La Delegación de Educación asegura que Inspección supervisa el Plan de Convivencia y continuará asesorando al instituto veleño en este caso
Regala esta noticia Añádenos en Google Fachada principal del IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga. (E. CABEZAS) 04/07/2026 a las 00:33h.Un total de 78 de los casi cien docentes del claustro del IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga firmaron el pasado mes de febrero un ... escrito interno en el que alertaban del «deterioro de la convivencia» en el centro por la conducta de un reducido grupo de alumnos de 2º de ESO. Con el curso ya finalizado, el documento ha sido remitido a SUR por profesores del instituto.
un centro que cuenta con unos 800 estudiantes entre enseñanzas de diurno y vespertino.Las fuentes docentes aseguran a este periódico que la situación ha tenido consecuencias directas en parte del profesorado. «Muchos han estado de baja por ansiedad, con antidepresivos», relatan. También describen episodios de daños en vehículos de profesores, alumnos colocándose delante de coches para impedir la salida y comentarios vejatorios de contenido sexual dirigidos a profesoras.
El profesorado pide amparo a Inspección y medidas cautelares por conductas que asegura sufrir desde hace meses en el instituto
El escrito del claustro sostiene que los comportamientos contrarios a la convivencia se han incrementado en los últimos cursos en muchos centros, pero subraya que, en el caso del Reyes Católicos, la preocupación no tiene tanto que ver con el aumento como con la gravedad de las conductas. Los firmantes afirman que esta situación ha tenido un «notable reflejo» en el ánimo de buena parte de la comunidad educativa.
En el documento, los docentes reconocen que el equipo directivo tomó medidas desde el inicio del curso para intentar reconducir la situación. Entre ellas citan recursos restaurativos y educativos, la solicitud de un programa específico de atención socioeducativa, la creación de un equipo docente específico para un grupo reducido y la realización de formación por parte del profesorado para atender a alumnado «especialmente disruptivo».
«Un callejón sin salida»
Pese a esas actuaciones, el escrito advierte de que el centro habría llegado a un «callejón sin salida» con la expulsión del alumnado infractor como última medida, después de meses de intentos para evitar esa vía. Los docentes denuncian que, durante ese proceso, la convivencia se ha visto «seriamente afectada» y que las conductas se han extendido también a espacios comunes del instituto.
Los firmantes aseguran que el grupo señalado ha convertido «la obediencia a las normas en la excepción» y relatan episodios de violencia verbal, intimidación física, gritos, patadas al mobiliario y a las puertas, uso de teléfonos móviles u otros dispositivos prohibidos, además de otros incumplimientos de las normas de convivencia. Según el escrito, esos enfrentamientos han derivado en situaciones de «ansiedad y estrés» para el profesorado.
El documento plantea que el problema no afecta únicamente a los docentes, sino también a parte del alumnado y sus familias, que, según los firmantes, observan «con inquietud» cómo un grupo reducido de estudiantes altera la convivencia del centro. El profesorado insiste en que el derecho a la educación de estos alumnos no puede menoscabar el derecho del resto a recibir enseñanza en condiciones adecuadas ni el derecho de los docentes a desarrollar su trabajo.
Educación sostiene que Inspección supervisa el Plan de Convivencia y seguirá asesorando al centro veleño durante el proceso abierto
Una de las principales quejas del claustro se centra en la falta de mecanismos inmediatos ante conductas que consideran graves y flagrantes. Los docentes comparan la situación con otros espacios públicos donde una conducta violenta o intimidatoria puede provocar una intervención inmediata, mientras que en el ámbito educativo, sostienen, los procedimientos sancionadores se prolongan durante días o semanas.
Por ello, los firmantes piden a la Inspección educativa apoyo, empatía, amparo y herramientas de defensa para poder desempeñar su labor «en condiciones dignas». También solicitan que se permita establecer un protocolo de sanciones que incluya la salida inmediata y cautelar del centro del alumnado infractor «en los casos más evidentes, para evitar la sensación de impunidad».
Supervisión de la Inspección
Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo han explicado a SUR que la Inspección, dentro de sus funciones, ha ejercido la supervisión del cumplimiento del Plan de Convivencia aprobado por el centro. Según la Delegación, dicho plan establece medidas para garantizar un clima de entendimiento y respeto entre el alumnado y el conjunto de la comunidad educativa, así como mecanismos de prevención e intervención ante conductas contrarias a la convivencia.
Las mismas fuentes han recordado que las actuaciones para mejorar la convivencia incluyen medidas cautelares y procedimientos sancionadores que permiten determinar medidas correctoras. La Delegación subraya que el Plan de Convivencia es un documento básico, aprobado por el claustro y el consejo escolar de forma colegiada, cuyo cumplimiento corresponde a toda la comunidad educativa.
Educación añade que, sin menoscabo de las competencias atribuidas a la dirección del centro, el personal docente también tiene reconocida una corresponsabilidad general en esta materia. A raíz de los hechos puestos en conocimiento de la Inspección, la Delegación asegura que «continuará el asesoramiento, la supervisión y el control de las actuaciones que correspondan».
Fuentes del claustro del instituto veleño han explicado a SUR que al menos 40 de los docentes han pedido su traslado a otros destinos
Fuentes del claustro del instituto veleño han explicado a SUR que al menos 40 de los docentes han pedido su traslado a otros destinos. La Delegación no ha concretado cuántos docentes han pedido traslado del IES Reyes Católicos por estos hechos. Las fuentes consultadas recuerdan que el proceso de colocación de efectivos se desarrolló del 18 de junio al 1 de julio, y señalan que, sea por esta u otra causa, no se facilitan datos provisionales «porque las solicitudes son confidenciales». Tampoco se han facilitado datos sobre el número de alumnos expulsados en el curso ya finalizado desde la Delegación Territorial de Educación.
Por su parte, la directora del centro ha manifestado a SUR que tiene constancia de que se presentó un escrito firmado por docentes, aunque ha asegurado desconocer tanto el número de firmantes como el contenido del documento registrado el pasado mes de febrero. La responsable del instituto ha señalado además que, cuando se presentó dicho escrito, ella se encontraba de baja.
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