Sin prisa, pero sin pausa. Así transcurre la investigación por el presunto amaño de grandes obras públicas desde el Ministerio de Transportes durante la época en la que estuvo dirigido por el ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
A los ojos de la Fiscalía Anticorrupción, el informe aportado la semana pasada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional -ahora llamado sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 2- ha reforzado los indicios sobre las irregularidades en la adjudicación de obras públicas en el seno del Gobierno.
El citado informe fue redactado por la unidad de la IGAE adscrita a Anticorrupción y es fruto de un minucioso análisis realizado durante meses por los peritos de Hacienda sobre 11 contratos -cinco correspondientes a Adif y seis a la Dirección General de Carreteras-.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO ponen el foco en el hecho de que la IGAE haya detectado sospechosas modificaciones al alza de contratos iniciales en algunos casos. Modificaciones que rozaban el 20 por ciento de incremento del presupuesto -pero que evitaba llegar al mismo-; circunstancia que permitía eludir controles más férreos. El análisis de la IGAE también pone de relieve cómo se inflaron los precios de determinados materiales y cómo, gracias a valoraciones subjetivas realizadas, se adjudicaron de antemano las obras investigadas.
En la actualidad, en esta pieza separada se encuentran imputados junto a Ábalos y su ex asesor Koldo, el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el ex director general del Carreteras Javier Herrero y varios ex directivos de Acciona (ex director de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini, a uno de los directivos de la compañía, Manuel José García Alconchel, director de Zona Sur y África de Acciona Construcción, así como al responsable de la Zona Norte de Acciona, Tomás Olarte Sanz), entre otras personas.
Por su parte, el documento de la IGAE refuerza las sospechas que, desde un primer momento, tuvo el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, cuando esta causa se instruía en el Tribunal Supremo; es decir, que las mordidas que presuntamente cobraron Ábalos, Koldo y Cerdán por la adjudicación de obras públicas se llevaron a cabo gracias a los modificados de los contratos (circunstancia habitual en la corrupción moderna).
Fuentes fiscales indican que el informe de la IGAE, junto con los audios incautados a Koldo García en los que los cabecillas de la trama corrupta se repartían las comisiones, abona la tesis de los amaños de obras públicas, siendo la multinacional Acciona una de las grandes beneficiadas.
Por otro lado, Anticorrupción y el juez Ismael Moreno están en estos momentos a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue el atestado analizando el material incautado en las entradas y registros en las oficinas de Acciona en Madrid y Bilbao el pasado mes de noviembre. En el punto de mira, desde hace meses, está la imputación de la compañía como persona jurídica (circunstancia que se presume altamente probable, según han informado fuentes de la investigación a este periódico).
En tanto, el juzgado de Moreno va a ser reforzado con un juez de apoyo. Se trata de Javier Ángel Fernández Gallardo, hasta ahora apoyo del magistrado instructor José Luis Calama. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional consideró días atrás «absolutamente justificado» que se reforzara este juzgado, ya que su titular en la actualidad investiga, además de la causa de los presuntos amaños de obra pública, el procedimiento abierto por los pagos en efectivo en la sede del PSOE y la trama de las mascarillas en pandemia -excepto respecto de los investigados que va a juzgar a partir del 7 de abril la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-.
Fernández Gallardo tiene amplia experiencia en casos de corrupción de gran calado político. No en vano, ejerciendo de secretario judicial del juez Pablo Ruz, instructor de la caja B del PP, fue la persona que irrumpió en Génova 13 con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Judicial en busca de documentos sobre las obras de su sede.
Próximamente, este mismo magistrado ayudará al juez Ismael Moreno a investigar si el PSOE se financió de manera irregular o no.