Bruselas lanza un ultimátum contra el Gobierno de Sánchez por no haber resuelto el problema de los interinos en la administración pública
Macroeconomía Bruselas lanza un ultimátum contra el Gobierno de Sánchez por no haber resuelto el problema de los interinosEl Ejecutivo comunitario ya ha comunicado formalmente al Ejecutivo que perderá de forma definitiva 626,6 millones del fondo de recuperación por no sancionar los abusos de temporalidad en el sector público.
Más información: El TJUE ve insuficiente que España convierta a los interinos en indefinidos no fijos para sancionar la temporalidad
Juan Sanhermelando Bruselas Publicada 29 abril 2026 15:57h Actualizada 29 abril 2026 16:07h Las clavesLas claves Generado con IA
La Comisión Europea ha lanzado este jueves un doble ultimátum contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no haber resuelto el problema de los interinos en el sector público. Una inacción que vulnera la normativa de la UE para poner coto al trabajo temporal, así como los compromisos asumidos por España en el marco del plan de recuperación Next Generation.
De hecho, el Ejecutivo comunitario ya ha comunicado formalmente al Ejecutivo español que perderá de forma definitiva 626,6 millones de ayudas Next Generation -congeladas desde julio de 2025- por no haber tomado medidas suficientes para combatir la temporalidad en la administración.
El plazo de dos meses del que disponía Madrid para presentar sus alegaciones finales expiró a mediados de abril. El envío de este doble pliego de cargos confirma que las últimas explicaciones del Ejecutivo de Sánchez no han convencido a Bruselas y que la pérdida de estos fondos es ya irreversible.
El Gobierno presume de haber convocado 260.000 plazas para funcionarios, pero 1 de cada 3 aún tiene contrato temporalEl primero de los expedientes sancionadores obedece a que España no ofrece una protección efectiva frente al uso abusivo del encadenamiento de contratos temporales en el sector público.
Aunque la normativa de la UE exige a los Estados miembros adoptar medidas para prevenir y, en su caso, sancionar estos abusos, la legislación española sigue sin contemplar mecanismos suficientes contra determinados tipos de contratos temporales, según la evaluación de Bruselas.
Pese a que España ha modificado su marco normativo tras la apertura del procedimiento de infracción en 2015 y la última carta de emplazamiento enviada por la Comisión en octubre de 2024, las explicaciones facilitadas “siguen siendo insatisfactorias”.
Por consiguiente, Bruselas ha decidido enviar un nuevo ultimátum al Gobierno de Sánchez, que dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas correctivas necesarias. En caso contrario, el Ejecutivo comunitario podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El segundo expediente se debe a que la legislación española “mantiene condiciones laborales menos favorables para los trabajadores con contrato de duración determinada en el sector público en comparación con los trabajadores fijos”.
Según la Comisión, ello constituye una discriminación contraria al derecho de la Unión, motivo por el que ya abrió un procedimiento de infracción en 2014.
Si bien España ha resuelto y aclarado parte de las cuestiones señaladas en la última carta de emplazamiento -remitida en julio de 2024-, en otros aspectos las explicaciones siguen siendo insuficientes. También en este caso, el Gobierno de Sánchez dispone de dos meses para corregir la situación o se expone a acabar ante el TJUE.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ya ha dictaminado en numerosas ocasiones, a raíz de consultas realizadas por jueces españoles, que la legislación española no se ajusta a derecho comunitario porque no contempla sanciones suficientes contra el abuso de contratos temporales en el sector público.
En su última sentencia, el TJUE tachó de insuficiente que España convierta a los interinos en indefinidos sin plaza, aunque no precisó qué medidas de castigo concretas debería incorporar la legislación de nuestro país.