El Gobierno de Aragón, "bajo los máximos criterios de responsabilidad pública", ha tomado la decisión de rechazar cualquier petición de declaración de zonas tensionadas en toda la Comunidad Autónoma. Así, el Ejecutivo regional liderado por Jorge Azcón no aplicará una de las medidas principales recogidas en la ley aprobada por el Ejecutivo central. Esto ocurre a pesar de haber aceptado, junto al resto de autonomías, el reparto de fondos fijado en el Plan Estatal de Vivienda marcado entre 2026 y 2030.
La decisión, según ha detallado el consejero del ramo, Octavio López, está amparada por una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 21 de mayo de 2024, en la que ratificaba que la aplicación de esta medida era "voluntaria" al ser la vivienda un ámbito en el que las competencias son puramente autonómicas. "Decidir no aplicar esta medida no es incumplir la ley, es precisamente ejercer nuestra soberanía y nuestra competencia legítima", ha declarado. Por tanto, Aragón no tomará en consideración las reclamaciones oficiales que los municipios puedan realizar a este respecto, como hizo Canfrac hace varios meses o se planteaban hacer Biescas o Aínsa, pueblos todos ellos ubicados en el Pirineo aragonés, donde el problema en el acceso a la vivienda es galopante.
López ha basado esta determinación en que "intervenir y limitar de forma artificial los alquileres de inmuebles privados es un intento de trasladar a los ciudadanos particulares una carga y una responsabilidad que nos corresponde asumir a los poderes públicos". Además, considera que el efecto de la aplicación de la medida se traduce en que "reduce la oferta y eleva los precios de mercado". "Los efectos han sido exactamente los contrarios de los deseados", ha sentenciado.
De este modo, para fundamentar su opinión, el consejero ha enumerado las consecuencias de la declaración de las zonas tensionadas y el control en los precios del alquiler en aquellas comunidades, especialmente en Cataluña, donde se está aplicando: "Primero, ha provocado una reducción de la oferta segura, con un desplome en los contratos de alquiler residencial ordinario; segundo, los precios no han bajado y siguen mostrando una tendencia al alza; tercero, se ha producido una fuga masiva hacia otros mercados, porque los propietarios retiran sus viviendas del alquiler tradicional y las desvían al alquiler por habitaciones de temporada o al uso turístico; cuarto, el mercado que queda pierde calidad; quinto, se produce el efecto frontera que asfixia a los municipios regulados y traslada la demanda a los municipios vecinos no restringidos, encareciendo artificialmente los precios de sus viviendas".
Así, como alternativa, el Gobierno de Aragón plantea un "incremento de la oferta", lo que considera que es "la verdadera solución, tal y cómo lo avalan el Gobierno de España y el Plan Europeo de Vivienda Asequible". "El problema habitacional se resuelve construyendo más viviendas, no interviniendo el mercado privado", ha señalado López para sacar pecho de la ampliación del parque regional activada por el Ejecutivo, que ha puesto en marcha 3.000 viviendas desde 2023 y tiene por objetivo impulsar otras 7.000 en los próximos siete años.
Pese a este hecho, el rechazo a la ley estatal por parte del Gobierno regional no es total y, ha reconocido López, "no tenemos problema en recurrir a ella cuando hay instrumentos que son útiles para bajar los precios o poner más vivienda en el mercado". En ese sentido, solicitarán concertar un encuentro con la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, "en la mayor brevedad posible" para "suscribir el convenio de 266 millones de euros y ver cómo integramos nuestros planteamientos en el Plan Estatal".