Alicante vendió suelo público para hacer viviendas sociales: una buena idea, excepto por quiénes se las han quedado

En la cotizada Playa de San Juan de Alicante se alza el residencial 'Les Naus'. No parece, a simple vista, el arquetipo de vivienda social destinada a las clases trabajadoras o desfavorecidas. Los que vivimos en Alicante sabemos que la urbanización cuenta con piscina, gimnasio, pistas de pádel-tenis y club social. Sin embargo, se trata de una promoción de Viviendas de Protección Pública (VPP) levantada sobre suelo público que el Ayuntamiento vendió para tal fin. La paradoja es evidente: uno de los objetivos de la vivienda protegida es evitar la especulación, pero aquí la realidad ha dibujado un escenario distinto, donde la "gente bien" ha encontrado una oportunidad de oro.  Lo que debía ser un alivio habitacional se ha convertido en el foco de un escándalo mayúsculo. Lejos de estar habitada por personas en riesgo de exclusión, la urbanización ha sido calificada como un "asalto de la gente bien" al mercado protegido, como explica el periodista Antonio Zardoya en su columna para Alicante Plaza. Entre los beneficiarios no solo hay ciudadanos anónimos, sino apellidos ilustres, sagas familiares completas y, lo más polémico, cargos políticos y técnicos vinculados a la administración que gestionó el suelo. Como bien expresa el periodista alicantino, se habla de una "urba para gente pija" donde, en lugar de herramientas de trabajo, se escuchan los golpes de las raquetas de pádel.  Los nombres propios del escándalo El detonante del terremoto político ha sido la revelación de la lista de adjudicatarios de estos 140 pisos. Al menos cuatro de estas viviendas han acabado en manos de personas directamente vinculadas al Ayuntamiento de Alicante. En concreto, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna y Contratación, María Pérez-Hickman; y el arquitecto municipal de Urbanismo, Francisco Nieto. Todos ellos adquirieron y escrituraron inmuebles en este residencial, como han señalado en El Información.  El escándalo ha provocado dimisiones inmediatas. Rocío Gómez, que se encontraba de baja por maternidad, ha renunciado a su acta de concejal para, según fuentes municipales recogido por los medios locales, permitir que la investigación "pueda seguir su curso sin interferencias". Gómez alega que se inscribió en la cooperativa en 2018, cinco años antes de entrar en política. Por su parte, la directora general María Pérez-Hickman también ha dimitido de su cargo de confianza, aunque regresará a su puesto de funcionaria como jefa del área de Contratación, precisamente el departamento donde se ejecutó la enajenación de la parcela sobre la que se construyó el edificio.  La última baja política se ha cobrado en el Consell. Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la consellera de Industria y Turismo, Marian Cano, ha presentado su dimisión tras revelarse que la madre de sus dos hijas posee uno de los pisos de la polémica promoción. Sánchez, que asegura estar divorciado desde hace dos años y no tener vinculación patrimonial con la vivienda, ha justificado su marcha para "proteger a su familia" y evitar que la situación se utilice para "generar ruido" sobre la acción del gobierno valenciano. Es la tercera dimisión confirmada por este caso. Pero la lista de vecinos "VIP" no termina ahí. Entre los residentes hay una notable coincidencia de apellidos: los López Godoy, los Arenas Lorente, los Sánchez Belmonte... Se ha detectado a hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa, agentes de la Policía Local, funcionarios de la Generalitat y familiares del propio administrador de la gestora, Francisco Ordiñana.  Además, la trama ha salpicado a la Generalitat. La Conselleria de Vivienda ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario de la dirección territorial que validó los expedientes. Este técnico, encargado de acreditar que los solicitantes cumplían los requisitos, visó favorablemente el expediente de su propia esposa —que resulta ser arquitecta del Ayuntamiento de Alicante— omitiendo datos relevantes de la unidad de convivencia para no superar los límites de renta. En Xataka La crisis de vivienda en España es tan grande que en Toledo los conventos han tenido una idea: convertirse en caseros El núcleo del problema reside en el precio y el acceso. Estas viviendas costaron a sus adjudicatarios entre 200.000 y 230.000 euros (garaje y trastero incluidos), mientras que una vivienda de obra nueva y características similares en el mercado libre de esa zona oscila entre los 350.000 y 450.000 euros. Es decir, gracias al suelo público, se han ahorrado casi la mitad del precio. La indignación social crece al conocerse las presuntas prácticas irregulares para acceder a estos pisos. Testimonios de interesados que intentaron comprar revelan que se les exigieron cantidades desorbitadas en dinero negro. Una mujer relata en El Información que la inmobiliaria le pidió "227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro". Es decir, 223.000 euros en "B". Otro interesado denuncia que le pidieron 180.000 euros extra en efectivo.  Además, se ha detectado el incumplimiento de la función social de la vivienda. Apenas entregadas las llaves, varios pisos aparecieron en portales como Idealista para alquilarse por 1.600 euros al mes, algo prohibido por la normativa, que obliga a destinar estas casas a residencia habitual. Compromís ha denunciado que hay propietarios que viven en el extranjero y que los pisos se ofertan como inmuebles "de lujo", lo que constituiría una especulación flagrante con un bien subvencionado.  El economista Gonzalo Bernardos ha sido tajante al respecto en televisión: "De vulnerable no tienes nada y de ingresos bajos tampoco". Critica que hijos de familias ricas accedan a VPO porque "no tienen ingresos propios", aunque tengan un gran patrimonio familiar detrás, y califica la situación de "tener mucha cara". Existe, además, un rastro documental previo que fue ignorado. Un informe del Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento, fechado en 2025, ya alertó de "posibles conflictos de interés" al constatar vínculos de parentesco entre adjudicatarios y empleados municipales que participaron en el expediente. El informe, recogido por ElDiario.es, advertía de que el "nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica". Sin embargo, estas alertas no tuvieron consecuencias en su momento.  El origen de la promoción La historia se remonta a julio de 2018, bajo el mandato del actual alcalde Luis Barcala (PP). El Ayuntamiento sacó a subasta esta parcela de 8.618 metros cuadrados en La Condomina para obtener liquidez y pagar una indemnización millonaria a Hansa Urbana. El precio de venta se fijó en 6,6 millones de euros.  El proceso fue tortuoso. El Ayuntamiento intentó anular el concurso inicial debido a problemas con las cláusulas de desempate, pero la cooperativa Residencial Les Naus llevó el caso a los tribunales. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio la razón a la cooperativa y obligó al consistorio a adjudicarles el suelo, proceso que se culminó en 2022. Aquí radica una de las claves que utiliza el gobierno municipal para defenderse: argumentan que ellos "se limitan a vender el suelo a un precio tasado" y que "no tienen competencias" en la adjudicación de los pisos. Según el vicealcalde Manuel Villar, es la cooperativa privada la que elige a los socios "y no hay norma que establezca un control municipal".  La gestora de la cooperativa, la empresa Fraorgi, insiste en que se trata de una "promoción de VPP privada" y no pública, y defiende que la adjudicación se hizo respetando el orden de inscripción de los socios. Aseguran que la demanda era tal que "nos daba para llenar esta y diez promociones más", y que completaron las listas con una bolsa de espera de 2.000 personas. Sin embargo, admiten que avisaron a gente que tenía "interés previo" desde 2018.  El escándalo ha desatado una guerra política y judicial en múltiples frentes. Por el lado, el propio Ayuntamiento de Alicante ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue si algún funcionario cometió irregularidades, aunque su investigación interna —realizada por el secretario municipal— exime a los cargos políticos (la exedil Gómez) y técnicos de haber influido en el proceso, alegando que "no participaron en decisiones respecto al procedimiento".  El PSOE ha ido más allá y ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la presunta comisión de hasta cinco delitos: prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración. Denuncian una "trama" para beneficiar a afines al PP. Por su parte, Compromís ha calificado los hechos de "trama criminal organizada" y ha exigido una comisión de investigación en Les Corts.  Por otro lado, la Generalitat Valenciana, presidida actualmente por Juanfran Pérez Llorca, ha ordenado revisar "uno a uno" los expedientes de los 140 adjudicatarios. Aunque inicialmente el President aseguró que los técnicos le habían certificado que "todas las personas cumplían los requisitos", la segunda revisión destapó el caso del funcionario que benefició a su esposa. La consellera Susana Camarero ha prometido llegar "hasta el final, caiga quien caiga" y ha calificado al funcionario suspendido de "oveja negra".  El contexto legal que favorece el "pelotazo" Las consecuencias ya se están notando en el sector. La empresa gestora, Fraorgi, ha anunciado que renuncia a participar en el 'Plan Vive' de la Generalitat para construir vivienda pública. Su administrador, Francisco Ordiñana, asegura estar "hundido" por el daño reputacional y ha declarado: "Que se monten una cooperativa los políticos y la adjudiquen a quien quieran".  A nivel administrativo, la Generalitat va a endurecer los controles. Se cambiará el sistema de visados para que no dependa de un solo funcionario; en su lugar, se implementará una "mesa de verificación" o un órgano colegiado para evitar fraudes internos como el detectado.  Sobre los adjudicatarios actuales, la ley contempla sanciones de hasta 30.000 euros para infracciones muy graves, como falsear condiciones económicas o no destinar el piso a vivienda habitual. Si se demuestran las irregularidades, la Generalitat podría ejercer el derecho de tanteo y retracto para recuperar las viviendas.  Es crucial entender el marco legislativo que envuelve este caso y que sienta las bases para futuras especulaciones. Un cambio reciente en la normativa valenciana ha facilitado que este tipo de operaciones sean más atractivas para rentas altas. El gobierno anterior, presidido por Carlos Mazón, aprobó en diciembre de 2024 un decreto que elimina la protección permanente de las viviendas. Mientras que con el gobierno del Botànic la protección era indefinida, la nueva norma establece un plazo máximo de protección de entre 15 y 30 años para la promoción privada. Esto significa que, pasado ese tiempo, los propietarios podrán vender estos pisos a precio libre de mercado, consumando la revalorización. Además, este mismo decreto elevó el límite de renta para acceder a las ayudas. Ahora, unidades familiares con ingresos de hasta 66.000 euros anuales pueden optar a una vivienda protegida (antes el límite era más bajo), lo que abre la puerta a perfiles con "sueldazos" o cargos directivos, desplazando a las rentas más bajas.  Mientras 5.400 familias esperan en la lista de demandantes de vivienda pública en Alicante, la urbanización de Les Naus se erige como un símbolo de un sistema que parece haber fallado en su misión más básica.  La sensación de impunidad y cinismo queda resumida en la respuesta que recibió aquella ciudadana que, al intentar comprar uno de estos pisos protegidos, se negó a pagar los 223.000 euros en dinero negro que le exigían. Al cuestionar la legalidad de la operación, la respuesta de la inmobiliaria fue lapidaria: "¿Sabes dónde vivimos? Esto es España".  Imagen | Zarateman Xataka | Teléfono 047: cómo funciona y para qué sirve este número de preguntas sobre vivienda - La noticia Alicante vendió suelo público para hacer viviendas sociales: una buena idea, excepto por quiénes se las han quedado fue publicada originalmente en Xataka por Alba Otero .