El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una reunión del Ecofin en Bruselas
Banca Bruselas amonesta de nuevo a Cuerpo por la legislación que invocó para obstaculizar la compra de Sabadell por BBVAEl Ejecutivo comunitario insiste en que las fusiones en el sector benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la unión bancaria.
Más información: El BBVA no logra hacerse con Banco Sabadell y sólo consigue la aceptación del 25,33% de sus accionistas
Juan Sanhermelando Bruselas Publicada 4 junio 2026 12:19h Las clavesLas claves Generado con IA
La Comisión Europea amonesta de nuevo al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por no haber corregido la legislación española que invocó para obstaculizarla oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre Banco Sabadell, una operación que acabó naufragando al no lograr la aceptación de los accionistas de la entidad catalana.
El Ejecutivo comunitario ya lanzó hace un año un expediente sancionador contra España al considerar que esta normativa -que otorga al ministro de Economía poderes discrecionales para imponer condiciones adicionales a las fusiones-, vulnera los principios de libre circulación de capitales y de libertad de establecimiento recogidos en los Tratados.
La legislación española tampoco respeta el reglamento sobre el Mecanismo Único de Supervisión, que atribuye al Banco Central Europeo (BCE) la competencia exclusiva en las labores de vigilancia de las grandes entidades europeas, ni la directiva sobre requisitos de capital, según el análisis de Bruselas.
Bruselas proseguirá con su expediente sancionador contra España tras el fracaso de la opa del BBVA sobre el SabadellAnte la falta de acción del Gobierno de Pedro Sánchez, la Comisión ha decidido este jueves enviar una carta de emplazamiento complementaria en la que aporta nuevos argumentos para seguir adelante con el expediente sancionador contra España.
En concreto, el Ejecutivo comunitario ha actualizado su evaluación jurídica para tener en cuenta la entrada en vigor de la nueva directiva sobre requisitos de capital (DRC VI, en jerga bruselense), cuyo plazo de transposición expiró el 10 de enero de 2026.
"Concretamente, la Comisión considera que las medidas españolas en cuestión son incompatibles con el nuevo marco que establece la DRC VI, que rige las adquisiciones, las fusiones, las escisiones y otros cambios estructurales que afectan a las instituciones crediticias, lo cual refuerza las preocupaciones que ya se manifestaron en la carta de emplazamiento de 2025", ha explicado en un comunicado.
Bruselas insiste en que "las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la unión bancaria".
"Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de manera eficiente en toda la UE y que la ciudadanía y las empresas tengan acceso a los productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones", ha resaltado el Ejecutivo comunitario.
El vicepresidente Cuerpo dispone ahora de un plazo de dos meses para contestar a los argumentos de Bruselas y subsanar los incumplimientos detectados. De no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir en última instancia presentar denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque el proceso todavía puede tardar muchos meses.