La Comisión Europea da un ultimátum de dos meses al Gobierno para reformar la ley que impide a los particulares reclamar daños cuando el Estado incumple el Derecho de la Unión.
La Comisión Europea ha decidido elevar el tono contra España y ha abierto un nuevo procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento por el asunto de las indemnizaciones a los ciudadanos. El motivo concreto es el incumplimiento reiterado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 28 de junio de 2022, que condenó al Estado español por hacer "casi imposible" que los ciudadanos cobren indemnizaciones cuando el legislador nacional viola la normativa comunitaria.
La paciencia de Bruselas se ha agotado. A pesar de que la justicia europea confirmó que el régimen jurídico español -concretamente la Ley 40/2015 y la Ley 39/2015- vulnera el principio de efectividad, España "no ha incorporado la sentencia a su ordenamiento jurídico", según denuncia la Comisión.
Bruselas ha dado a España un plazo de dos meses para responder. De no recibirse una respuesta satisfactoria o una reforma inmediata, la Comisión podría remitir de nuevo el asunto al Tribunal de Justicia, tal y como prevé el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la UE. En este escenario, el Tribunal podría imponer a España una suma a tanto alzado o una multa coercitiva millonaria.
Un sistema "imposible"
El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando se aprobó el actual régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. Diversas denuncias alertaron de que la ley ponía trabas excesivas a los particulares para ser resarcidos por daños causados por el Estado legislador.
En su fallo de junio de 2022, el TJUE fue contundente. Según los magistrados, España incumple el Derecho de la Unión al hacer "en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización". La Justicia europea señaló que condiciones como los plazos de prescripción restrictivos o la exigencia de haber recurrido previamente actos administrativos (incluso cuando no los había) frustraban cualquier posibilidad de reparación.
El informe del CGPJ
Mientras Bruselas exige cambios, la reforma normativa parece atascada y mal enfocada. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió en agosto de 2023 un informe muy crítico sobre el anteproyecto de Ley que el Gobierno había preparado para intentar cumplir con la sentencia europea y evitar el procedimiento de infracción.
Según el órgano de gobierno de los jueces, el texto propuesto por el Ejecutivo "no cumple con todas las exigencias de la Justicia europea" e incluso incurre en un "evidente exceso de competencia normativa". El CGPJ critica que la norma intente limitar los efectos de los fallos europeos, impidiendo que afecten a situaciones ya prescritas, lo que podría chocar con el principio de efectividad.
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