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Empresas del sector inmobiliario temen mayor caída de la oferta y alquileres aún más elevados. Sánchez pretende convalidar su política ultraintervencionista con una votación a la búlgara.
Los pormenores de los decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros han confirmado los peores temores de las empresas del sector inmobiliario y de los inversores. Ambos textos, tanto el impulsado por el PSOE como el promovido desde Sumar, imponen un corsé regulatorio sobre la inversión profesional en inmuebles y sobre los caseros con inquilinos cuyos contratos de arrendamiento expiren durante los próximos dos años. Aunque su ratificación parlamentaria está todavía en el aire debido a las dudas tanto de Junts –al considerar que deja desprotegidos a los pequeños propietarios– como de Podemos –pues reclaman una intervención aún mayor de los alquileres–, los efectos que pueden generar en el mercado inmobiliario son devastadores. Las asociaciones empresariales y representantes del sector consultados por EXPANSIÓN vaticinan una caída aún mayor de la oferta disponible para arrendar, con el consiguiente aumento de los costes de los alquileres a causa de la mayor escasez, así como una fuga de inversores.
Inseguridad jurídica
La evolución de la vivienda ya viene muy condicionada en los últimos meses por las medidas intervencionistas aprobadas previamente por el Gobierno y, sobre todo, por la inseguridad jurídica derivada de su falta de apoyos en las Cortes. Lo cual provocó que el pasado mes de abril decayese la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler después de sólo un mes en vigor, medida que ha sido rescatada con los decretos sobre vivienda de esta semana. En verano ya intentó el Ejecutivo rescatar esta propuesta exigida por Sumar, pero debió desistir ante la perspectiva de que volviese a recibir el rechazo de la mayoría del Congreso de los Diputados. Ahora, la polémica generada por el desahucio de una anciana en el centro de Madrid, instrumentalizado por la izquierda radical para reivindicar la intervención total del mercado de la vivienda, ha brindado a Pedro Sánchez la oportunidad de presionar a los partidos que votaron su investidura –Junts, ERC, Podemos, BNG y Bildu– para intentar de nuevo convalidar una regulación que prolongará la nociva situación de excepcionalidad en el mercado inmobiliario de nuestro país.
Vodevil regulatorio
Las prisas de Moncloa por instrumentalizar la indignación de una parte de la sociedad en beneficio de la coalición gubernamental han llevado al esperpento normativo de que sólo uno de los dos decretos anunciados por el Gobierno se publicase ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aumentando la incertidumbre sobre su redacción definitiva. Una situación inusual y sorprendente que se debido a que lo dispuesto en el segundo decreto, que contiene las medidas más radicales como la extensión indefinida de los contratos de alquiler a voluntad del inquilino, contradice lo establecido en el primero, y por eso los servicios jurídicos instaron a diferir su publicación al menos un día. Así que los diputados deberán votar un decreto que apenas estaría unos instantes en vigor en caso de que se apruebe el segundo texto a continuación. Una anomalía jurídica que fue denunciada por los grupos de la oposición como una burla intolerable a la función fiscalizadora de la labor del Ejecutivo que la Constitución atribuye al Poder Legislativo. Pedro Sánchez pretende convalidar sus medidas ultraintervencionistas para la vivienda mediante una votación a la búlgara.
Falsedades en el BOE
Para más inri, el Gobierno incluyó en el texto ya oficial del primer decreto sobre vivienda afirmaciones falsas y claramente sectarias para presentar a Maricarmen, la mujer desalojada del piso en que vivía tras no llegar a un acuerdo con el propietario sobre la subida de la renta ínfima que pagaba, como víctima de “una legislación machista y retrógrada de una dictadura”. También afirma que fue desalojada sin “una alternativa habitacional digna”, pero lo cierto es que rechazó dos plazas gratuitas en residencias públicas de mayores. ¿Quién puede respaldar esta regulación basada en falsedades y que se ha demostrado letal para la oferta de vivienda en alquiler y el coste de los arrendamientos allí donde se aplicado?
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