Los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) libran desde hace meses una batalla soterrada por la elección de una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se trata del órgano que investiga y juzga a miembros del Gobierno, del Congreso y del Senado y otras autoridades; no en vano, es la Sala que condenó recientemente al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La plaza vacante corresponde al turno de jurista, tras la jubilación del magistrado Miguel Colmenero y lleva meses sin ser cubierta. Se da la circunstancia de que a la plaza de Colmenero se sumarán próximamente otras tres vacantes por las jubilaciones de los magistrados Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo.
Debido a la falta de avances en las conversaciones entre conservadores y progresistas -ni siquiera ha habido una negociación formal-, según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, los vocales designados a propuesta del Partido Popular en el CGPJ buscarán alcanzar un pacto global que encuadre estas otras tres plazas de la Sala Penal para hacer estos nombramientos especialmente sensibles de forma conjunta.
Se da la circunstancia de que el magistrado Berdugo se jubila el próximo mes de septiembre, por lo que, de haber acuerdo, será «después de verano», subrayan fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
En la actualidad, la Sala de lo Penal o Segunda, que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta, está integrada por 15 magistrados. El pasado mes de enero, la Comisión de Calificación del CGPJ decidió mantener a 12 de los 14 peticionarios en la terna para la plaza del juez Colmenero. Aspiran a la misma las catedráticas Silvina Bacigalupo, Mar Carrasco, Alicia Gil, Carmen Juanate y Paz Lloria así como los juristas Julio Banacloche, Guillermo García-Panasco, Norberto de la Mata, Manuel Ollé, Carlos Pérez del Valle, Jesús Santos Vijande y Luis Uriarte (entre los hombres que optan a ocupar ese sillón en la Sala Segunda hay perfiles de catedráticos, profesores titulares de Universidad, magistrados y fiscales).
Por su parte, el empeño del Gobierno en la candidatura de la catedrática de Penal Bacigalupo -miembro del comité de sabios que Pedro Sánchez creó para que lo asesoraran en el año 2015 y cuñada de la ex vicepresidenta del Gobierno y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera- ha provocado que la aspirante sea rechazada de manera frontal por los vocales conservadores.
En el Ejecutivo creen que hay falta de magistrados progresistas en la Sala Segunda, órgano que en los últimos años ha dejado con sus decisiones en evidencia la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hizo, por ejemplo, cuando se opuso a la concesión de los indultos a los líderes del procés o cuando criticó la reforma ad hoc del Código Penal para favorecer a los dirigentes independentistas o, más recientemente, al no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación de caudales públicos del 1-O.
Además, por holgada mayoría, esta Sala es la que condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador; decisión que obligó al Ejecutivo a nombrar a un nuevo fiscal general pese a la defensa a ultranza que hizo sobre el condenado. Asimismo, la Sala de lo Penal es la que ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo en la sede de Ferraz y también el cobro de presuntas comisiones ilegales por el amaño de obra pública desde el Ministerio de Transportes. Además, es el órgano que decidió imputar al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y sentar en el banquillo de los acusados al antaño todopoderoso José Luis Ábalos, cuyo primer juicio comenzará el próximo 7 de abril.
El Gobierno sabe que, a diferencia del Tribunal Constitucional o la Fiscalía, el Supremo es el eslabón que no ha logrado controlar y, por este motivo, cualquier nombramiento en la Sala de lo Penal es absolutamente decisivo.
Tal y como ha informado este periódico, en la Sala de Gobierno del TS ha causado recelos que el Ministerio de Justicia haya optado por ampliar la plantilla de la Sala Segunda en el decreto de las 500 nuevas plazas judiciales y, en cambio, haya ignorado las dos plazas solicitadas para la Sala Cuarta o de lo Social. Las fuentes consultadas enmarcan esta decisión en el deseo de forzar un vuelco ideológico en la Sala de los aforados. El Supremo no se opone a la ampliación de su Sala Penal, pero sí ha querido dejar constancia de que resulta «mucho más apremiante» para el tribunal reforzar la Sala de lo Social, que preside la magistrada Concepción Ureste.