Entre 500.000 y un millón de inmigrantes que permanecen en España de forma irregular podrán presentar su solicitud para legalizar su situación administrativa a partir de mañana. Así lo establece el Real Decreto por el que se aprueba la regularización extraordinaria, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma, además de introducir dos figuras excepcionales que podrán solicitarse hasta el 30 de junio de 2026 por solicitantes de protección internacional o personas en situación irregular, introduce una serie de cambios en el Reglamento de Extranjería. Las solicitudes telemáticas podrán presentarse a partir de este jueves 16 de abril, así como la reserva de cita previa, imprescindible para la presentación presencial de las solicitudes, disponible desde el próximo lunes 20.
Una de las novedades más relevantes es la habilitación provisional para trabajar y residir para los nuevos tipos de arraigo, así como el arraigo sociolaboral, desde la comunicación del inicio del trámite. Esto se incorpora "a efectos de facilitar el inicio de la relación laboral y que la dilación que pudiera existir hasta la resolución del procedimiento no afecte al mantenimiento de la oferta de trabajo".
En esta línea, el decreto también flexibiliza las prórrogas y modificaciones de autorizaciones anteriores. Por ejemplo, para modificar un permiso concedido por arraigo ya no será necesario acreditar la búsqueda activa de trabajo si existen "circunstancias justificadas que impidan el acceso al empleo" como "enfermedad o discapacidad o haber alcanzado la edad legal de jubilación".
A los estudiantes extranjeros se les prorrogará la validez de su permiso para evitar vacíos legales, siempre que soliciten la misma en un periodo de cinco meses: dos antes de que caduque la autorización y tres después de que lo haga.
Los titulares de una autorización de protección internacional por razones humanitarias serán habilitados para acceder al régimen general de modificación de autorizaciones, lo que, a priori, significa que podrán cambiar su situación administrativa a otro tipo de residencia de forma más sencilla si cumplen los requisitos. Esta última modificación cobra especial importancia después de que el Gobierno admitiera el cese de las concesiones de protección temporal por razones humanitarias a los ciudadanos que provienen de Venezuela.
El apoyo institucional y la facilitación administrativa vertebtran el texto, teniendo en cuenta la "urgencia" con la que le Gobierno busca ejecutar este proceso extraordinario. A estos efectos, y para agilizar la tramitación de las solicitudes previstas, el decreto habilita a la red de oficinas de Correos para "informar, ayudar y gestionar" la presentación telemática de las solicitudes. Esta labor incluye la presentación telemática de las solicitudes de autorización y, en su caso, la documentación adicional o correcciones necesarias. Por otra parte, funcionarios de Tragsa y Tragsatec labores de apoyo técnico y canalización documental.