El Gobierno español deberá responder en dos meses, antes de que la Comisión decida elevar el caso ante la Justicia Europea
Regala esta noticia (REUTERS) 29/04/2026 a las 14:42h.La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum a España para que regularice la situación de los interinos del sector público. Bruselas ha mandado ... al país un dictamen motivado -el segundo paso de un procedimiento de infracción- por no haber adaptado a su legislación la directiva europea que prohibe la discriminación de trabajadores con contratos de duración determinada.
El Gobierno español tendrá ahora dos meses para contestar y tomar las medidas necesarias para resolver las preocupaciones de la Comisión. Si no lo hace o si Bruselas no está conforme con la respuesta española, podrá referir el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la máxima instancia del bloque comunitario.
En su comunicado apunta que España «falla en la protección de los trabajadores públicos contra el uso abusivo de contratos temporales» y subraya que «esto es contrario a la ley europea», que requiere que los Estados miembros introduzcan en su legislación medidas para prevenir y penalizar el abuso de este tipo de contratos.
A pesar de que España cambió su legislación nacional tras la apertura de un procedimiento de infracción en 2015, Bruselas destaca que «las explicaciones dadas siguen siendo insatisfactorias».
A mediados de abril, el TJUE emitió una sentencia en la que concluyó que las medidas previstas en España para sancionar el uso abusivo de los contratos temporales en el sector público son insuficientes y no resultan conformes a la ley europea. El alto tribunal, con sede en Luxemburgo, declaró que la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija, el pago de indemnizaciones y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador «no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derechos de la Unión». Eso sí, señaló que corresponde al Tribunal Supremo apreciar si las medidas previstas en la normativa nacional sancionan debidamente la utilización abusiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada sucesivos en el sector público.
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