El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el Consejo de Interior de la UE celebrado este jueves en Luxemburgo Unión Europea
España Bruselas lanza un expediente sancionador contra el 'gran hermano' hotelero de Marlaska: "Vulnera la protección de datos"El Gobierno de Sánchez dispone ahora de un plazo de dos meses para rectificar si no quiere que el caso acabe ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Más información: Bruselas investiga el impacto del 'gran hermano hotelero' de Marlaska en la competitividad del sector turístico
Juan Sanhermelando Bruselas Publicada 4 junio 2026 12:50h Actualizada 4 junio 2026 12:57h Las clavesLas claves Generado con IA
La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este jueves un procedimiento de infracción contra España por el denominado 'gran hermano turístico', la normativa impulsada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar hasta 42 campos de datos personales de sus clientes. Bruselas considera que este Real Decreto (933/2021) vulnera la legislación comunitaria en materia de protección de datos.
El expediente sancionador arranca con el envío de una carta de emplazamiento a Madrid en la que el Ejecutivo comunitario detalla sus objeciones a la norma. El Gobierno de Pedro Sánchez dispone ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias detectadas.
Si las explicaciones no convencen a Bruselas, la Comisión podrá elevar la presión con un dictamen motivado y, en última instancia, llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Bruselas investiga si el 'gran hermano turístico' de Marlaska vulnera la normativa de protección de datos de la UELa normativa en cuestión exige a los proveedores de alojamiento, las plataformas en línea y las empresas de alquiler de automóviles que recopilen, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos gubernamental centralizada, accesible para las autoridades policiales.
A juicio de Bruselas, estas disposiciones "no cumplen los requisitos" de la directiva europea de protección de datos en el ámbito penal, que regula el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades policiales en el ejercicio de sus funciones y establece garantías para proteger el derecho fundamental a la protección de datos.
La Comisión Europea considera que "las categorías de datos personales recogidos y almacenados son excesivas, debido a la variedad de conjuntos de datos, incluidos los datos de pago y del GPS".
Además, el acceso por parte de las autoridades policiales "no se limita a fines específicos y explícitos", como exige la directiva. Finalmente, las autoridades españolas conservan todos los datos recogidos durante tres años, período que el Ejecutivo comunitario considera "desproporcionado".
En una respuesta parlamentaria el año pasado, el comisario responsable de Transporte Sostenible y Turismo, el conservador griego Apostolos Tzitzikostas, ya anunció que Bruselas supervisará además los efectos del Decreto en la competitividad del sector turístico, teniendo en cuenta el objetivo de "evitar que se impongan cargas adicionales a las empresas de este sector".
"En general, la Comisión pretende reducir en la UE la carga administrativa de las empresas y simplificar los procedimientos, especialmente en el caso de las pymes, lo cual incluye a las empresas turísticas", resalta Tzitzikostas.