El comisario de Interior, Magnus Brunner, durante el debate de este martes en la Eurocámara Parlamento Europeo
España 50 días de la invasión en Ceuta La Unión Europea. Bruselas reprocha a Sánchez su gestión migratoria y culpa a Marruecos de utilizar a los migrantesLa crisis ha destapado la soledad de España en la política migratoria y ha provocado un enfrentamiento con las principales potencias.
Más información:El Parlamento Europeo condena el "ataque" y la "invasión" de Ceuta y exige una "investigación independiente"
Ana Núñez-Milara Publicada 19 septiembre 2026 05:00h Las claves Síguenos Las claves Generado con IACeuta es, junto con Melilla, la única frontera terrestre que la Unión Europea tiene en el continente africano. Y, con la libre circulación de personas, los 27 países comunitarios se sienten expuestos a las consecuencias de esta crisis.
Las instituciones comunitarias han movilizado fondos y recursos sobre el terreno pero, al mismo tiempo, una mayoría de gobiernos, incluyendo a los de la familia socialdemócrata europea, ha cuestionado la política migratoria de Pedro Sánchez y ha reclamado un endurecimiento en el control de las fronteras.
A este descontento se ha sumado la resolución aprobada este jueves por la Eurocámara, en la que se ha calificado de "invasión" la crisis en Ceuta y se han "condenado" los cruces desde Marruecos y la instrumentalización que el vecino lleva a cabo con la migración irregular como "herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro".
El veto de Sánchez a condenar a Marruecos aflora una mayoría de derechas en la UE y rompe la gran coalición de Von der LeyenTambién se ha acusado a Sánchez de ignorar "las advertencias" y pide una investigación independiente.
Este texto, que no tiene carácter vinculante pero sí lanza una poderosa señal política, fue respaldado por el PPE, los liberales y las derechas europeas, mientras que socialistas y las izquierdas votaron en contra, lo que ha supuesto una ruptura en la gran coalición de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Marruecos, consciente de que esta resolución podía haber sido más dura proponiendo cortar lazos comerciales con el bloque, intentó frenar o, al menos, suavizar esta resolución a través de correos electrónicos enviados a varios eurodiputados los días previos a la votación.
Reproches de los gobiernos UE
La crisis en Ceuta ha destapado la soledad de España en la ejecución de la política migratoria en la Unión Europea y ha provocado un enfrentamiento con las principales potencias del club, incluyendo aquellas gobernadas por la socialdemocracia.
El 1 de agosto, sólo un día después de la entrada masiva, 22 países dirigieron una carta conjunta al presidente del Consejo Europeo, António Costa y a Von der Leyen, así como al primer ministro de Irlanda (que ejerce la Presidencia rotatoria de los 27), para pedir una videoconferencia urgente de los ministros de Interior.
Exigieron estudiar el refuerzo o la reintroducción de controles temporales en las fronteras, y eso que todavía no se había autorizado ningún desplazamiento desde Ceuta hacia la Península.
Todos los miembros de la UE exigen a Sánchez que "restablezca el control de la frontera" y frene el efecto llamada de "la regularización"“No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la UE”, clamaron en esta carta inédita firmada por los líderes de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia.
De todos ellos, destaca la reacción de Italia. El Gobierno de Giorgia Meloni estableció ese mismo 1 de agosto controles fronterizos que prolongará, como mínimo, hasta el 29 de septiembre. Madrid respondió prácticamente de inmediato aplicando la misma medida para los viajeros procedentes de este país que viajen por vía aérea y marítima.
El ministro José Manuel Albares consideró de “vergüenza” la actitud de Roma y reprochó que su país registra actualmente el doble de entradas irregulares que España.
Francia también tomó medidas para reforzar los controles en la frontera. Alemania exigió a España que recuperara el control de la situación “lo antes posible”. Y Finlandia denunció que nuestro país “ha fracasado completamente” a la hora de proteger la frontera exterior.
La discrepancia y malestar se extendieron más allá de los gobiernos conservadores y alcanzaron a la familia socialdemócrata europea. Dinamarca, gobernada por Mette Frederiksen, llegó a sugerir incluso suspender a España del espacio Schengen.
Italia y Dinamarca rechazan la "inmigración descontrolada" tras la crisis de Ceuta y piden crear "centros de repatriación"Esta última reacción levantó la furia del ministro Albares, protagonizando un choque inédito entre miembros de un mismo club: “Ha habido momentos en que hemos echado en falta esa solidaridad de Italia y Dinamarca”, espetó, para recordar después que España ayudó a Roma en la crisis migratoria de Lampedusa en 2023 y rechazó la voluntad de Donald Trump de anexionarse Groenlandia.
Lejos de intentar europeizar políticamente la crisis, Sánchez ha mantenido una posición de choque con los gobiernos que han puesto en tela de juicio su política migratoria.
La presión sobre Ceuta desafía a Europa: ¿cómo defender una frontera común?En contra de la línea que han seguido las capitales europeas para reforzar el control fronterizo, el Ejecutivo español se desmarcó en el apoyo a la creación de los centros de detención que forman parte del Reglamento del Pacto Europeo de Asilo y aprobó la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas. La medida provocó recelos entre varios socios europeos, preocupados por que este flujo se pueda desplazar a través del espacio Schengen.
El comisario de Interior y Migración, el austríaco Magnus Brunner, llegó a advertir de que “un permiso de residencia no es un cheque en blanco” y pidió a España que garantizase que esta medida no tendrá consecuencias negativas en el resto de la Unión Europea.
Las grietas y tiranteces que ha provocado este episodio en el seno de la Unión Europea contrasta con la de la crisis de 2021, cuando unas 8.000 personas entraron en Ceuta en plenas crisis diplomática entre España y Marruecos por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
En aquel momento el respaldo a España fue unánime e inmediato con condenas en voz alta de todos los comisarios y gobiernos, que entendieron que el problema español era un asunto de todo el club.
Vivas pide ayuda
En medio de estas discrepancias y ante la desesperación de una realidad sobre el terreno asfixiante, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajó a Bruselas el pasado 8 de septiembre para pedir a las instituciones contundencia frente a Marruecos y reclamar que presionaran al Gobierno de Sánchez para acelerar las expulsiones que están llevando a la ciudad al límite.
Vivas fue recibido por el comisario de Interior y por la comisaria para el Mediterráneo, la croata Dubravka Šuica, responsable de las relaciones con Marruecos. Y aquí se sentaron las bases para una cooperación solidaria en la gestión de la crisis.
Albares contraprogramó este viaje con una visita ese mismo día a Bruselas para reunirse con los mismos comisarios que horas antes habían recibido a Vivas.
Ayuda sobre el terreno
La solidaridad europea no se ha quedado sólo en un compromiso verbal. Hasta el momento, la Comisión Europea ha aprobado una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros para reforzar la frontera de Ceuta, habilitar instalaciones para el registro y control de los migrantes y acelerar las deportaciones de quienes permanecen irregularmente en la ciudad.
Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) también han respondido a la petición de apoyo operativo que el Gobierno de Sánchez terminó formulando a finales de agosto, después de resistirse inicialmente a su despliegue. Las tres agencias reforzarán la asistencia a las autoridades españolas sobre el terreno.
Bruselas aprueba una ayuda urgente de 114,7 millones para reforzar la frontera de Ceuta y acelerar las deportacionesY, para acelerar las deportaciones, Bruselas ha acordado con España crear un grupo de coordinación integrado por representantes de la Comisión, las tres agencias europeas y los puntos de contacto designados por el Gobierno.
La ayuda podía haber llegado antes pero se retrasó porque el Ejecutivo tardó en responder a las peticiones de información de Bruselas. En la Comisión llegaron a quejarse de que “los responsables del Ministerio del Interior no les cogían el teléfono”.
Mirada al futuro
La gravedad de la crisis ha llevado a Bruselas a anunciar medidas extraordinarias que ayuden a gestionar los flujos migratorios masivos. La presidenta del Ejecutivo comunitario ha propuesto una "ley de emergencia" que permita diseñar un plan de devoluciones inmediatas.
De esta forma, se permitiría plantear la suspensión del procedimiento de asilo a aquellos migrantes que hayan sido "instrumentalizados en un ataque híbrido", en clara referencia a países como Marruecos, que utilizan estas fórmulas para presionar con fines particulares.
Se espera que la presidenta von der Leyen visite Ceuta próximamente en respuesta a la invitación por carta que Vivas le envió después del discurso sobre el Estado de la Unión en Estrasburgo. En esta misiva, el presidente recuerda que la ciudad autónoma no es el extremo meridional de Europa, sino "uno de los territorios en los que la Unión comienza".
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