Óscar López, ministro de Función Pública y para la Transición Digital. Gabriel Luengas / Europa Press.
Política ESTADO DE DERECHO Bruselas afea el reparto de la publicidad institucional en España y su "influencia política" con opacidad y "discriminación"La Comisión Europea alerta de agresiones, acoso y presiones políticas a periodistas, que minan la libertad de quienes defienden la democracia.
Más información:El Gobierno deberá explicar el reparto de la publicidad institucional y por qué Cultura destinó el 80% al Grupo Prisa.
Alberto D. Prieto Publicada 18 julio 2026 02:49h Las clavesLas claves Generado con IA
La Comisión Europea ha puesto el foco en el reparto de la publicidad institucional en España y en su utilización como "herramienta de influencia política" contra la pluralidad de los medios de información.
En su Informe sobre el Estado de derecho en España 2026, el Ejecutivo comunitario dice que "la reforma legal avanza", pero lo cierto es que el anteproyecto de Ley de Publicidad del sector público sigue varado en fase de estudio, tras ser visado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado febrero.
Y mientras se encalla la norma del ministro Óscar López, según subraya la Comisión, mantiene un sistema opaco y "discriminatorio" gracias a los nuevos reglamentos y criterios de inferior rango que Moncloa ampara bajo la legislación heredada de 2005.
El informe señala que el Gobierno prevé en su anteproyecto un tope del 35% de ingresos por publicidad institucional dentro de la facturación total, para evitar que un medio se sostenga casi exclusivamente con dinero público.
Sin embargo, advierte que, hasta que esa norma entre en vigor, crecen las críticas de los actores del sector sobre el uso de las campañas estatales con "falta de criterios e información sobre el destino del dinero", especialmente en periodos electorales.
El escándalo de la publicidad institucional: Moncloa destina a El Español sólo 57.300€ de los 156M que invertirá en 2026Según Bruselas, la crítica de los editores se centra en tres elementos: el trato "discriminatorio" entre medios, la "falta de información relevante" sobre quién recibe cuánto dinero y la "ausencia de criterios justos" en la asignación de los fondos.
El resultado es un reparto arbitrario que premia a grupos afines y penaliza a cabeceras incómodas, tal y como viene denunciando EL ESPAÑOL ante el Consejo de Europa y Naciones Unidas.
Los datos del último Informe de Publicidad y Comunicación Institucional del propio Gobierno evidencian este sesgo.
Moncloa destinó en 2025 el 16,6% de toda su inversión institucional, 12,2 millones, al grupo Prisa, mientras que EL ESPAÑOL, líder de audiencia digital en el medidor oficial GfK, recibió sólo el 0,47%, unos 340.000 euros.
El Español, de nuevo líder absoluto de la prensa en junio: lo ha sido en 35 de los últimos 41 meses auditados por GfKLa discriminación contra los nativos digitales es generalizada: Titania, editor de El Confidencial, apenas obtuvo 117.000 euros, el 0,16% del total, pese a su peso informativo.
El Gobierno, con 88 millones invertidos ese año, se consolidó como el mayor anunciante de España por encima de cualquier multinacional privada, lo que multiplica el efecto de sus decisiones de reparto sobre la viabilidad de los medios.
La presión política no se limita a la Administración central, recuerda la Comisión Europea. También se reproduce en el ámbito autonómico con nuevas leyes de publicidad institucional que otorgan un margen amplio a los gobiernos regionales.
En paralelo, la reforma de RTVE y otros entes públicos ha suscitado críticas de los consejos de informativos y de organizaciones profesionales por el riesgo de injerencia en la línea editorial.
Periodistas agredidos y acosados
La Comisión Europea no sólo mira al dinero, también a la seguridad y libertad de los periodistas en España.
Desde el último informe, el Consejo de Europa ha registrado seis nuevas alertas sobre ataques a la integridad física, acoso y hostigamiento a profesionales de la información.
La plataforma Media Freedom Rapid Response contabiliza, además, 53 alertas nuevas relacionadas principalmente con agresiones físicas, acoso, intimidación jurídica, obstrucción del acceso a la información e interferencias editoriales.
Bruselas recoge que las organizaciones del sector siguen documentando episodios de violencia, campañas de odio en redes y señalamientos por parte de líderes políticos y cargos públicos.
El castigo publicitario a El Español y la agresión a uno de sus periodistas en Pamplona llega a la Comisión EuropeaUn informe del Ministerio de Igualdad citado por la Comisión ofrece una radiografía que, en el caso de las mujeres periodistas, resulta especialmente preocupante.
El 73% afirma sufrir acoso continuado en redes sociales, con efectos directos en forma de autocensura y renuncias a cubrir determinados temas o actores.
La precariedad laboral se convierte en otro vector de vulnerabilidad y falta de libertad para ejercer un oficio clave para el Estado de derecho y el control del poder.
Los expertos consultados por Bruselas insisten en que los contratos temporales, la presión de la digitalización, la irrupción de la inteligencia artificial y la dependencia de la publicidad institucional minan la independencia real de las redacciones.
EL ESPAÑOL ha vivido en primera persona la cara más brutal de este clima. En octubre de 2025, uno de sus reporteros fue objeto de una agresión salvaje agresión en Pamplona cuando cubría una protesta ilegal y episodios de kale borroka convocados por grupos abertzales.
El periodista recibió pedradas, patadas y golpes mientras intentaba seguir trabajando, sufrió lesiones graves y tuvo que ser evacuado bajo una lluvia de insultos. En su testimonio posterior describió la escena como "un infierno" y relató cómo los atacantes le identificaron como reportero de EL ESPAÑOL antes de arremeter contra él.
El Consejo de Europa pide a Sánchez que condene la agresión al periodista de El Español José Ismael MartínezEl Gobierno no llegó a condenar de forma clara y explícita esta agresión, pese a las reiteradas peticiones de este diario y de las asociaciones de prensa.
La Comisión incorpora estas preocupaciones en su capítulo sobre España, donde conecta la presión económica, la injerencia política y los ataques físicos y digitales como un problema estructural de la libertad de prensa.
El peor informe anual
En su análisis global, el Ejecutivo comunitario evalúa más duramente que nunca a España, y reprocha al Gobierno de Sánchez la falta de avances reales en la lucha contra la corrupción, los conflictos de interés y la independencia judicial.
Bruselas destaca que persisten "dificultades" para investigar y juzgar grandes casos de corrupción, alerta de la limitada capacidad de la Oficina de Conflictos de Intereses y señala riesgos recurrentes de corrupción en contratación pública y financiación de partidos.
El informe también recoge la preocupación de la judicatura por las "acusaciones de 'lawfare'judicial" lanzadas desde el poder político y exige al Ejecutivo que evite ataques que socaven la independencia de los jueces.
En paralelo, reclama desbloquear la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ y separar de una vez el mandato del fiscal general del ciclo político del Gobierno... una reforma anunciada pero encallada en el Congreso con 25 ampliaciones del periodo de enmiendas desde el pasado noviembre.
En este contexto, el uso partidista de la publicidad institucional y la desprotección frente a las agresiones a periodistas se convierten para Bruselas en indicadores clave del deterioro del Estado de derecho en España.
La Comisión avisa de que sin reglas claras, transparencia y seguridad para los medios y sus profesionales, la democracia queda expuesta a la presión económica y a la violencia contra quienes la vigilan.