- HANNAH MURPHY/BARBARA MOENS
- España vetará el acceso a redes sociales a menores de 16 años y pedirá responsabilidad penal a sus CEO por contenido ilegal
- La UE relajará su emblemática ley de IA tras la presión de las Big Tech y de Washington
La disputa por a regulación de la inteligencia artificial y la moderación de contenidos enfrenta a Estados Unidos con Europa, amenazando con fracturar la gobernanza global del mundo.
Las opiniones de Stephen Yaxley-Lennon, el activista británico de extrema derecha conocido por sus comentarios incendiarios sobre musulmanes e inmigrantes y llamado también Tommy Robinson, son demasiado extremas para cualquier partido político importante de Reino Unido. Incluso Nigel Farage, el abanderado de la derecha británica, ha afirmado que Robinson no tiene cabida en su partido Reform UK.
Sin embargo, Yaxley-Lennon fue recibido en el Departamento de Estado de Estados Unidos como un "guerrero de la libertad de expresión". Su cálida acogida en Washington es el último ejemplo de cómo la administración Trump promueve a un defensor de la antiinmigración como un mártir de la libertad de expresión, en una guerra cultural que se está intensificando y se ha extendido a través del Atlántico.
Durante años, Donald Trump ha acusado a políticos de izquierdas, académicos y grandes grupos tecnológicos de Estados Unidos de conspirar para silenciar deliberadamente a los conservadores mediante la moderación en Internet y la cultura de la cancelación.
Pero a medida que Europa intensifica sus esfuerzos para implementar y aplicar normas que abarquen el ámbito digital, Trump y sus aliados han lanzado acusaciones similares contra las autoridades de la UE y algunos gobiernos europeos, esta vez con el apoyo de empresas del Silicon Valley.
En diciembre, cuando la Comisión Europea publicó un vídeo en X anunciando que iba a multarla con 120 millones de euros por incumplir sus normas digitales más importantes, Elon Musk respondió con una sola palabra: "Bullshit" ("Qué tontería"). Por su parte, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance acusó a la UE de "atacar a las empresas estadounidenses por tonterías", mientras que el secretario de Estado Marco Rubio declaró que la sanción representaba "un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".
En febrero, un informe explosivo del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los republicanos, fue más allá, declarando que Europa había llevado a cabo una campaña durante una década para "censurar el Internet global", pisoteando en el proceso la libertad de expresión estadounidense. Afirmó que continuaría actuando "para encontrar soluciones legislativas que defiendan y contrarresten eficazmente este riesgo existencial para un derecho fundamental estadounidense".
Para las grandes tecnológicas, sumarse a la resistencia es tan oportunista como idealista. Musk hizo declaraciones similares cuando fiscales franceses y de la UE irrumpieron el mes pasado en las oficinas de X en París por acusaciones de la presencia en X de imágenes sexuales no consentidas generadas por inteligencia artificial (IA). Él y otros ejecutivos tecnológicos han denunciado la censura mientras Francia, España y otros países exploran la posibilidad de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.
Según los analistas, para Trump el debate también tiene aspectos geopolíticos. "Para Trump, todo esto es una negociación. Y reprender a sus socios por censura es una de las muchas herramientas que tiene para conseguir lo que quiere en relación con los aranceles, la OTAN o Groenlandia", opina Daphne Keller, directora de regulación de plataformas del Centro de Política Cibernética de la Universidad de Stanford.
En Bruselas, las críticas han sido recibidas con incredulidad y enfado, especialmente porque el Gobierno de Estados Unidos ha adoptado medidas que, según los críticos, reprimen la libertad de expresión de los disidentes de Trump.
A medida que el rápido desarrollo de la IA intensifica el ya tenso debate sobre quién establece las normas globales para el mundo digital, no hay indicios de que la UE vaya a reducir su regulación, lo que aumenta la posibilidad de mayores enfrentamientos en el futuro. "El problema es que Europa depende de la infraestructura tecnológica del Silicon Valley", señala Kate Klonick, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. John.
Ley de Servicios Digitales
La disputa sobre la libertad de expresión entre Bruselas y la administración Trump salió a la luz pública hace más de un año, cuando Vance declaró en la Conferencia de Seguridad de Múnich que temía una "amenaza interna" en Europa, criticó duramente el estado de la democracia en el continente y advirtió sobre "el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales".
Gran parte de la tensión se ha centrado en la Ley de Servicios Digitales de la UE (LSD), que entró en vigor hace dos años y exige a las grandes plataformas online que limiten la difusión de contenidos ilegales y aumenten la transparencia de su funcionamiento. Esto se aplica tanto a las redes sociales como a los sitios web de pornografía y a las grandes plataformas de comercio electrónico como Amazon, Shein y Temu.
En virtud de la LSD, las autoridades también pueden investigar intentos de influencia extranjera; por ejemplo, en diciembre de 2024 anunciaron una investigación sobre TikTok por no "evaluar y mitigar adecuadamente los riesgos sistémicos" relacionados con la presunta interferencia electoral en las elecciones rumanas.
Si las empresas no cumplen la ley, se arriesgan a que se les impongan multas de hasta el 6% de sus ingresos globales, aunque Bruselas suele intentar evitarlas si le garantizan el cumplimiento mediante negociaciones.
Europa insiste en que su enfoque fomenta la libertad de expresión al mejorar la transparencia y al exigir a las grandes plataformas online que controlen la desinformación, la difusión de contenidos ilegales o la influencia electoral mediante algoritmos.
"La LSD no tiene nada que ver con la censura. Respetamos plenamente la libertad de expresión", declaró la directora de tecnología de la UE Henna Virkkunen a la prensa en Bruselas justo después del informe del Comité Judicial de Estados Unidos.
Martin Husovec, profesor asociado de derecho de la London School of Economics and Political Science, señala que sin una legislación unificada de la UE podría haber un mosaico de legislaciones de los 27 Estados miembros con normas más draconianas: "La mayoría de las quejas de Estados Unidos se basan en información falsa, son infundadas o exageran el riesgo de que se pueda abusar de las normas".
Pero los partidarios de Trump en el Partido Republicano argumentan que el bloque está exportando autoritarismo burocrático más allá de sus fronteras bajo el pretexto de la seguridad online.
Benoît Curé, director de la autoridad francesa de competencia, reconoce que "siempre ha habido recelos en Estados Unidos sobre la LSD, pero en la actual administración estas preocupaciones son más extremas o se expresan con mayor vehemencia".
En un discurso pronunciado en París a principios de 2025, Vance atacó directamente a la LSD, afirmando: "Una cosa es impedir que un pederasta se aproveche de un niño en Internet y otra muy distinta es impedir que un adulto acceda a una opinión que el Gobierno considera desinformación".
La UE tomó nota. Durante gran parte del primer año del segundo mandato de Trump, los funcionarios de la UE que trabajaban en la LSD se centraron en áreas "más seguras", como la protección de menores, la lucha contra el fraude financiero online o la lucha contra la venta de productos ilegales en plataformas como Temu y Shein. Pero también se vieron presionados a garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las empresas tecnológicas estadounidenses, incluso si ello conllevaba imponerles multas.
Cuando Bruselas finalmente multó a X con 120 millones de euros por infringir las normas de transparencia de la ley, se desató una oleada de declaraciones antieuropeas por parte del Gobierno estadounidense. Estados Unidos prohibió la concesión de visados al ex comisario de la UE Thierry Breton y a otras cuatro personas por lo que calificó de "censura" y coacción contra las plataformas estadounidenses de redes sociales.
Otro punto de tensión ha sido la petición de países europeos como España y Francia de prohibir a los niños el acceso a las redes sociales como Instagram o TikTok para protegerlos de sus efectos nocivos. Cuando Pedro Sánchez, anunció recientemente dicha prohibición, Musk lo calificó de "tirano y traidor al pueblo español". En Estados Unidos no existen restricciones federales que prohíban el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.
Expertos estadounidenses y europeos argumentan que las acusaciones de censura de Estados Unidos parecen diseñadas para proporcionar argumentos a los partidos europeos de extrema derecha para que puedan quejarse al respecto en sus campañas electorales. La UE opina que la estrategia de seguridad nacional estadounidense, presentada en diciembre, es una clara señal en esa dirección. Según dicha estrategia, "Estados Unidos debería fomentar la resistencia a la trayectoria actual en Europa dentro de las naciones europeas". También elogia "la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos".
Bruselas está contraatacando. "Las autoridades europeas tienen el mandato de hacer cumplir la LSD. Los intentos de políticos extranjeros de presionar a la Comisión para que suspenda o debilite la aplicación de la normativa constituyen una interferencia en la soberanía regulatoria de la UE y sus instituciones deberían resistir dicha presión", afirma Jérémie Jourdan, abogado especializado en competencia que trabaja en casos relacionados con la ley, a menudo contra grandes empresas tecnológicas.
Por su parte, Alexandra Geese, diputada europea de Los Verdes de Alemania que ha defendido firmemente la regulación digital de la UE, afirma que el debate sobre la censura es una "cortina de humo que oculta la realidad de que un pequeño círculo de multimillonarios aliados con la administración Trump ahora maneja los hilos de la opinión pública".
Oportunidades
Para las empresas tecnológicas estadounidenses, la disputa transatlántica sobre la censura presenta ciertas oportunidades. Tras quejarse durante mucho tiempo de la extralimitación regulatoria de la UE, cuentan ahora con un aliado poderoso en la Casa Blanca.
Muchos europeos consideraron la presencia de la élite del Silicon Valley en primera línea en la toma de posesión de Trump el año pasado como una señal clara de que las grandes tecnológicas se estaban aliando con el Gobierno estadounidense, en parte para estar sometidas a menos regulaciones fuera del país. Desde entonces han mantenido una estrecha relación con la Administración, asistiendo a cenas con Trump y acompañándole en eventos.
Andrew Puzder, embajador de Estados Unidos ante la UE, aprovecha cualquier oportunidad para plantear sus preocupaciones sobre las normas digitales del bloque, con el fin de garantizar que no afecten a los intereses estadounidenses. Esto ha beneficiado a las empresas tecnológicas de Estados Unidos, ya que han logrado que sus preocupaciones sean escuchadas al más alto nivel.
Alinearse públicamente con la estrategia del Gobierno sobre la libertad de expresión también puede generar favores en Washington. Musk, de X, y Mark Zuckerberg, de Meta, han reducido las labores de moderación de contenidos en sus redes sociales en consonancia con la retórica de Trump sobre la libertad de expresión.
Algunos grupos de presión y abogados de las grandes tecnológicas han reconocido en privado que la acusación estadounidense de censura es exagerada. Varios reconocen que hay intensos debates dentro del sector sobre la estrategia que tiene que seguir para apaciguar tanto a la nueva administración estadounidense como a las autoridades europeas. Algunos quieren aprovechar las tensiones para obtener beneficios a corto plazo, mientras que otros piensan en los intereses a largo plazo. La mayoría de las empresas tecnológicas estadounidenses quieren mantener seguros sus intereses comerciales en Europa.
El rápido desarrollo de la IA ha añadido más motivos de desacuerdo entre Estados Unidos. y la UE. En la reciente cumbre sobre IA celebrada en India, el plan del país para crear un marco para la gobernanza global de la IA fue totalmente rechazado por Washington y las principales empresas tecnológicas estadounidenses. En la declaración final de la cumbre, respaldada tanto por Estados Unidos como por la UE, no se incluyó ninguna medida vinculante para garantizar la seguridad de la tecnología.
En Estados Unidos, donde el debate se ha alejado de cómo garantizar la seguridad de la IA para pasar a analizar quién ganará la carrera global por el dominio de la tecnología, la administración Trump ha defendido la desregulación a pesar de la férrea oposición de los demócratas.
Por su parte, la UE se enfrenta al reto difícil de lograr un equilibrio: establecer barreras mediante su ley de IA, que fue el primer intento mundial de regular la tecnología, y al mismo tiempo atraer inversión y fomentar el uso de la IA para impulsar su economía.
Tanto el gobierno estadounidense como varias grandes tecnológicas han ejercido una fuerte presión para suavizar las normas de Bruselas. Ahora está a punto de surgir una nueva disputa, ya que la UE está elaborando las próximas directrices para etiquetar los deepfakes de IA como parte del código de transparencia de la ley de IA.
Es probable que estas directrices exijan a las empresas etiquetar el contenido generado por IA para evitar el riesgo de engaño. Algunas grandes tecnológicas temen que el bloque vaya demasiado lejos en sus normas. "Si la UE insiste en que todo se etiquete como IA, desde correos electrónicos con corrección ortográfica hasta selfies con un filtro fotográfico básico, los usuarios dejarán de prestar atención rápidamente a ello. El resultado final será contraproducente", señala Boniface de Champris, de la Asociación del Sector Informático y de Comunicaciones, entre cuyos miembros figuran muchas grandes tecnológicas. Pero dado que los europeos argumentan que las normas son necesarias dado el potencial de la tecnología para perjudicar a las personas y socavar la democracia, la probabilidad de un acuerdo transatlántico sobre el tema parece escasa.
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