"The rich man stands in front of me, the poor man behind my back, they believe they can control the game, but the juggler holds another pack" Peter Gabriel.
Salvador Illa dijo este fin de semana que "no hay nada más antipatriótico y antiespañol que negar más recursos a los ciudadanos para mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales de tu comunidad autónoma" al referirse al aberrante acuerdo de financiación entre el gobierno de Sánchez y ERC.
Señor Illa: no hay nada más antipatriótico y antiespañol que expoliar a Madrid y Andalucía para mantener a Sánchez en La Moncloa.
María Jesús Montero tiene tal desvergüenza que es capaz de presentar un acuerdo de privilegio para la burocracia de Cataluña que solo busca mantener a Sánchez en La Moncloa a costa del expolio a los contribuyentes, y tratar -sin éxito- de venderlo como algo positivo para Andalucía, que sale claramente perjudicada.
Presentarse a presidenta de la Junta de Andalucía tras firmar este acuerdo es como apagar un fuego dándole la manguera al pirómano.
Señor Illa: no hay nada más antipatriótico y antiespañol que expoliar a Madrid y Andalucía para mantener a Sánchez en La Moncloa
Si miramos el impacto económico del acuerdo, se ve cómo beneficia de manera desproporcionada a Cataluña y perjudica a Madrid especialmente.
Las comunidades más perjudicadas de mayor a menor impacto negativo en recursos autonómicos por habitante son Canarias, que mitiga el impacto con su fiscalidad y régimen específico, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía.
El acuerdo de financiación es una auténtica vergüenza, al ser un acuerdo bilateral entre dos partidos vinculante e impuesto al resto de comunidades.
El acuerdo se sostiene en dos pilares: dar un privilegio extraordinario a Cataluña, rompiendo el modelo de solidaridad, y además perjudicar a Madrid y Andalucía, incluyendo como obligatoria la obsesión con impedir la gestión de los impuestos a las autonomías que les molestan políticamente.
Esquerra Republicana no quiere bajar los impuestos a los catalanes, quiere seguir con el infierno fiscal que se ha impuesto en Cataluña y que Illa ha perpetuado.
Pero les molesta que Andalucía o Madrid reduzcan la carga impositiva y sean más competitivas.
El traje a medida de Montero con la financiación: blinda más dinero a Cataluña, 'topa' a Andalucía y castiga a MadridPor ello, ha impuesto en el acuerdo de financiación la exigencia de un esfuerzo fiscal equivalente en el resto de las autonomías.
Es decir, Sánchez y los separatistas exigen a todos ahogar a sus ciudadanos a impuestos para mantener los privilegios y el modelo extractivo de Cataluña.
El pacto concede a la Generalitat la capacidad de recaudar prácticamente el 100% de los impuestos generados en Cataluña y luego decidir cuánto aporta al Estado por los servicios que este presta.
Se introduce el llamado principio de ordinalidad ("Cataluña, primero"), por el que la comunidad no puede perder posiciones en recursos por habitante tras la redistribución, reduciendo de facto su contribución solidaria y, además, supeditándolo a que el esfuerzo fiscal de los demás sea tan elevado como el que imponen en Cataluña.
Otro aspecto vergonzoso de este acuerdo es que el principio de ordinalidad solo se garantiza a Cataluña, como ha tenido que admitir Montero, demostrando que no solo busca beneficiar a Cataluña sino perjudicar a Madrid.
Sánchez y los separatistas exigen a todos ahogar a sus ciudadanos a impuestos para mantener los privilegios y el modelo extractivo de Cataluña
Es la obsesión del sanchismo y el independentismo depredador, que se convierte en centralista al imponer a los demás la fiscalidad catalana.
El acuerdo condiciona la "solidaridad" catalana a que el resto de las comunidades igualen el "esfuerzo fiscal" de Cataluña, lo que en la práctica significa presionar para subir impuestos allí donde son más bajos, especialmente Madrid.
El modelo rompe la caja común al crear una Hacienda propia catalana que duplica estructuras y encarece hasta en un 80% los costes de recaudación frente al sistema estatal, según advierten los propios inspectores de Hacienda.
El recorte en la caja común supondrá un coste de al menos 10.000 millones anuales para las comunidades de régimen común, con pérdidas de entre 200 y 600 euros por habitante.
María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en el Congreso. Fernando Sánchez / Europa Press
El PSOE vende el modelo como exportable y beneficioso para todas las comunidades, pero es en realidad la firma de un privilegio singular irreproducible, pensado para blindar el poder del independentismo y el PSC en Cataluña y castigar el éxito fiscal y económico de otras regiones, especialmente Madrid.
Esquerra separa a Cataluña del régimen común, pero a la vez usa al Estado para financiar su deuda, condonaciones y gasto, a diferencia del concierto vasco, que implica mayor responsabilidad fiscal.
Además de separatistas son centralistas al exigir que se imponga la misma fiscalidad confiscatoria que ellos hacen sufrir a los catalanes.
Este modelo pervierte el Estado autonómico, lo acerca a un sistema confederal pero centralista donde se elimina toda autonomía para bajar impuestos y además beneficia a los ricos en un ejercicio de redistribución inversa, erosionando el principio constitucional de solidaridad interterritorial.
A corto plazo, el Estado pierde ingresos en un contexto de déficit estructural superior a 55.000 millones de euros anuales y deuda pública total por encima de 2,1 billones de euros (pasivos totales), lo que obliga a más impuestos o más endeudamiento.
Para los catalanes, esta "financiación singular" no garantiza mejores servicios, sino más burocracia, intervencionismo y mantenimiento de una de las presiones fiscales más altas de España.
Este modelo pervierte el Estado autonómico, lo acerca a un sistema confederal pero centralista donde se elimina toda autonomía para bajar impuestos
Para Madrid, que ya aporta el 70% de los recursos de la caja común, es la comunidad más solidaria y la que recibe menos comparado con lo que aporta, es un intento de demoler su sistema fiscal y de convertir a la comunidad de Madrid en el cajero automático del modelo confiscatorio del socialismo y el independentismo.
En vez de tomar ejemplo de los buenos resultados de Madrid, lo que quieren es sabotear a la comunidad para que todos los españoles seamos expoliados como le gusta al socialismo.
Es lógico. El socialismo no busca el progreso sino el control, y Madrid es el modelo a derrumbar.
El problema del modelo de financiación de las autonomías en España parte de un grave problema: que todas se consideran infrafinanciadas porque consideran que todo y cualquier gasto es esencial.
Se ha abandonado completamente el concepto de administración para convertir las autonomías en una máquina que solo puede aumentar gasto e impuestos y donde priorizar parece ser una palabra maldita.
En vez de avanzar hacia un modelo de verdadera responsabilidad, más federal y similar al del concierto vasco con un tramo de solidaridad definido correctamente y bien analizado con auditoría de cumplimiento, este acuerdo solo consigue hacer el sistema más complejo, discrecional e injusto.
Eel presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press
Es un acuerdo para dar privilegio a Cataluña y perjudicar a Madrid, que se convertirá en la única comunidad autónoma que contribuya de manera relevante a la caja común.
Hace más pobres a las regiones más desfavorecidas y encima las condena a subirle los impuestos a sus ciudadanos.
El PP debe ponerse en contra de esta aberración y además anunciar que, si se implementa, lo derogarán si llegan al gobierno. Sin tapujos.
PP y Vox deben recordar a los ciudadanos que este es un acuerdo de privilegios para la burocracia catalana cuyo único objetivo es que Sánchez siga en La Moncloa a costa del expolio de todos los españoles, catalanes incluidos.
Ambos partidos deben presentar un modelo autonómico que dé más capacidad de gestión de impuestos y que no se convierta en un sistema de incentivos perversos donde el que peor lo hace recibe más ayuda.
PP y Vox deben recordar a los ciudadanos que este es un acuerdo de privilegios para la burocracia catalana cuyo único objetivo es que Sánchez siga en La Moncloa
Debemos avanzar a un sistema de responsabilidad fiscal total donde la solidaridad no sea una palabra sino un ejercicio accionable y con auditoría de resultados, donde las autonomías no se acostumbren a gastar y subir impuestos como única política fiscal.
La solución es más autonomía, no más privilegios.