Begoña Gómez ha recurrido para que no haya juicio, pero ha tenido que presentar ya su escrito de defensa por si, al final, tiene que enfrentarse a un jurado. Lo ha hecho sosteniendo que, cuando en 2020 se reunió con el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en La Moncloa, ella ya era directora del máster y que fue la universidad la que le propuso "expresamente" que montara la cátedra extraordinaria, dada su experiencia.
La esposa del presidente del Gobierno comienza exponisndo que su contacto con la UCM se remonta a 2012, cuando Pedro Sánchez "no ostentaba responsabilidad pública alguna". Era codirectora de estudios de Formación Continua de Técnico de Fundraising y luego, durante 11 años, codirectora del Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.
Lo simultaneó con sus tareas directivas en la empresa Inmark, en la que solicitó la excedencia al acceder su esposo a la Presidencia del Gobierno, "con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses derivado de la posición institucional de aquel".
El siguiente hito ya afecta a lo que ha estado investigando el juez Juan Carlos Peinado: "En el mes de marzo de 2020, Dña. Begoña Gómez Fernández amplió su actividad docente pasando a desempeñarse como codirectora del Máster Propio en Transformación Social Competitiva".
En julio de ese año, citó en La Moncloa al rector, Joaquín Goyache. La reunió la convocó ella con motivo de "la participación del Rector en un Congreso de difusión de los contenidos de los masters". Fue en ese encuentro en el que, según su relato, Goyache "le planteó la posibilidad de que dirigiera una Cátedra Extraordinaria en la UCM, dada la experiencia que tenía con la codirección de dos master en la misma", en referencia al de Fundraising y al de Transformación Social.
Tres meses después se constituía la cátedra, "de cuya dirección asumió la responsabilidad previo ofrecimiento expreso por parte de la propia UCM".
Al margen de la creación de la cátedra, que el juez Peinado sitúa dentro del delito de tráfico de influencias que le atribuye, la esposa de Sánchez niega el resto de imputaciones. Sobre la posible apropiación indebida del software elaborado en el seno de la cátedra, afirma que ni ella "ni el resto de los investigados se han beneficiado" de los fondos que a ello destinó la UCM y varias empresas. Y que, "de la misma manera, la UCM no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno".
La propia UCM, en un escrito al juzgado, estimó el perjuicio en 113.000 euros, ya que ese software nunca llegó a ponerse en marcha. Esto mismo sirve a la investigada para sostener que nunca pudo apropiarse de una plataforma digital que no estuvo disponible.
Explica que reservó ella el dominio web que coincidía con el máster de la UCM "a los efectos de impedir que otras personas pudiera apropiarse" de ello. En cuanto a las sospechas que pueda generar que constituyese una sociedad a su nombre con el nombre de la cátedra y el máster, sostiene que "no tuvo ningún tipo de actividad, ni depositó cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo".
Otra rama de la imputación se centra en su su asistenta en La Moncloa, Cristina Álvarez, se dedicó a las tareas profesionales privadas de la esposa del presidente, lo que podía constituir una malversación. Alega que la asesora "de forma ocasional" un número "muy limitado" de correos relativos a la Complutense "para ayudar en momentos puntuales" a Begoña Gómez. Añade que eso no impidió que llevara a cabo todas las tareas públicas que le correspondían, por lo que no pudo malversarse nada.
Incluye el escrito del abogado y ex ministro socialista Antonio Camacho una referencia breve al empresario investigado Juan Carlos Barrabés, para el que Gómez escribió cartas de recomendación para licitaciones públicas. Limita su papel a haber dado "alguna clase" en el máster. "No tuvo ninguna intervención ni en la génesis ni en el desarrollo de la citada Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva".
El escrito es menos detallado que otros ya presentados por Gómez ante la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, encargada de revisar la actuación de Peinado en este procedimiento. El instructor considera que hay indicios suficientes para llevar a Gómez ante un jurado por cuatro delitos. Será este tribunal el que, con la resolución de los recursos, tenga la última palabra sobre si finalmente se juzga a la esposa del presidente del Gobierno.