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Ayuso exige al Gobierno que revise las licencias de plantas solares tras las "detenciones de la UCO" por el 'caso Forestalia'

Ayuso exige al Gobierno que revise las licencias de plantas solares tras las "detenciones de la UCO" por el 'caso Forestalia'
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El Gobierno regional pide que se auditen de manera independiente las autorizaciones de Declaración de Impacto Ambiental concedidas a macroplantas fotovoltaicas, entre las que se encuentran 53 proyectos en la región. Más información: La Guardia Civil detiene a un ex alto cargo de Teresa Ribera por amañar permisos ambientales para favorecer a Forestalia.

Isabel Díaz Ayuso y Carlos Novillo este miércoles en los trabajos de recuperación en los terrenos del Monte de Utilidad Pública de Viñuelas. CAM

Política Ayuso exige al Gobierno que revise las licencias de plantas solares tras las "detenciones de la UCO" por el 'caso Forestalia'

El Gobierno regional pide que se auditen de manera independiente las autorizaciones de Declaración de Impacto Ambiental concedidas a macroplantas fotovoltaicas, entre las que se encuentran 53 proyectos en la región.

Más información: La Guardia Civil detiene a un ex alto cargo de Teresa Ribera por amañar permisos ambientales para favorecer a Forestalia.

Publicada 23 marzo 2026 02:31h

Las claves nuevo Generado con IA

La Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una reevaluación total de las licencias concedidas para la instalación de placas solares tras el conocido como caso Forestalia.

Abre así un nuevo frente entre la Administración regional y el Ejecutivo central, tras conocerse que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales por la posible manipulación de declaraciones de impacto ambiental (DIA) necesarias para tramitar parques eólicos y fotovoltaicos.

En una carta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el consejero de Medio Ambiente de Madrid, Carlos Novillo, traslada a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la "creciente preocupación" del Ejecutivo autonómico ante las "graves sospechas" que rodean la concesión de estas autorizaciones ambientales.

"Resulta imprescindible verificar que las DIA se han tramitado con el rigor técnico exigible", señala. Y reclama una auditoría independiente de los proyectos de gran capacidad autorizados por el Estado.

En la misiva, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pide, además, reforzar el papel de las comunidades autónomas y revisar el actual marco competencial en la implantación de este tipo de infraestructuras, incluidas las de más de 50 megavatios.

La Guardia Civil detiene a un ex alto cargo de Teresa Ribera por amañar permisos ambientales para favorecer a Forestalia

La ofensiva del Gobierno regional se produce en pleno estallido del caso que afecta a la empresa Forestalia, que se ha saldado con varias detenciones en una macrooperación aún abierta y con numerosas ramificaciones.

Los investigadores tratan de esclarecer si, durante la tramitación de parques eólicos y fotovoltaicos, se alteraron informes ambientales clave para acelerar la concesión de permisos.

El escrito del consejero Carlos Novillo incorpora además un paquete de medidas con el que Madrid busca cambiar el modelo actual para que estas hipotéticas "prácticas corruptas" no vuelvan a ocurrir.

En primer lugar, exige una evaluación ambiental acumulativa de carácter territorial, que analice el impacto conjunto de las grandes instalaciones sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo —incluido el agrario— y las infraestructuras.

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El consejero advierte de que algunas de las DIA podrían presentar "deficiencias relevantes" e incluso haberse emitido antes de una planificación estratégica adecuada, alterando el orden lógico del procedimiento.

Pero el núcleo de la carta está en el reparto de competencias.

Menos placas, más olivo

La Comunidad reclama reforzar el papel de las autonomías en la tramitación de estos proyectos, exigiendo que los informes territoriales sean vinculantes cuando la evaluación ambiental dependa del Estado, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística.

Además, plantea una revisión del marco competencial para que las regiones asuman la autorización y evaluación ambiental de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de más de 50 megavatios, las de mayor impacto.

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Este planteamiento encaja con la estrategia política del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que lleva meses marcando distancias con el despliegue masivo de macroplantas solares.

En su carta, Novillo advierte expresamente de los posibles efectos sobre suelos de alto valor productivo, especialmente el olivar y el viñedo, cuya conservación considera "clave desde el punto de vista económico, ambiental y cultural".

De hecho, la Comunidad ya ha fijado un límite del 4% de su superficie para este tipo de instalaciones dentro de su Plan de Protección del Paisaje, con el objetivo de salvaguardar el medio rural.

Frente al modelo de grandes explotaciones, el Gobierno madrileño apuesta por un sistema más reducido, vinculado a cubiertas y zonas de baja productividad agrícola, evitando la ocupación intensiva del territorio.

"El actual modelo puede estar favoreciendo una ocupación desordenada del suelo", advierte el consejero, que insiste en que la transición energética debe hacerse con "equilibrio, rigor y adecuada integración territorial".

Un mensaje que cobra fuerza tras el estallido del caso Forestalia y que sitúa de nuevo a Madrid en choque directo con el Gobierno, esta vez por el desarrollo de las energías renovables.

El Ejecutivo de Ayuso considera que estas instalaciones deben implantarse de forma más selectiva, para reacondicionar "infraestructuras existentes, como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola y ambiental".

El Gobierno, por el contrario, apuesta por su desarrollo bajo el emblema de una energía verde, mientras Forestalia sigue bajo la lupa de la investigación judicial.

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