Hazte Oír utiliza el varapalo del alto tribunal al voto en el extranjero para exigir que se sume un nuevo delito, el de usurpación de atribuciones, a la causa contra la exdirectora general
Regala esta noticia Añádenos en Google El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán. (Efe)Almudena Santos y Melchor Sáiz-Pardo
10/09/2026 Actualizado a las 17:55h.La organización Hazte Oír ha presentado en el Juzgado de Instrucción n.º 35 de Madrid una ampliación de su querella contra la exdirectora general ... Sofía Puente por la conocida como ley de nietos. Lo hace después de que el alto tribunal paralizase hace unos días y suspendiese el registro en el censo electoral de aquellos beneficiarios de la instrucción dictada por la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la aprobación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática.
En este escrito de segunda ampliación de la querella, Hazte Oír reitera los hechos pero suma la acusación por un delito de usurpación de atribuciones. La organización considera que la antigua alto cargo ejerció competencias normativas que correspondían de forma exclusiva al legislador.
El detonante de este nuevo paso judicial es el auto emitido la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con el que se acordó la suspensión cautelar de los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para quienes obtuvieron la nacionalidad amparados exclusivamente en los criterios de la Instrucción de 25 de octubre de 2022. A través de esta resolución, en la que el alto tribunal ve «un peligro fundado, real y serio» para la «objetividad» de las próximas elecciones en el voto de los nacionalizados a través de la ley de nietos, los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo ordenaron tanto a la Junta Electoral Central (JEC) como a la Oficina del Censo Electoral desglosar y separar en dos bloques los expedientes aprobados: por un lado, aquellos que aplican directamente los supuestos de exilio exigidos por la ley y, por otro, los tramitados bajo la presunción e interpretación expansiva introducidas por la instrucción administrativa de Sofía Puente.
A juicio de Hazte Oír, este mandato judicial evidencia que la norma dictada desde la Dirección General alteró los requisitos legales y permitirá cuantificar con exactitud el impacto sobre el censo electoral.
Citar a testigos
Hazte Oír ha solicitado al juez instructor la práctica de siete nuevas diligencias de investigación. Entre ellas destaca la citación en calidad de testigos de María Ester Pérez Jerez —sucesora de Sofía Puente y firmante de la reforma aprobada en noviembre de 2024— y de Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Estas declaraciones se suman a la petición previa para recabar el testimonio del ministro Félix Bolaños sobre la trazabilidad de los expedientes. Asimismo, la acusación exige requerir a la Administración los datos desagregados del censo por país y consulado, así como congelar y preservar los registros informáticos para evitar la alteración o pérdida de las fuentes de prueba durante el recuento ordenado por el Supremo.
El escrito de ampliación incorpora además el voto particular de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 16 de julio. En él se dejó constancia de que la "gran mayoría" de sus vocales —magistrados del Supremo y catedráticos— coincidieron durante las deliberaciones en que la instrucción de Sofía Puente contiene disposiciones "contrarias a la propia Ley" y que es la causa directa del incremento desmedido de votantes, aunque la JEC se declaró incompetente para anularla. A esto se suma la denuncia sobre cómo una segunda instrucción firmada en noviembre de 2024 permitió seguir entregando solicitudes fuera del plazo legal que vencía en octubre de 2025. Según la querella, esta maniobra perpetúa el impacto en el censo, que a julio de 2026 ya alcanza un récord histórico de 2.736.522 inscritos en el CERA (+17,3% desde las generales de 2023).
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