Bruselas pide al TJUE que multe a Sánchez por no aplicar la directiva que exime del IVA a pymes y autónomos Reuters
Macroeconomía Bruselas pide al TJUE que multe a Sánchez por no aplicar la directiva que exime del IVA a pymes y autónomosEspaña tampoco ha incorporado correctamente a su legislación nacional el régimen especial del IVA para bienes de segunda mano, obras de arte, objetos de colección y antigüedades.
Más información: Bruselas cambia las normas: España tendrá que cumplir y eximir de pagar el IVA a los pequeños autónomos
Juan Sanhermelando Bruselas Publicada 11 marzo 2026 12:26h Actualizada 11 marzo 2026 12:55hLas claves nuevo Generado con IA
La Comisión de Ursula von der Leyen ha pedido este miércoles al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) que imponga sanciones financieras a España por no aplicar correctamente la directiva europea que permite eximir del IVA a las pequeñas empresas y autónomos con una facturación anual reducida, de hasta 85.000 euros.
La norma en cuestión, cuyo objetivo es establecer un régimen moderno y simplificado de IVA para pymes, tiene como objetivo reducir los costes de cumplimiento, amortiguar las distorsiones de competencia tanto a escala nacional como de la UE y reducir el impacto negativo del efecto umbral que penaliza el crecimiento de las empresas.
España ha indicado a Bruselas que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para pymes prevista en la directiva, ya que su puesta en práctica es opcional para los Estados miembros.
La UE advierte a España: debe aplicar la norma comunitaria que permite eximir del IVA a los pequeños autónomosAunque esto es posible, el Ejecutivo comunitario replica que España sigue estando obligada a transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España acogerse al régimen de exención en otros Estados miembros.
"Esto es necesario porque, para que una pyme establecida en España pueda beneficiarse de la exención en otro país de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas", ha explicado la Comisión en un comunicado.
La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) anunció en diciembre del año pasado que había interpuesto una queja contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por incumplir esta directiva.
"Exigimos la implantación en España de un régimen real de simplificación/exención de IVA para pequeños negocios, alineado con la UE, que reduzca cargas administrativas y facilite el cumplimiento", reclamaba el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
"Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros", un incumplimiento que "tiene un enorme efecto sobre las actividades de los negocios y nos resta competitividad".
Servicios digitales y obras de arte
La denuncia del Ejecutivo comunitario contra España ante el TJUE incluye además una segunda directiva sobre el IVA que el Gobierno de Sánchez tampoco está aplicando correctamente.
Esta norma fija nuevas reglas para determinar dónde deben tributar determinados servicios digitales -por ejemplo, cuando se ofrecen por streaming- y actualiza el régimen especial del IVA para bienes de segunda mano, obras de arte, objetos de colección y antigüedades.
La falta de transposición por parte de España de las normas sobre servicios digitales podría provocar casos de doble imposición o, por el contrario, de ausencia de impuestos, ya que los otros 26 países de la UE sí han incorporado la directiva y aplicarán reglas diferentes.
Además, no aplicar las nuevas normas sobre el régimen especial de bienes de segunda mano y obras de arte también puede generar distorsiones de competencia dentro del mercado europeo.
Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor la legislación necesaria para transponer estas dos directivas a más tardar el 31 de diciembre de 2024.
A falta de comunicación por parte de España, la Comisión lanzó un procedimiento de infracción el 31 de enero de 2025, seguida de un dictamen motivado el 17 de julio de 2025 en el que exigía un cambio de legislación.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin notificar la incorporación de estas directivas a su derecho nacional. España es el único Estado miembro que no lo ha hecho.
Por ello, Bruselas ha decidido denunciar a España ante el TJUE, solicitando a la vez la imposición de sanciones financieras.