- IRATXE BERNAL
PNV y PSE pactan los mínimoscon los que las tres diputaciones forales podrán establecer sus respectivos incentivos para captar mano de obra especializada y garantizar el arraigo empresarial.
Las diputaciones vascas se disponen a entrar en la puja fiscal por atraer talento e incentivar el arraigo empresarial, aunque para ello tengan que negociar con propios y extraños. Con unos, para evitar el pique entre los tres territorios históricos, cada cual con su Hacienda y capacidad para establecer su propia legislación tributaria, pero todos gobernados en coalición por dos socios, PNV y PSE, que sin apenas echar a andar ninguna de las futuras reformas ya han evidenciado sus discrepancias sobre las medidas que quieren tomar. Y con los otros porque, esa coalición por sí sola únicamente suma la mayoría suficiente para sacar adelante una norma foral en las Juntas Generales de Vizcaya. En Guipúzcoa y Álava hay que buscar alianzas con EH Bildu, PP o Elkarrekin Podemos, una negociación que todos harán con la vista totalmente puesta en las elecciones forales y municipales de mayo.
Vayamos unos meses atrás, hasta junio. La diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe, y su responsable de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, ambas del PNV, presentan ante la prensa un anteproyecto de norma foral con una batería de propuestas para "poner la fiscalidad al servicio de los retos de la sociedad". Entre estos "retos" destacan la necesidad de facilitar el relevo generacional, de mejorar la capacidad de las empresas para captar mano de obra cualificada proveniente de otras regiones o países y de fortalecer los vínculos de los trabajadores con las compañías.
Con estas reformas, la Diputación pretende atender a una vieja pero cada vez más apremiante reclamación del tejido empresarial, que viene exigiendo un uso "más intensivo" del Concierto Económico -y la capacidad normativa que este otorga en materia tributaria- para imprimir un mayor dinamismo a la economía de la comunidad autónoma.
Así, la respuesta de Etxanobe y Berrojalbiz plantea, por ejemplo, reducir en un 30% las plusvalías generadas por transmisiones onerosas de negocios siempre que el titular se preocupe por que el nuevo propietario mantenga la actividad en el territorio durante al menos cinco años; la subida del 30% al 50% (el 60% si se trata de menores de 36 años) de la deducción aplicable a los rendimientos derivados de la actividad profesional para los trabajadores universitarios o con un título de FP Superior impatriados o retornados; el cambio de tributación de los bonos por antigüedad o productividad, que dejarían de integrarse en la base general para pasar a la del ahorro, lo que supone pasar de unos tipos que oscilan entre el 23% y el 49% a otros que van del 20% al 25%; o la exención impositiva hasta 12.000 euros a la entrega de acciones o participaciones por parte de las sociedades a sus empleados.
Acceso a la vivienda
Además, asumiendo que el acceso a la vivienda es un handicap para que las empresas puedan buscar a sus candidatos más idóneos fuera del territorio, se crea una deducción del 15% hasta 750 euros por contribuyente y año orientada a animar a los vizcaínos a destinar sus ahorros a fondos dedicados a la promoción de vivienda social "rotativa" para, entre otros colectivos, los jóvenes profesionales y los trabajadores impatriados.
El anuncio no sólo genera de inmediato las previsibles críticas de la oposición. También creó tensiones en la coalición del propio Gobierno foral vizcaíno. De hecho, fue el grupo socialista del territorio el primero en mostrar su descontento. Su líder, el vicelehendakari Mikel Torres, afeó a la diputada general haber realizado la presentación pública sin que ellos terminaran de dar su conformidad y dejó patente su total desacuerdo con alguna de las medidas. En particular, con una: el establecimiento de una deducción del 20% sobre las cuotas de los seguros médicos privados.
Esta polémica reducción aparece en el anteproyecto junto a otra similar sobre las cuotas de gimnasios o actividades deportivas, ambas en pro del "fomento de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y el bienestar físico y emocional de los trabajadores". La propuesta incluso plantea que si estos servicios fueran pagados por la empresa dejarían de tener la consideración de retribución en especie para que así el titular pueda beneficiarse de la nueva deducción.
Competencia fiscal
Y mientras este conflicto enfrenta a los socios del Gobierno foral en Vizcaya, en las vecinas Guipúzcoa y Álava se abre otro frente. Ambas recelan del paso dado en solitario por Etxanobe y anuncian que también sus haciendas serán ambiciosas al elaborar sus respectivas medidas de captación de talento y retención de empresas. Hay que tener en cuenta que, si bien el Concierto Económico capacita a cada una de ellas para crear sus propias normas tributarias, el Gobierno vasco -donde también PNV y PSE son socios- vela por que estas sean diferentes, sí, pero lo suficientemente parecidas como para evitar que la competencia se acabe dando entre los tres territorios.
Así las cosas, antes de empezar a tramitar nada, PNV y PSE han tenido que dedicar el verano a evitar una doble disputa entre socios de coalición, por un lado, y entre tres territorios gobernados por esa misma coalición, por otro. Finalmente, el pasado día 1, ambas formaciones presentaron un acuerdo alcanzado entre sus cúpulas que establece unos mínimos consensuados para todos, "sin perjuicio de que cada territorio pueda ampliar o complementar este marco común".
Es decir, las negociaciones y enmiendas podrán hacer que cada Diputación saque adelante una política fiscal diferenciada, pero se marca un nuevo punto de partida. En él, desaparecen las deducciones en los seguros privados y gimnasios y se rebaja la exención a los rendimientos de trabajo, que queda en el 42% -el 52% para los menores de 36 años- y se aplicará únicamente a los trabajadores especializados en determinados sectores científico-tecnológicos. En cambio, se mantienen las ventajas fiscales en la entrega de acciones o participaciones a empleados e incluso se amplía al 35% la reducción de las plusvalías en las transmisiones de negocios.
Ahora queda dar forma a los textos definitivos que cada Diputación llevará a tramitación y, en el caso de Guipúzcoa y Álava, abrir las negociaciones con la oposición... y todo antes de que el calendario electoral obligue a disolver las Juntas y bloquee las reformas de manera indefinida.
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