Peinado ha citado a la esposa del presidente, a su asesora y a Barrabés en la antesala del banquillo por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida
Regala esta noticia Añádenos en Google Begoña Gómez y Pedro Sánchez la pasada semana en la misa del Papa en Barcelona. (Alejandro García/Efe) 15/06/2026 Actualizado a las 09:48h.El caso Begoña Gómez entra este lunes por la tade en una de sus jornadas decisivas. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a ... la esposa del presidente del Gobierno, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar del procedimiento del jurado, el trámite previo a decidir si abre juicio oral contra los tres. La vista está señalada a las seis de la tarde en los juzgados de Plaza de Castilla (a la misma hora que España debuta en el Mundial) y llega después de más de dos años de investigación sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense, la plataforma Transforma TSC y el papel de la asistente de Presidencia en gestiones vinculadas a la actividad de Gómez.
El magistrado ya advirtió en su auto de convocatoria de que los tres investigados deben comparecer personalmente, asistidos de sus abogados, y les apercibió expresamente de que podrían ser conducidos por la fuerza pública si no acudían. Peinado justificó esa presencia por la entidad de las penas asociadas a los delitos investigados y por la posibilidad de celebrar una comparecencia sobre medidas cautelares para evitar cualquier riesgo de eludir la acción de la Justicia.
Aplazamiento
La audiencia estaba inicialmente fijada para el 9 de junio, pero el juez aceptó aplazarla al día 15 después de que la defensa de Gómez acreditara que su abogado, Antonio Camacho, tenía otros señalamientos previos que le impedían asistir. El cambio de fecha no alteró el fondo de la resolución: Peinado mantuvo la obligación de comparecencia personal de los tres investigados y el mismo apercibimiento legal.
La causa llega a una fase clave tras dos años de pesquisas sobre la cátedra, la plataforma y gestiones en Moncloa
El procedimiento nació en abril de 2024 a partir de una denuncia de Manos Limpias y ha ido mutando durante la instrucción. La investigación comenzó centrada en las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez para empresas vinculadas a Barrabés y acabó abriendo varios frentes: la creación y funcionamiento de la cátedra extraordinaria de la Complutense, el desarrollo del software Transforma TSC, los contratos con proveedores, la sociedad privada creada por Gómez con una denominación análoga y el papel de Cristina Álvarez como asistente de la esposa del presidente.
El último informe de la UCO, entregado en mayo, dejó una de cal y una de arena para Gómez. La Guardia Civil no apreció enriquecimiento ilícito ni movimientos bancarios sospechosos en sus cuentas, tampoco correos de interés en Presidencia ni ilegalidades en la creación de la cátedra. Pero sí situó a la esposa de Sánchez como principal responsable del proyecto Transforma TSC y habló de una posible instrumentalización de la cátedra para un posible beneficio personal. Los agentes también señalaron irregularidades en contratos vinculados al desarrollo de la plataforma, en especial con Making Science y Deloitte.
La acusación popular unificada, encabezada por HazteOir, pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez. La Fiscalía y las defensas, por el contrario, reclaman el archivo o la absolución. La defensa de Gómez sostiene que no hay delito alguno, que la cátedra no le reportó ingresos, que la plataforma se concibió como gratuita y propiedad de la UCM y que no hubo perjuicio patrimonial para la universidad. También ha acusado a Peinado de imprimir al procedimiento una velocidad excesiva y de cerrar la instrucción sin practicar diligencias que considera esenciales.
La defensa denuncia una instrucción acelerada mientras Fiscalía reclama archivo y la Complutense mantiene viva la reclamación por el software
Entre esas diligencias, el abogado de Gómez reclama la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra, y la ratificación de tres informes periciales de parte sobre el perjuicio económico, la naturaleza jurídica de la cátedra y el reparto de responsabilidades entre las investigadas. Peinado ya rechazó que esas pruebas fueran imprescindibles para celebrar la audiencia preliminar, aunque podrán volver a plantearse en otras fases si se abre juicio oral.
La Universidad Complutense también está personada como acusación particular por la presunta apropiación indebida del software. La universidad presentó una reclamación de daños y perjuicios por la herramienta ligada a la cátedra, mientras que otro frente administrativo se ha abierto con la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre los contratos formalizados por la cátedra desde su creación.
La decisión que adopte Peinado tras la audiencia marcará el calendario judicial de los próximos meses. Si acuerda la apertura de juicio oral, las partes deberán preparar el salto definitivo al tribunal del jurado. Fuentes jurídicas sitúan ese eventual juicio, por los plazos previsibles de señalamiento y preparación, no antes de la primavera o el verano del próximo año. Antes, sin embargo, la batalla seguirá en la Audiencia Provincial, donde la defensa mantiene recursos contra la transformación de la causa en procedimiento del jurado y contra el auto de continuación.
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