El PP votará «no» este viernes a los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros esta misma semana. Y lo hará por dos motivos. El primero, porque cree que son dos «chapuzas» y que generan una enorme inseguridad jurídica. El segundo, porque no comparte la inmensa mayoría de las medidas que contienen. El PP, principal partido de la oposición, tiene un programa alternativo para paliar la crisis residencial, que pasa por liberar el máximo posible de suelo para construir pisos tanto privados como públicos.
El plan de Alberto Núñez Feijóo pasa por impulsar la edificación de un millón de viviendas en cuatro años, como ha venido asegurando el presidente de los populares en los últimos años. Pero el PP elevó ayer su compromiso a tres millones de viviendas en 14 años, hasta 2040. Así lo aseguraron fuentes de Génova. Y una parte «importante» serían viviendas sociales de precio tasado.
El vicesecretario de Hacienda y Vivienda del PP, Juan Bravo, lo resumió así: «Hay que construir vivienda, hay que simplificar y reducir trámites, hay que aprobar una ley antiokupas» y hay que aprobar incentivos fiscales y ayudas directas para facilitar a las familias el acceso.
El PP apuesta por que las administraciones cubran el aval del 20% de las hipotecas, por una bonificación del IRPF durante cuatro años para los jóvenes que ahorren para una vivienda, por bajar el IVA de la vivienda al 4% y por seguir reduciendo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Además, quiere poner en marcha una «hucha joven» para el ahorro inmobiliario, porque actualmente la edad media de compra de vivienda es de 41,8 años.
En cuanto al urbanismo, el principal partido de la oposición aboga por establecer el «silencio positivo» para los trámites del suelo, de manera que se pueda construir en 18 meses, y no en ocho años. Y que eso abarate los precios, para «pagar 30% de lo que ganas como máximo». En el alquiler, incide en la necesidad de deducciones para quienes arrienden a bajo precio.
Fuentes populares dirigieron además un aviso a Junts y PNV ante la votación de este viernes, y los emplazaron a valorar las consecuencias de respaldar dos decretos que, según el PP, profundizan en las políticas que han contribuido a reducir la oferta y tensionar el mercado de la vivienda.
De hecho, el principal partido de la oposición augura un aluvión de pleitos por la «chapuza» de los dos decretos, y un fuerte repunte de la okupación y la «inquiokupación», como dijo el propio Bravo en declaraciones a los medios.
En la dirección nacional de Génova calculan que miles de caseros y de inquilinos pueden judicializar los efectos de ambos decretos. ¿Por qué? Porque el segundo de ellos -el de la prórroga automática de los alquileres- corrige y deroga una parte importante del primero de ellos -que frena los desahucios, amplía la duración de los arrendamientos e incentiva a los caseros-.
Y eso ha provocado no solo que disminuya la oferta de arrendamientos, según los populares, sino que miles de inquilinos se lancen a intentar blindar sus alquileres en las horas en las que el segundo de los decretos estará vigente (desde las 00.00 horas del viernes hasta que lo derogue, previsiblemente, el Congreso).
A juicio de la dirección de Génova, se va a generar un aluvión de pleitos, porque durante horas va a haber dos normas en vigor. «Más lío» y más «chapuza del Gobierno», critican. Y eso no sólo va a bajar la oferta de alquiler (ya hay 4.000 pisos menos en los portales, en sólo 24 horas, aseguran), sino que también va a haber un gran aumento de la litigiosidad.
El PP cree que la idea soterrada de Pedro Sánchez es polarizar, de manera que el PSOE aparezca como el partido de los inquilinos y el PP, el de los propietarios.