La defensa denuncia que Peinado imprime al caso una «velocidad de crucero absolutamente incompatible» con las garantías del proceso penal
Regala esta noticia Añádenos en Google Begoña Gómez en un mitin del PSOE. (Jorge Zapata/Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
01/06/2026 Actualizado a las 10:47h.Begoña Gómez se revuelve ante la insistencia del juez de llevarla cuanto antes a juicio y hacerlo ante un jurado. El abogado de la esposa ... de Pedro Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha recurrido ante el Juan Carlos Peinado (que se jubila este septiembre) la convocatoria de la audiencia preliminar del próximo 9 de junio, el trámite final de este proceso y en el que el instructor debe decidir si envía a juicio ante un tribunal popular a Gómez; a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez; y al empresario Juan Carlos Barrabés. La defensa -en su escrito al que ha tenido acceso este periódico- acusa al magistrado de actuar con «excesiva prisa» en la fase final de la investigación y de imprimir al procedimiento «una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado Democrático».
Camacho pide ahora al instructor que suspenda el trámite hasta que se resuelvan los recursos interpuestos contra el auto de incoación del procedimiento del jurado y contra el auto de continuación. La defensa sostiene que no puede haber certeza sobre la legitimidad del cauce elegido (el del jurado) mientras esos recursos estén pendientes y advierte de que seguir adelante puede generar un «riesgo cierto de nulidad de actuaciones de imposible subsanación posterior».
El recurso sostiene que Peinado «incoó el iurado y se cerró en el mismo auto» y que ha privado a las partes de «trámites esenciales» para poder proponer prueba. Según la defensa, esa forma de avanzar hacia la audiencia preliminar vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, compromete el derecho a un proceso con todas las garantías y coloca a Gómez en una situación de «indefensión material».
Gómez se revuelve ante el intento de Peinado de imprimir máxima velocidad y dar por finiquitado el caso la semana que viene, antes de su jubilación de septiembre
La acusación popular unificada, que encabeza HazteOir, ha pedido 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Frente a ese escenario, Camacho insiste en que el juez no puede cerrar el paso a diligencias que considera esenciales antes de resolver si abre juicio oral. El recurso reclama que declare José Manuel Ruano, codirector de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, y que se permita ratificar los tres informes periciales aportados por la defensa.
La declaración de Ruano es, para Gómez, una diligencia «imprescindible». El escrito subraya que fue codirector de la cátedra junto a la investigada y que dispone de un conocimiento «directo y privilegiado» sobre su funcionamiento, estructura, finalidad y actividades. «Nadie mejor que quien compartió la dirección de la misma puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultados», afirma el recurso.
La defensa recuerda que durante la instrucción han declarado decenas de testigos, algunos incluso en más de una ocasión y muchos propuestos por las acusac iones, pero no el otro director de la cátedra. Camacho califica esa omisión de «incomprensible y profundamente lesiva» para el derecho de defensa y sostiene que Ruano puede aclarar el reparto de funciones, confirmar la legitimidad de las actividades académicas y matizar conclusiones construidas a partir de documentos y declaraciones de terceros.
«Nadie mejor que quien compartió la dirección de la misma puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban»
Recurso de Begoña Gómez
El escrito reprocha además a Peinado que haya denegado esa testifical con el argumento de que la Audiencia Provincial pudo acordarla y no lo hizo. Para la defensa, ese razonamiento «delega en la Audiencia Provincial una valoración que corresponde al instructor». Camacho sostiene que el juez no puede eludir su propia obligación de resolver sobre las diligencias propuestas para la audiencia preliminar.
El recurso extiende la misma crítica a los tres informes periciales aportados por la defensa. Uno analiza la existencia y cuantificación del perjuicio económico a la Universidad Complutense; otro, la naturaleza jurídica de la cátedra extraordinaria; y el tercero, el papel de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez. La defensa sostiene que no basta con que esos dictámenes estén unidos a la causa, sino que deben ser ratificados y sometidos a contradicción antes de decidir si procede abrir juicio oral.
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