Beatriz Corredor trata de esquivar su responsabilidad y la de REE en el apagón y busca culpables en una planta fotovoltaica

Beatriz Corredor, presidenta no ejecutiva de Redeia. Invertia

Tanto la CNMC como Entso-e y el Ministerio para la Transición Ecológica ratifican que Redeia tenía los medios necesarios para haberlo evitado.

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A medida que se acerca la fecha límite para sacar a la luz los posibles expedientes sancionadores contra quienes pudieron ser los culpables del apagón de hace casi un año, los nervios están a flor de piel en el operador del sistema (Redeia-Red Eléctrica) y las principales eléctricas que debieron estar pendientes de evitarlo.

La comparecencia de esta semana de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en el Senado ha sido la mejor muestra de que todo el mundo busca culpables para frenar o paliar la posible responsabilidad que le pueda caer tras las conclusiones y las pruebas que presente la CNMC en cada caso.

Frente al interés de Corredor en que se investigue a la planta fotovoltaica extremeña que pudo generar las oscilaciones, ya son tres organismos –la propia CNMC, el regulador europeo Entso-e y el Ministerio para la Transición Ecológica–, los que coinciden en que Redeia tenía medios suficientes para que no ocurriera.

Fuentes jurídicas consultadas en el ámbito energético aseguran que una aseveración tan categórica y respaldada apunta a una responsabilidad clara del operador, que debería reflejarse en un expediente administrativo.

Lo que parece evidente, según señalan los informes de análisis y recomendaciones publicados hasta ahora, es que hubo múltiples factores que se juntaron para generar una situación que nadie fue capaz de atajar.

En el sector energético se espera que, de haber algún tipo de actuación sancionadora por parte de la CNMC, los expedientes a poner sobre la mesa apuntarán a varios culpables,si bien cada uno con un grado distinto de implicación.

Si se demostrara que hubo un hecho puntual en una generadora que provocó todo, el reparto de culpas por un posible error de planificación por parte de Redeia rebajaría la intensidad de su sanción.

La investigación llevada a cabo por los técnicos de la CNMC, después de innumerables peticiones de información a REE y a las grandes compañías del sector, quedó cerrada a finales del año pasado.

Pero los remates finales se centraron en buscar pruebas de si las oscilaciones de esa planta a la que alude Corredor, de apenas 200 megavatios de potencia, pudieron ser la primera de una cascada de circunstancias que provocaron el apagón.

Parece evidente, por otro lado, que hubo fallos entre quienes estaban de guardia ese día para garantizar el control de tensión mediante la aportación de energía síncrona que compensara las oscilaciones.

Queda apenas un mes para que se cumpla un año del apagón y, con ello, el plazo para abrir los expedientes administrativos. De lo contrario, muchas de las demandas civiles que se puedan interponer por los daños sufridos se quedaránsin una causa en la que fundamentar los hechosy decaerá gran parte de la responsabilidad contractual.

Proceso de instrucción

En su primera comparecencia ante el Senado, en septiembre de 2025, Beatriz Corredor ya eludió cualquier tipo de responsabilidad por parte de Red Eléctrica y derivó la responsabilidad en dos líneas: las centrales que no acudieron a frenar la caída, como era su obligación, y la falta de renovación de la operativa por parte de la CNMC.

En la polémica intervención en el mismo lugar del pasado miércoles, la presidenta ya sólo se centró en los fallos del control de tensión que tenían que aportar las eléctricas, con especial incidencia en una central fotovoltaica de una de ellas en Badajoz (sin mencionar el nombre) que pudo provocarlo todo.

Entre una cita y la otra, por el Senado también pasó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que dejó claro que aunque no estuviera listo entonces el nuevo procedimiento operativo 7.4, sí estaba regulado un sistema en ese punto de la normativa perfectamente capaz de ser usado para evitar los apagones.

La CNMC, como regulador del sistema, había iniciado ese cambio en 2020, cuando le fue requerido, sin trámite de urgencia. Tras un proceso de cambios y audiencia pública, la previsión era que el nuevo sistema, con aportación de control de tensión por parte de las renovables por primera vez, entrara en vigor el 30 de abril pasado, justo un día después del siniestro.

Los supervisores no tenían calificada esa reforma como de máxima urgencia, hasta que se produjo el apagón. De hecho, se habían renovado 50 normas antes que esa en los últimos seis años y se habían realizado 1.500 inspecciones sólo en 2025.

Sobre esas bases, desde Competencia entienden que el marco regulatorio del día 28 de abril disponía de las herramientas técnicas y regulatorias necesarias para la gestión del sistema. Un argumento que es secundado por el supervisor europeo y el Ministerio de Sara Aagesen.

Hasta ahí llega el informe de recomendaciones y conclusiones de la CNMC. De forma paralela, la presidenta señaló ante el Senado que, por el momento, se están tramitando los expedientes informativos, para verificar posibles incumplimientos de obligaciones en relación con el incidente.

Si a partir de ese proceso de instrucción se deciden abrir expedientes sancionadores, los primeros en saberlo serán los propios implicados, para que hagan las alegaciones pertinentes.

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