La Comisión Europea avisó ya en mayo de que España carecía de un plan de contingencia formalizado y probado ante la llegada masiva de inmigrantes. Y, además, Bruselas también advirtió de que existía un déficit de personal fronterizo. Dos factores clave que están directamente relacionados con la crisis de Ceuta, y que forman parte de las hasta 19 deficiencias que se recogen en el Informe sobre el Estado de Schengen 2026. Es la cifra más alta de toda la Unión Europea por delante de Portugal, que acumula 13, y Grecia, que llega a las 12.
"Se han logrado avances significativos, ya que todos los Estados miembros han elaborado planes de contingencia para la gestión de las fronteras en caso de una afluencia masiva de nacionales de terceros países a las fronteras de la UE. Además, la gran mayoría de los Estados miembros ha establecido planes de contingencia basados en evaluaciones de riesgos y escenarios exhaustivos, y solo tres países siguen todavía en proceso de formalizar dichos planes y seis aún no han probado su aplicación", señala la Comisión en ese documento. Y España forma parte de esos tres que no los había formalizado y los seis que tampoco lo habían testado.
"A pesar de que varios Estados miembros adoptaron medidas en 2025 para aumentar sus plantillas, persisten carencias de personal que afectan a funciones esenciales, debido a la escasez de recursos y a la falta de estrategias estructuradas de recursos humanos a medio y largo plazo", prosigue Bruselas en ese documento en referencia a España, así como a Letonia, Lituania, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia.
A eso hay que sumar una llamada de atención por no agilizar los procesos de retorno; problemas para prevenir fugas y movimientos secundarios no autorizados; sistema de gestión de expedientes de retorno todavía pendiente de modernización completa; o el incumplimiento de la Directiva de Intercambio de Información por el que Estonia, Bélgica y España habían recibido un dictamen motivado de la Comisión.
"Se requieren esfuerzos adicionales en todos los Estados miembros para abordar los problemas relacionados con la adopción en tiempo oportuno de las decisiones de retorno, la agilización de los procedimientos y la aplicación de medidas para evitar las fugas y los movimientos secundarios no autorizados", desarrolla la Comisión, que en este punto señala, además de a España, a Italia, Polonia y Portugal. Fuentes de la Comisión confirman que este es el documento más reciente sobre el estado de Schengen, y evitan añadir alguna valoración adicional a las que ya están recogidas en el informe.
Bruselas recibió la semana pasada la visita del presidente de Ceuta y, tal como confirmó el propio Juan Jesús Vivas, y no quiso trasladarle si aplicará algún tipo de sanción o medida contra Marruecos. "Creo que en eso hay que ser respetuoso. Nosotros fuimos a plantear la situación. Nos oyeron, hubo receptividad, comprensión. Y espero que haya respuesta", expuso el pasado viernes el presidente de Ceuta, que en su visita a la capital comunitaria se reunió con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, y la responsable de Mediterráneo, Dubravka Suica. Vivas pidió además a Bruselas "un pronunciamiento claro e inequívoco acerca de que Ceuta y Melilla son España y, por tanto, Europa", y que "esas fronteras se tienen que respetar y que si no se respetan es difícil que pueda haber con ningún país relaciones fructíferas de cooperación".
Vivas también estuvo en el Parlamento Europeo, y pidió que la Eurocámara apruebe "una resolución en virtud de la cual se ponga de manifiesto de una manera clara que las fronteras de Ceuta y Melilla son las fronteras de España y de Europa, que las fronteras se tienen que respetar". Fuente populares apuntan que el Partido Popular Europeo (PPE) está trabajando para que se saque adelante en el pleno de esta semana.
Sin embargo, no todos en el PPE están convencidos de la necesidad de que se negocie una resolución. Para entender esta reticencia hay que tener en cuenta que en las próximas semanas se va a negociar la renovación de la presidencia del Parlamento y, también, del Consejo Europeo, y desde las filas populares consideran que forzar una resolución con la extrema derecha puede tener consecuencias en ese proceso. Esto es, que si la sacan adelante con la llamada mayoría Venezuela, los socialistas pueden tensionar el proceso de negociación para renovar los mencionados puestos. Y la presidenta del S&D, Iratxe García, ya avisó la semana pasada de que si el Partido Popular Europeo "negocia las políticas con otros", su formación "dejará de formar parte de la mayoría institucional en el Parlamento". "Nos tendrán enfrente", advirtió.