Varias torretas de electricidad, con Toledo al fondo.
Observatorio de la Energía Bruselas autoriza a España a dar 9.000 millones a las eléctricas con subastas de capacidad para seguir desarrollando renovablesEl mecanismo de capacidad entrará en vigor de inmediato y remunerará durante una década a las tecnologías que garanticen potencia disponible en momentos de escasez.
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Juan Sanhermelando Bruselas Publicada 29 mayo 2026 15:01h Actualizada 29 mayo 2026 15:50h Las clavesLas claves Generado con IA
La Comisión de Ursula von der Leyen ha autorizado este viernes el nuevo sistema antiapagones diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que prevé ayudas públicas de hasta 9.000 millones de euros a las eléctricas para que garanticen la seguridad de suministro en todo momento.
El denominado mecanismo de capacidad entrará en vigor de inmediato y remunerará durante un periodo de 10 años a las tecnologías que garanticen potencia disponible en momentos de escasez. La vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera, se ha apartado de la decisión al tratarse de un expediente que afecta directamente a España.
De hecho, el nuevo sistema ya fue sometido a consulta pública en diciembre de 2024, mucho antes del gran apagón que dejó sin suministro eléctrico a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025, pero su tramitación ha tardado año y medio en completarse.
Red Eléctrica y el blindaje para evitar apagones un año después del 28-A: más gas, más nuclear y tirar energía renovable"Ahora más que nunca, necesitamos un suministro de electricidad seguro en toda Europa. Los mecanismos de capacidad pueden contribuir a salvaguardar esta seguridad, siempre que estén diseñados de manera que se eviten distorsiones de la competencia en los mercados de la energía", ha dicho el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en un comunicado.
"Este nuevo mecanismo de capacidad contribuirá a asegurar que España disponga de suficiente electricidad en situaciones de escasez. Los proveedores de capacidad se seleccionarán mediante un procedimiento de licitación, lo que garantizará una competencia efectiva", resalta Dombrovskis.
El nuevo instrumento permitirá al operador del sistema eléctrico pagar a las compañías que garanticen capacidad suficiente para cubrir la demanda en momentos de tensión o riesgo de escasez. El objetivo es evitar apagones y asegurar que la red pueda responder incluso en situaciones críticas.
Para ello, España ha fijado un nivel máximo de horas al año en las que podría producirse un corte de suministro, un umbral definido a partir de los análisis sobre la capacidad real del sistema eléctrico español y validado por la Agencia Europea de Reguladores de la Energía (ACER).
El mecanismo de capacidad estará abierto a todos los proyectos, existentes o nuevos, que ofrezcan estar disponibles durante periodos de escasez. Estos proyectos incluyen generación eléctrica, respuesta de la demanda (agentes que reducen su consumo en respuesta a una disminución del suministro) y almacenamiento (sujeto a criterios de elegibilidad medioambiental).
Los beneficiarios se seleccionarán mediante procedimientos de licitación transparentes y no discriminatorios. El presupuesto de la medida se estima en unos 900 millones de euros al año, lo que supone un total aproximado de 9.000 millones de euros durante el período de diez años, en función de los resultados de cada subasta de capacidad.
El sistema estará abierto inicialmente a proyectos situados en España, aunque el Gobierno se compromete a permitir también la participación de operadores de otros países europeos conectados a la red española "lo antes posible". Bruselas destaca además que el mecanismo impulsará iniciativas clave para estabilizar el sistema eléctrico, como el almacenamiento con baterías o los grandes consumidores capaces de reducir su demanda en momentos críticos.
La Comisión ha evaluado el sistema antiapagones de España con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE y las directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022.
A partir de estos criterios, Bruselas ha llegado a la conclusión de que "la medida es necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo perseguido"; y también "proporcionada", ya que "el nivel de la ayuda corresponde a las necesidades reales de financiación".
Además, los fondos se concederán a proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva: los beneficiarios competirán en función del importe de la ayuda solicitada por MW de capacidad disponible durante una situación de escasez.
"Como consecuencia de ello, la medida tendrá efectos limitados en la competencia y el comercio entre los Estados miembros", sostiene el Ejecutivo comunitario.
Finalmente, la Comisión considera que el sistema antiapagones español "se ajusta a la mayoría de las mejores prácticas en materia de mecanismos de capacidad establecidas en el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia".
Según Bruselas, los mecanismos de capacidad deben estar bien diseñados para garantizar que no provoquen una subida de los precios de la electricidad para los consumidores; no ofrezcan ventajas indebidas a determinados operadores energéticos; y no obstaculicen los flujos de electricidad a través de las fronteras de la UE.
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