La defensa de Begoña Gómez ha presentado un escrito en el que reclama al juez Juan Carlos Peinado que no siga avanzando en el procedimiento hacia un juicio con jurado sin resolver antes los recursos que tiene pendientes. El "escrito de impulso procesal" considera que ese proceder supone una vulneración del derecho de defensa de la esposa del presidente del Gobierno.
El abogado y ex ministro socialista Antonio Camacho recuerda que presentó un recurso de reforma -es decir, ante el propio Peinado- contra su decisión del pasado 20 de marzo de tramitar en caso Begoñapor el procedimiento del Jurado. Y que, "sin haber resuelto" ese recurso, ha dado ya el siguiente paso clave, el de rechazar las solicitudes de archivo que las defensas reclamaron el pasado 30 de marzo ante el titular del Juzgado 41 de Madrid.
"Si bien esta parte es consciente de que el recurso de reforma no tiene efectos suspensivos [no paraliza el procedimiento hasta su resolución], lo cierto es que atenta al derecho de defensa de mi representada la falta de resolución del recurso interpuesto contra el auto de incoación cuando se avanza en el procedimiento de forma anormalmente acelerada". En su opinión, el instructor está "saltándose trámites previstos en la Ley del Jurado".
En su última resolución, Peinado no solo acordó seguir adelante hacia un juicio con jurado, sino que reclamó a las partes que se pronunciaran ya sobre la apertura de juicio oral. Eso supone que las acusaciones deben ya precisar qué delitos y qué penas reclaman para la esposa de Pedro Sánchez. De este modo, el instructor avanza mientras se está a la espera de ver cómo se resuelven tanto los recursos presentados ante él como los planteados ante la sección de la Audiencia de Madrid que revisa sus decisiones.
"La omisión de resolución de los recursos interpuestos priva a esta parte de conocer los fundamentos por los que se aceptan o rechazan sus pretensiones impugnatorias, generando una situación de incertidumbre procesal incompatible con el derecho de defensa", afirma el escrito, que insiste en que no solo es "una mera irregularidad procesal", sino una auténtica "vulneración sustantiva del derecho de defensa, al impedir el control de las decisiones recurridas y privar a esta parte de una garantía esencial del proceso penal".