Begoña Gómez y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana durante el viaje oficial a China./ Efe Efe / Moncloa
Tribunales Begoña Gómez se enfrenta a 24 años de cárcel que pide la acusación popular de Hazte Oír por cuatro delitos de corrupciónAfirma que "se prevalió conscientemente de su condición" de esposa de Pedro Sánchez y "ejerció una presión moral eficiente" ante la Administración y ante empresas privadas en su propio beneficio profesional.
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María PeralJavier Corbacho Publicada 20 abril 2026 13:24h Las clavesLas claves Generado con IA
Hazte Oír, que encabeza las acciones populares personadas en las diligencias que se instruyen contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado esta mañana el escrito de acusación en el que pide para ella 24 años de cárcel por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Este escrito adquiere especial relevancia porque las acusaciones populares son las únicas que ejercen la acción penal. El fiscal nunca ha visto delito en las actividades profesionales de Gómez, por lo que presentará conclusiones absolutorias, según fuentes del Ministerio Público.
De este modo, la apertura de juicio oral para sentar a Begoña Gómez en el banquillo ante un Jurado popular se producirá en su caso (hay pendientes varios recursos) con la sola acusación de las acciones populares representadas por Hazte Oír.
Petición de penas
La acusación popular atribuye a Gómez de tres delitos de tráfico de influencias, por los que pide un total de 6 años de cárcel.
También pide cuatro años de prisión como autora de un delito de corrupción en los negocios y seis años por apropiación indebida, también como autora.
Finalmente, reclama ochos años de prisión como inductora de un delito de malversación relacionado con la contratación de Cristina Álvarez como personal eventual de Presidencia del Gobierno como asistente suya.
Para Cristina Álvarez se pide un total de 22 años de cárcel: ocho años como autora de malversación. Y, como cooperadora necesaria, seis años por apropiación indebida, cuatro años por dos delitos de tráfico de influencias y cuatro años por corrupción en los negocios.
Para el tercer y último acusado, el empresario Juan Carlos Barrabés, la acción popular solicita seis años de cárcel en total: dos por tráfico de influencias y cuatro por corrupción en los negocios.
Influir por su vínculo con Sánchez
En la misma línea que las resoluciones dictadas por el juez instructor, Juan Carlos Peinado, el escrito de acusación de Hazte Oír sostiene que Gómez, desde que su esposo fue elegido presidente del Gobierno, "aumentó su proyección institucional" y su "capacidad de influencia tanto ante la Administración como en sectores privados".
También se incrementó "su ámbito de relaciones sociales y posibilidades de acceder a los directivos de grandes empresas, siendo consciente en todo momento de todo ello y, por tanto, de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales".
Igualmente accedió a la posibilidad de "utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios".
La tesis acusatoria es que, a partir de junio de 2018, con su llegada a Moncloa, la esposa del jefe del Gobierno dio un "giro radical a nivel profesional".
En agosto de 2018, fue nombrada directora del IE Africa Center y entabló relaciones con la OMT, con Wakalua y sus colaboradores, como el Grupo Barrabés.
Mantuvo la codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) iniciado en el curso 2014/2015.
E impulsó en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
Todo ello "pese a no ser licenciada universitaria" y "sin un proceso abierto y competitivo de selección académica equiparable al ordinario de la Universidad Complutense".
La acusación le da particular importancia al hecho de que en 2020 Gómez registrara la denominación TSC Transformación Social Competitiva, el dominio transformatsc.org y luego la marca Plataforma de Transformación Social Competitiva transformatsc.org. También constituyó la sociedad mercantil Transforma TSC, S.L.
Lo hizo "con la intención de vincular estos registros a la Cátedra (primero en proyecto y luego constituida) y al resultado tecnológico desarrollado en la misma". Y con el fin de "controlar de forma exclusiva, apropiarse y explotar en beneficio personal o de terceros (no de la UCM) el nombre y el desarrollo informático generado".
"Presión moral" para contratar a Cristina
Respecto a Cristina Álvarez, el escrito de acusación afirma que Begoña Gómez ejerció una "presión moral eficiente sobre la voluntad de los intervinientes" en el proceso de contratación de su asistente, debida a razones de amistad y "alterando el proceso motivador de tal nombramiento", pues "no se valoró la falta de experiencia laboral previa en las materias de protocolo (...) ni su falta de titulación".
Según la acusación popular, el desempeño laboral de Álvarez "no comprendía nunca la gestión de la agenda privada, empresarial, laboral, universitaria o societaria" de Begoña Gómez.
En cuanto a Barrabés, sostiene que inició una relación profesional con Begoña en 2018 con la colaboración entre el IE Africa Center y Wakalua, una plataforma formada por diferentes empresas como Globalia, Barrabés.biz y la Organización Mundial del Turismo.
Durante la pandemia, Barrabés tuvo reuniones en Moncloa a invitación de Gómez "con el fin de crear un halo de institucionalidad y poder".
La esposa de Sánchez, que también se reunió con Barrabés, le pidió ayuda para desarrollar los contenidos del máster que codirigía en la UCM
En julio de 2020, en coincidencia con las reuniones en Moncloa, Begoña Gómez firmó cartas de apoyo a la UTE liderada por Barrabés en el proceso de adjudicación de contratos de Red.es.
Hazte Oír destaca que esas cartas no fueron firmadas por el codirector del Máster, José Manuel Ruano. ya que "no se trataba de la firma de la esposa del presidente del Gobierno" y todo ello "a pesar de dirigirse a una institución pública que estaba subordinada al Gobierno que presidía su esposo".
Tanto la firmante como el receptor de la carta de recomendación "eran conscientes de la trascendencia y capacidad de influencia de tal firma a la hora de ser aportada en un procedimiento de adjudicación".
Según la acusación popular, esas cartas "influyeron en los funcionarios y autoridades que debían resolver sobre las adjudicaciones".
Begoña las escribió "prevaliéndose conscientemente de su condición" de esposa de Sánchez y "ejerciendo presión moral eficiente sobre la voluntad de los intervinientes en la adjudicación para que se produjera la misma a favor de empresa vinculadas a Barrabés, alterando el proceso motivador de las mismas".
El empresario "aceptó libre y voluntariamente tal influencia".