Un juzgado de Andorra ha descartado que el teniente coronel de Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo fabricara datos falsos y se los facilitara a las autoridades de Estados Unidos en el curso de las actuaciones contra el banco andorrano BPA.
El juzgado de Instrucción Especializada 2 de Andorra ha desestimado así, según ha podido saber EL MUNDO, la querella del denominado Instituto de los Derechos Humanos del país pirenaico contra el teniente coronel, que facilitó datos sobre la Banca Privada D'Andorra al FinCEN (apócope de Financial Crimes Enforcement Network, Red de Control de Delitos Financieros en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que apuntó a la entidad por blanqueo de capitales, lo que precipitó su caída.
El mencionado instituto se querelló también contra Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, el ex DAO de la Policía Eugenio Pino, el ex ministro Jorge Fernández Díaz y varios policías más por supuestamente montar una 'Operación Cataluña' contra el separatismo catalán, y había solicitado la ampliación de dicha querella contra Sánchez Portillo por un supuesto delito de falsedad documental.
La juez dice ahora que no hay siquiera indicios de dicho delito, e incluso, en auto al que ha tenido acceso EL MUNDO, señala que dichas pruebas indiciarias sólo existen "en los argumentos de los querellantes", que señalaban en la petición de ampliación que la información facilitada por Sánchez Portillo a Estados Unidos era "sesgada, manipulada y falsa".
Sánchez Portillo, que ahora se desempeña desde hace algunos años en el sector privado, consiguió la información que luego facilitó a las autoridades estadounidenses en la denominada 'Operación Clotilde', que se desarrolló en 2013 y tuvo como principal objetivo la trama presuntamente dirigida por el ruso Andrei Petrov, quien habría lavado fondos rusos de procedencia opaca en Lloret de Mar (Girona).
El expediente del FinCEN contra BPA culminó el 10 de marzo de 2015 con la intervención de BPA y su filial Banco Madrid. La familia Cierco, dueña de BPA, denunció que en realidad Rajoy, los ex ministros Montoro y Fernández Díaz y el resto de señalados en realidad buscaban, al atacar a la entidad, información sobre fondos evadidos por los Pujol. Actualmente, el ex 'president' de la Generalitat y sus hijos permanecen a la espera de sentencia por falsedad documental, blanqueo y una ristra más de delitos económicos.
Sánchez Portillo, que entró a formar parte del Estado Mayor de la Guardia Civil en enero de 2023, aparece también como objetivo en las agendas de la fontanera socialista Leire Díez, quien según el sumario del 'Caso Cloacas' pretendía "desmontar la Guardia Civil" atacando tanto a Antonio Balas, el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), como a Sánchez Portillo, entre otros.