Testigos, peritos y la confesión del comisionista como nexo de la «organización criminal» dejan al exministro, a Koldo García y al propio empresario al borde de la condena
Regala esta noticia El exministro José Luis Ábalos, en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas'. (EP) 03/05/2026 a las 20:00h.Cuatro semanas, 12 sesiones, más de 70 testigos y una sensación que se ha ido imponiendo día a día en la sala del Supremo en ... la que se juzga el 'caso mascarillas': la tesis acusadora de la Fiscalía Anticorrupción no solo resiste, sino que está saliendo reforzada. José Luis Ábalos comparece este lunes ante el alto tribunal en una posición procesal que, desde luego, no es mejor que al inicio de la vista oral. Son pocos —casi ninguno— los que, viendo el devenir del juicio, dudan de que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE se encamina a una condena segura junto a Koldo García y el propio Víctor de Aldama. Y con ese pronóstico, la incógnita que asoma es la de cuántos años sumará la pena.
Hay aún más, y más relevante. Ábalos lo va a tener extremadamente difícil para rebatir los contundentes informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y la versión del empresario, que diseccionaron la «organización criminal» montada por el conseguidor de la mano de Koldo García y en la que el exministro se prestó a ser la llave política que abría todas las puertas con solo citar su nombre. Y así, un día tras otro en la vista oral, las piezas del armazón construido por la instrucción del juez del Supremo Leopoldo Puente han ido encajando: una red organizada, un reparto de papeles definido y un objetivo -convertir el acceso al poder en negocio- compartido.
Ahí aparece el primer bloque que ha salido más fortalecido: la propia existencia de una organización criminal. El teniente coronel Antonio Balas y su mano derecha, Jesús Montes, lo resumieron sin rodeos en la sesión del pasado lunes. Sus frases cayeron en cascada: «Ábalos es un miembro cualificado de la organización y por eso cobra lo que cobra»; «En todas las acciones que intentan o que consiguen, el papel de Ábalos es fundamental»; «Sin él no podían haber hecho casi ninguna de las cuestiones»; «El que paga manda»; «Ábalos hace lo más grande, abre negocios»; «El acceso a las altas instancias es total». Y remataron el retrato: De Aldama pagaba para «tener nivel de acceso» y «comprar la voluntad del ministro».
El punto de inflexión se produjo después, el miércoles, con la declaración del propio conseguidor. No fue demoledora por la aportación de nuevas pruebas —que no presentó—, sino por la coherencia interna de su versión. El empresario se reconoció a sí mismo como el eje corruptor de la trama, el intermediario que articulaba las relaciones entre el sector privado y el poder político. Lo hizo, además, asumiendo un papel procesal especialmente relevante: el de quien es, a la vez, testigo e imputado de cargo. También contra sí mismo, aunque la Fiscalía le pide siete años de cárcel por los 24 para Ábalos.
De Aldama no trató de desvincularse, sino de explicarse dentro de la estructura que describe la Fiscalía: una organización con reparto de funciones en la que él actuaba como nexo entre empresas y responsables públicos. Admitió que participó en prácticas irregulares —«Entiendo que estábamos haciendo algo ilegal», llegó a afirmar— y detalló un sistema basado en pagos en efectivo, adjudicaciones dirigidas y contraprestaciones.
Transportes, potencial negocio
Más allá de las acusaciones lanzadas sin pruebas contra el presidente del Gobierno —de que sabía de la existencia de esta trama corrupta, lo que no tiene recorrido procesal— y de su denuncia de un sistema de financiación irregular del PSOE —cuya supuesta existencia se investiga en una pieza separada en la Audiencia Nacional—, su testimonio reforzó la arquitectura ya dibujada por la UCO: la existencia de la red en la que el acceso al Ministerio de Transportes se convertía en un activo económico. En ese esquema, la posición de Ábalos aparece en el epicentro.
Frente a ese bloque acusatorio tan sólido, y a la espera de la declaración de alguien tan políticamente relevante para Sánchez y para el PSOE, Ábalos solo puede oponer las versiones de su hijo Víctor y de Koldo, su fiel escudero imputado como él. El testimonio del primero, el día inaugural del juicio, ya casi se ha olvidado. Que un hijo exculpe a su padre no es una prueba de descargo. Y menos cuando la propia UCO señala en sus informes al primogénito como «custodio» del dinero oculto de su progenitor.
Por su parte, Koldo tiene cuesta arriba persuadir a la Sala de lo Penal con la película que Koldo proyectó en la sala en su declaración del jueves. En ella se presentó como una suerte de héroe ciudadano para conseguir mascarillas en China en lo peor de la pandemia o luchando a brazo partido como colaborador policial contra ETA en los 90 o contra el yihadismo más recientemente.
Su interrogatorio pivotó sobre una idea central: él y Ábalos —a quien, si acaso, solo se le pueden reprochar sus debilidades por las mujeres— fueron víctimas de una trampa urdida por De Aldama. Según la versión del exasesor, esa supuesta celada tuvo como pieza clave a Jésica Rodríguez, a quien describió como una «agente encubierta» introducida en la vida privada del exministro para chantajearlo. Llegó a insinuar que la joven ejercía la prostitución —algo que ella negó en sede judicial— y sostuvo que su relación con Ábalos fue utilizada como mecanismo de presión.
El problema de esa novela exculpatoria de Koldo es que éste ya ha mentido. Lo reconoció él mismo en el juicio, después de haber dicho en la fase de instrucción que no fue De Aldama quien presentó a Jésica a Ábalos. O cuando aseguró que «las chistorras» eran embutidos y no billetes de 500, como sí admitió el jueves poniendo en un brete al PSOE.
La única brecha en el armazón probatorio que atrapa a quien fuera mano derecha de Sánchez es el rastro del dinero. Las cantidades que De Aldama afirma haber entregado —250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo— no han sido localizadas. La UCO reconoció no haber encontrado ese dinero y nadie en las decenas de horas de juicio ha facilitado siquiera una pista de dónde se hallaría.
Cuando este lunes Ábalos acabe de declarar en un trance decisivo de su vida, el calendario judicial, ahora sí, quedará perfilado. Tras su testimonio, el martes quedará reservado para los informes finales, de modo que el juicio podría quedar visto para sentencia ese mismo día o, a lo sumo, el miércoles. En el Supremo dan por seguro que habrá sentencia antes de agosto. Y el augurio es que será condenatoria.
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