Ampliar
Así es el protocolo cuando hay una alerta por acoso escolar en AndalucíaEsta norma de convivencia, regulada en la Orden de 20 de junio de 2011, prevé hasta doce pasos para evitar que, en caso de «maltrato psicológico, verbal o físico» a un alumno por parte de uno o más compañeros, esa conducta quede impune
Lunes, 23 de febrero 2026, 14:30
se quitó la vida en su domicilio en Benalmádena, ha reabierto ... el debate sobre los protocolos de acoso escolar: en qué consisten, si se aplican a tiempo, si actúan en casos de ciberacoso y si son realmente efectivos.Noticia relacionada
Solo en los cinco meses que llevamos de curso, la delegación provincial de Educación de la Junta de Andalucía ya ha abierto 733 protocolos de acoso en Málaga, lo que representa casi un 30% más que todos los registrados en el anterior, cuando se contabilizaron 574. En el mismo no solo se define qué se entiende por acoso escolar y sus indicadores (razón de sexo u origen, si se produce en el interior de las aulas o en los pasillos, si son insultos o amenazas...). También recoge la necesidad de mantener la confidencialidad de los datos de los implicados y establece las fases desde la apertura del procedimiento hasta su conclusión.«Cualquier miembro de la comunidad educativa está obligado a comunicar un caso de acoso cuando tenga conocimiento o sospeche de que puede haberlo»
Éstas se inician con la identificación y comunicación de la situación, es decir, cuando «cualquier miembro» de la comunidad educativa tiene «conocimiento o sospechas» de un caso de acoso está «obligado» a comunicarlo a un docente del centro, al tutor, al orientador o al equipo directivo. «En cualquier caso, quien posea la información siempre debe poner los hechos en conocimiento de la dirección del centro», subraya Educación.
A continuación y siendo ya conocedores, el equipo directivo debe reunirse con el tutor del alumno afectado y los orientadores del centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. Esta reunión debe registrarse por escrito, especificando la información recogida y las actuaciones acordadas. Y lo más importante, en caso de que se estime que puede ser acoso escolar, hay que informar del inicio del protocolo de actuación al servicio de Inspección de Educación.
En un tercer paso y siempre que se considere necesario, están contempladas una serie de medidas de urgencia para garantizar, por un lado, la «inmediata seguridad» del menor acosado, así como otras más específicas de apoyo y ayuda, y por otro, medidas cautelares dirigidas al acosador.
Información a las familias
Llegados a este punto, el protocolo prevé que se informe a las familias o responsables legales del alumno, de forma que el tutor o los orientadores del centro educativo, «previo conocimiento del equipo directivo», les trasladen cómo está la situación, «siempre con la debida cautela y mediante entrevista», y aportando información sobre la misma y sobre las medidas adoptadas.
Ya en el paso cinco, se dispone la posibilidad de hacer extensivo el caso a todo el equipo docente del alumno, incluso si se estima oportuno al resto del personal del centro y otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales), siempre con el compromiso de la direcciónde preservar la confidencialidad y proteger la intimidad de los menores afectados y de sus familias.
Posteriomente, este marco de convivencia considera necesario la recogida de información de distintas fuentes: documentación existente del afectado; observación en espacios comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares, y aportación que hagan tutores y orientadores de todo lo observado y tras haber contrastado opiniones con otros compañeros, haber hablado con el alumno y haber entrevistado a las familias. «Si se estima conveniente, se puede completar la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes».
«La actuación debe ser inmediata, evitando duplicidades en la intervención y dilaciones innecesarias»
Con todo ello y contrastada la información aportada por las distintas fuentes, la dirección del centro elaborará un informe, garantizando la protección de los menores y de su intimidad y la de sus familias y responsables legales. Además, la actuación «debe ser inmediata, evitando duplicidades en la intervención y dilaciones innecesarias», a la vez que generando un clima de confianza con los menores.
Con toda la información sobre la mesa, la dirección «procederá a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado», a partir de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y siempre de acuerdo con lo establecido en los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, que establecen los reglamentos orgánicos de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Estas medidas disciplinarias se registrarán siempre en la plataforma Séneca, según lo establecido en el artículo 12.1 de la Orden de 20 de junio de 2011.
En el octavo paso, la dirección del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de toda la información y las medidas disciplinarias aplicadas a la comisión de convivencia del centro.
Y de ahí, a la inspección educativa, con independencia de que al inicio del protocolo se la hiciera conocedora de los hechos.
A estas alturas ya del proceso (paso 10), el equipo directivo, asesorado por el departamento de orientación, tiene que definir qué hacer en cada caso concreto de acoso escolar. Y si fuera necesario, también podrá orientarle el Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y por la Inspección educativa.
El objetivo es que tales medidas, tanto las que se lleven a cabo en el centro y en el aula, como las que se apliquen al alumnado en conflicto, será garantizar el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de las personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado. «Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia». La dirección es responsable de que así sea y está obligada a informa periódicamente de su grado de cumplimiento y de la situación que atraviesa el alumnado implicado a la comisión de convivencia, a las familias y al inspector de referencia.
De manera orientativa, algunas de las medidas y actuaciones que recoge, de forma textual, la Orden de 20 de junio de 2011 son las siguientes:
-Actuaciones con la persona acosada: medidas de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
-Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
-Actuaciones con los compañeros observadores pasivos: actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.
-Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.
-Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica.
Fase final del protocolo
En la fase final del proceso, se informará a las familias de los alumnos implicados en el caso de las decisiones adoptadas a nivel individual, como a nivel organizativo y preventivo propuestas bien para el grupo, el nivel y el centro educativo. «En todo momento se debe mantener una confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso», insiste el protocolo.
Ya por último, desde la inspección educativa de referencia se hará un seguimiento de todas las actuaciones acordadas y aplicadas, así de la situación escolar del alumnado implicado.
Medidas «de mayor calado» si el centro educativo no abre el protocolo
En el marco del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, 'Andalucía frente al Acoso', que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba a finales del pasado mes de enero, la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, se comprometió a impulsar las propuestas consideradas claves para establecer un nuevo marco que permita erradicar el acoso y el ciberacoso, y que tienen que ver con establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales para los niños y adolescentes, como ocurre ya en países como Australia, y la apertura de un debate jurídico acerca de la posible tipificación del acoso escolar como delito.
En el ámbito educativo, la consejera adelantó una medida de refuerzo de las alertas en los protocolos, de tal forma que las denuncias por parte de las familias o miembros de la comunidad educativa sean comunicadas ya en el primer paso a la inspección educativa, con el objetivo de reforzar el asesoramiento y seguimiento de cada caso, con independencia de que la situación de conflicto se solucione con las actuaciones en el ámbito escolar con la colaboración de las familias.
Igualmente, la Consejería mostrado su disposición a estudiar una modificación reglamentaria para que la consecuencia para el acosador sea el cambio de centro por norma, con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de la víctima y la mejora de la convivencia escolar.
Ha incidido en que «se ha puesto de manifiesto que la tecnología, en sí misma, no es un problema, que los centros educativos son probablemente el entorno más seguro y supervisado que existe y que los retos no se limitan sólo al sistema educativo, sino al conjunto de la sociedad. Aún así, la respuesta educativa tiene que seguir reforzándose. «Nos comprometemos a agilizar los protocolos para que la inspección educativa entre a supervisar los casos de acoso y de autolesiones en el momento en el que se denuncian, acortando el procedimiento», ha dicho.
También es fundamental «garantizar un entorno seguro para las víctimas una vez ya se ha producido el acoso. Desde los centros se llevan a cabo muchas medidas, involucrando a las familias, mediar, acompañar desde los servicios de orientación y bienestar y en la mayoría de los casos las acciones de los acosadores cesan y se restaura la convivencia. Pero es verdad que a veces los comportamientos se repiten y los acosadores reinciden. Por ello, también vamos a estudiar endurecer las consecuencias para los acosadores con el cambio de centro. Tenemos el deber de garantizar más y mejor la protección de la víctima».
Igualmente, la consejera avanzó que hay que tomar medidas «de mayor calado» cuando ante una situación de acoso el centro educativo no abra el protocolo, que «es garantía de seguridad, control, supervisión, de atención psicopedagógica y de acceso a recursos sanitarios».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
Iniciar sesión Más información¿Tienes una suscripción? Inicia sesión