido en dos, del que surge un texto completo en materia de vivienda, el foco de la discrepancia entre los grupos políticos. Desde este sábado, con la publicación del Boletín Oficial del Estado, entra en vigor el tope del 2% a la actualización de los precios de arrendamientos para los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y la prórroga de dos años de los contratos que terminan este 2026, que afecta a los más de 600.000 que se hicieron "a precios de pandemia".
Lejos del debate político en el que Sumar se ha negado a entrar a la sala hasta que se pusieran sobre la mesa medidas frente a la crisis habitacional, el sector advierte de "nuevas limitaciones al mercado del alquiler" que suponen "una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada". Así lo calificó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) junto a Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que alertaron de la "preocupante inseguridad jurídica", sobre todo porque aún tiene que ser aprobado en el Congreso, donde no cuenta con apoyo parlamentario suficiente para salir victorioso.
A pesar de la "buena intención", la dependencia de su convalidación parlamentaria, la falta de claridad sobre su aplicación (al dejar fuera a los alquileres temporales o de habitaciones) y las posibles discrepancias sobre contratos existentes pueden "agravar los desequilibrios existentes en el mercado generando más miedo y presión en el mercado", detalla José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI). Un patrón de incertidumbre que denuncian que se viene repitiendo desde hace seis años y provoca que el propietario decida retirar el inmueble del mercado de larga duración y optar por otras modalidades. "Las intervenciones excesivamente restrictivas tienden a retraer la oferta disponible, reduciendo las opciones para los inquilinos y afectando especialmente a los colectivos más vulnerables", recuerda Alfaro.
Con la pérdida de más viviendas en el alquiler residencial, las medidas pueden resultar "contraproducentes". El Ejecutivo incluye estas medidas en un paquete de carácter extraordinario para paliar los efectos del conflicto en Medio Oriente, específicamente por el aumento de los costes energéticos que podrían presionar la inflación, y por ende, los costes de construcción y el poder adquisitivo de los hogares. Esto, en un escenario de endurecimiento de crédito hipotecario, "podría enfriar la demanda más dependiente de financiación", apunta Alfaro, que tendría que recurrir al mercado del alquiler aumentando la presión en un contexto ya marcado por un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Esta pérdida de viviendas de alquiler residencial también resulta del control de precios, algo que el sector viene advirtiendo desde la declaración de zonas tensionadas, al desincentivar al propietario. Sin embargo, la Confederación de Sindicato de Inquilinas (CSI) plantea que para proteger a los hogares de la inflación, "es imprescindible una congelación real del precio del alquiler", es decir, situar el límite de las actualizaciones anuales de las rentas en el 0% y no en el 2% como plantea el decreto.
El decreto deja fuera una de las medidas que más debate ha generado en los partidos, el de la moratoria de desahucios, que Junts tumbó por dos veces y de la que el PNV eximió a los propietario de dos pisos. Con este se abre otro frente de inseguridad jurídica para los propietarios al denunciar que incentiva la ocupación ilegal. Sin embargo, el CSI denuncia que se deja fuera a los hogares vulnerables.