- La Justicia tumba la discriminación fiscal a los propietarios residentes fuera de la UE
- Momento crítico para los que viven en el exterior con inmuebles en España: ¿Fin al castigo fiscal?
La Comisión Europea envía una nueva carta a España para que ponga remedio a la "discriminación" fiscal a los no residentes y equipare la reducción por alquilar viviendas en el IRNR.
Nuevo capítulo en la larga disputa por la tributación de los ingresos obtenidos por los no residentes derivados del alquiler de inmuebles. La Comisión Europea envió ayer una nueva carta a España en la que insta al Gobierno a poner fin a la "discriminación" que sufre el colectivo al "no poder beneficiarse de la reducción fiscal del alquiler de viviendas en el país".
La notificación se produce al hilo de la denuncia presentada hace más de un año por el abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, quien explica a EXPANSIÓN que dicho trato discriminatorio se produce en el momento en que las reducciones por alquiler de vivienda se incluyen en la ley del IRPF y no en la del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), el equivalente para aquellos que residen fuera de España. Por ello, Hacienda viene negándose a aplicar los beneficios fiscales al colectivo, argumentando que el artículo 24.1 en la Ley del IRNR establece que el rendimiento íntegro obtenido por no residentes sin establecimiento permanente en España se determinará por remisión a las normas del IRPF "sin que sean de aplicación las reducciones".
En su opinión, que planteó a la Comisión en marzo de 2025, "las diferencias de tributación que resultan de dicha norma son muy importantes, absolutamente desproporcionadas y vulneran sin ninguna duda el Derecho de la UE".
Según corrobora el Ejecutivo comunitario que lidera Ursula von der Leyen, el diferente trato fiscal que reciben los propietarios no residentes y los residentes "supone una restricción a la libre circulación de capitales" y, pese a que la Comisión ha notificado esta cuestión con España en varias ocasiones -ya envió una primera carta formal al Gobierno en marzo de 2019-, "el país no ha modificado su legislación para eliminar este trato discriminatorio".
De hecho, desde entonces se han introducido nuevas reducciones para los caseros por las rentas obtenidas del alquiler, que llegan al 90% de la base imponible, aunque sólo aquellos afincados en España pueden aplicarlas, "lo cual sigue discriminando" a los no residentes.
Por ello, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento complementaria a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias que le ha señalado. De no hacerlo, concluyen, "la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado", avanzando así en el procedimiento de infracción, el cual podría terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), allanando el camino para que la Justicia nacional obligue a España a equiparar las reducciones.
La reducción de la base imponible de los ingresos recibidos por las rentas podría suponer un importante ahorro fiscal para los no residentes, teniendo en cuenta que estos tributan al 24% o al 19%, dependiendo de si son o no ciudadanos comunitarios. Poniendo un ejemplo, un arrendatario extracomunitario que cobre un alquiler de 15.000 euros anuales pasaría de pagar 3.600 euros al año a apenas 360 si pudiera aplicar la deducción del 90%; o 1.440 euros si redujera la base en un 60%.
La cuestión que vuelve a poner sobre la mesa la Comisión Europea tras enviar la carta a España también se encuentra dirimiéndose en la Audiencia Nacional. Aunque, en este caso, la resolución "todavía se retrasará meses", indica Del Campo.
En paralelo, los tribunales también están decidiendo otras cuestiones relacionadas con la tributación de las rentas cobradas por el arrendamiento de propietarios no residentes.
Entre ellas, el Tribunal Supremo ya estudia el recurso planteado por la Abogacía del Estado al fallo de la Audiencia Nacional que en agosto del año pasado admitió la desgravación de los gastos de la vivienda; o los diferentes tipos impositivos aplicados en el IRNR a los ciudadanos comunitarios y a los extracomunitarios -del 19% o del 25%, en cada caso"-, un punto "que está siendo cuestionado ante la Audiencia Nacional y cuya última palabra también tendrá el Supremo", detalla el fiscalista.
Advertencia al Gobierno
Las esperadas sentencias, sumadas a la creciente presión de Bruselas a España para que frene el trato de favor a los propietarios residentes en España, suponen una advertencia velada a las políticas del Gobierno en materia de vivienda. Especialmente, a la propuesta de introducir un Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea, una figura que, según se recoge en la proposición de ley presentada por el PSOE en mayo del año pasado, supondría la aplicación de un gravamen del 100% para todos los extracomunitarios que compren inmuebles de segunda mano en España.
La puesta en marcha del impuesto supondría un duro golpe para los inversores no residentes en la UE, en un momento donde la oferta de viviendas en alquiler es cada vez más reducida -y la demanda, cada vez más alta- por las medidas intervencionistas que el Ejecutivo ha aprobado en los últimos años, como los topes al alquiler o la moratoria de desahucios, las cuales han supuesto un incentivo para que los propietarios saquen sus inmuebles del mercado, buscando otras opciones más rentables y seguras para sus inversiones.
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