- ANDRÉS STUMPF Bruselas
El Ejecutivo comunitario refuerza el papel disuasorio de los procedimientos de infracción. Quiere acabar con las capas de sobrerregulación y con los retrasos de los Estados miembros a la hora de trasponer las normativas comunitarias.
La Comisión Europea se pone seria. Bruselas está harta de los obstáculos regulatorios que generan los países con la tardanza y la flexibilidad excesiva con la que a veces trasponen la legislación común.
Las empresas que quieren crecer dentro de la Unión Europea señalan la falta de armonización y la complejidad normativa como uno de los mayores problemas a los que se enfrentan y la institución presidida por Ursula von der Leyen ha decidido poner remedio a la situación reforzando sus herramientas de presión.
En el marco de la presentación de su "plan para unas normas de la UE más sencillas, claras y mejor aplicadas", la Comisión Europea ha anunciado que "modernizará los procedimientos de infracción". Se trata de los famosos expedientes que el Ejecutivo comunitario abre a los Estados miembros de la UE cuando la legislación nacional o su aplicación choca con lo estipulado a nivel europeo, que debe prevalecer siempre.
El Ejecutivo comunitario llevará a cabo una revisión al alza de la cuantía de las multas que se imponen al término de estos procesos para reforzar el papel disuasorio de los expedientes. Se trata de una herramienta considerada "un baluarte necesario" para garantizar el cumplimiento del derecho en el bloque comunitario cuando las medidas preventivas fallan.
"La Comisión será sistemáticamente más rigurosa al calcular las multas que propone al Tribunal de Justicia, lo que resultará en importes más elevados", indican los expertos de la institución europea.
En 2025, casi el 70% de los nuevos procedimientos se originaron por la transposición tardía de directivas. Además, el tiempo medio para cerrar un expediente abierto a un país alcanzó los tres años con picos de incluso cinco años. Esta situación incitaba a los países a prolongar todavía más el incumplimiento de normativas europeas con las que no estaban de acuerdo o que les resulta difícil sacar adelante en el parlamento nacional.
"Europa necesita una legislación clara y coherente que responda plenamente a las necesidades de nuestros ciudadanos y empresas. Se trata de una contribución decisiva para reforzar nuestra competitividad", aseguró ayer Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Casos agravados
Según la comunicación publicada por el Ejecutivo comunitario, las multas serán especialmente relevantes cuando los Estados miembros no notifican a tiempo las medidas para incorporar una directiva a su legislación nacional. La Comisión Europea considera la falta de transposición como una infracción grave porque "priva a ciudadanos y empresas de sus derechos y ventajas".
Asimismo, al redactar nuevas leyes europeas, la institución europea ha anunciado que considerará incluir disposiciones que establezcan claramente las consecuencias del incumplimiento. De esta forma, la Comisión Europea puede incluir una mayor armonización de las sanciones a nivel nacional para que las autoridades tengan poderes de ejecución claros y el proceso sea más ágil.
Cuando la Comisión lleva a un país de la UE ante los tribunales, propone que se impongan sanciones económicas, que pueden consistir en una multa única o en una penalización periódica. El monto de las sanciones se calcula teniendo en cuenta la importancia de las normas infringidas y el impacto de la infracción en los intereses generales y particulares; el período de inaplicación del Derecho de la UE y la capacidad de pago del país, garantizando así un efecto disuasorio de las multas.
La multa mínima para España, en base a los datos actualizados anualmente, es de casi ocho millones de euros en caso de un pago único. En términos generales, la multa mínima del pago periódico es de 8.508 euros por cada día de incumplimiento.
En cualquier caso, la Comisión Europea recalca que el fin de este procedimiento no es multar o dañar económicamente a España u otros Estados Miembros, sino presionar para que se ponga fin cuanto antes a la infracción de las normas europeas.
Agilidad
Junto con el incremento de las sanciones económicas, la Comisión Europea quiere también dotar de más agilidad a los expedientes, un elemento clave para hacer que esta herramienta de presión sea más disuasoria.
Para ello, el Ejecutivo comunitario aplicará herramientas de Inteligencia Artificial para ayudar a comprobar si la legislación nacional cumple con la normativa europea, agilizando así la detección de infracciones y los casos de sobrerregulación nacional.
Además, en casos de falta total o parcial de transposición de una directiva, la Comisión emitirá un dictamen motivado (la segunda etapa del proceso) en un plazo de seis meses tras el envío de la carta de emplazamiento, reduciendo significativamente los plazos de espera. La institución europea también pondrá coto a las prórrogas en los plazos de las que han disfrutado hasta ahora los países con expedientes abiertos limitando su concesión a la primera fase del proceso y teniendo en cuenta si se han solicitado con anterioridad en otros casos.
Por último, la Comisión investigará proactivamente a todos los Estados miembros en lo relativo a las normas sobre libre circulación de trabajadores, bienes, servicios y capitales en el bloque. Si detectan incumplimientos en estos segmentos, abrirán procedimientos de infracción acelerados.
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