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- La vivienda ya se abarata en la mitad de las capitales tras la caída de ventas
- Editorial. La crisis de vivienda no justifica los atajos legales
Resulta imprescindible liberar más suelo, poner fin a la incertidumbre regulatoria y, sobre todo, que el Gobierno confíe en el sector privado.
Mientras el Gobierno sigue aferrado ciegamente a su política intervencionista para intentar solventar la crisis de asequibilidad de la vivienda, los organismos internacionales le instan a reconocer de una vez por todas la realidad presente del mercado inmobiliario español.
Que nuestro país tiene un gravísimo problema de oferta derivado del enorme desequilibrio entre los ritmos de construcción de nuevos pisos y la creación de hogares en una sociedad que vive un boom migratorio. Y que las medidas desplegadas por PSOE y Sumar para tratar de contener el alza de los alquileres han agravado el déficit de oferta disponible en lugar de corregirlo debido a que muchos propietarios han retirado sus inmuebles del mercado a causa de la inseguridad jurídica.
De ahí que el Fondo Monetario Internacional insista en su informe más reciente sobre la economía española en la apremiante necesidad de que el Ejecutivo reduzca la pesada burocracia que dilata durante años la puesta en marcha de nuevas promociones para subsanar un déficit que supera ya los 800.000 pisos. El organismo dirigido por Kristalina Georgieva reclama "una acción más contundente" que el Plan Estatal recién acordado entre el Ministerio y las comunidades autónomas para dedicar 7.000 millones de euros en los próximos cinco años para viviendas destinadas al alquiler social.
También recuerda que resulta imprescindible liberar más suelo, poner fin a la incertidumbre regulatoria y, sobre todo, que el Gobierno confíe en el sector privado para deshacer la madeja liada por la combinación fatal de dirigismo político y burocracia.
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