"La Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial de España sobre el proyecto de medida para regularizar a los nacionales de terceros países en situación irregular, que se anunció el 27 de enero de 2026". El comisario de Interior e Inmigración, Magnus Brunner, avisa de este modo de que el Gobierno no ha informado a Bruselas sobre el proceso masivo que va a llevar a cabo este mes. Y no lo ha hecho a pesar de que, como advierte de nuevo el responsable austriaco del Ejecutivo comunitario, la decisión de Moncloa puede tener consecuencias sobre el resto de países e, incluso, sobre el conjunto de la Unión Europea.
"Sin perjuicio del reparto de competencias definido por el ordenamiento jurídico de la Unión en relación con las políticas y las decisiones individuales de regularización del estatuto de los ciudadanos de terceros países en situación irregular, las decisiones de los Estados miembros, en un espacio sin fronteras interiores, pueden tener consecuencias para otros Estados miembros y para la Unión en su conjunto", señala Brunner en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso EL MUNDO y cuya fecha es el 8 de abril de 2026, esto es, ayer.
"Un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. La UE cuenta con normas claras que deben respetarse", insiste el comisario en su respuesta a la cuestión planteada por el Partido Popular Europeo (PPE) y que incluye la firma de los 22 eurodiputados del PP español.
"Por ejemplo, si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia. Las autoridades nacionales deben actuar con un espíritu de cooperación leal para que esto ocurra rápidamente", añade Brunner, que de esta manera incide en lo que ya declaró a este periódico la semana pasada y en lo que también apuntaron fuentes de la Comisión tras la publicación de esa información.
De hecho, desde el Ejecutivo comunitario se añadió que "Estados miembros deben asegurarse de que cualquier beneficiario de un permiso de residencia nacional que sea encontrado en situación irregular en otro Estado miembro, o que solicite asilo en otro Estado miembro, sea devuelto al Estado miembro que expidió dicho permiso de residencia". Esto quiere decir que es España quien debe asegurarse de que ese proceso se produzca si alguno de los regularizados incurre en una situación de este tipo.
Y el coste del proceso, añadieron, "se debe tratar entre los países". El Gobierno, por lo tanto, deberá negociar con el país en cuestión el desembolso que se derive de la repatriación y tratar de llegar a un acuerdo. Pero lo que se desprende del aviso de la Comisión es que España es, en última instancia, el país responsable.
Desde el Gobierno se ha confirmado que, efectivamente, el proceso de regularización sólo permite a los beneficiados obtener un permiso de trabajo en España. Pero no se ha apuntado nada sobre las posibles consecuencias para otros países que tanto preocupan en Bruselas. Y el pasado lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló en el Senado ante las preguntas de Vox que la regularización "no tiene ningún impacto" en el sistema sanitario porque esta población "ya tiene asegurada la asistencia sanitaria" en España desde la Ley General de Sanidad de 1986. "Ustedes no conocen la legislación de su país", subrayó.