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El Gobierno debería asumir las medidas que sí tienen el aval del Congreso para solventar esta crisis.
Dos votaciones en el Congreso de los Diputados van a dejar claro hacia dónde quiere la mayoría de los representantes de los españoles que se oriente la política en materia de vivienda en España. La crisis de asequibilidad se ha convertido en la principal preocupación ciudadana según todas las encuestas, incluido el CIS de Tezanos.
Lo que aumenta si cabe la relevancia de todas las medidas que puedan adoptar las distintas Administraciones Públicas: las comunidades autónomas, depositarias de las competencias, los ayuntamientos, por ser los organismos más cercanos al ciudadano, y el Gobierno a raíz del despliegue de la polémica Ley de Vivienda, que ha tenido efectos devastadores sobre la oferta disponible en el mercado residencial. A pesar del constatable fracaso del intervencionismo practicado por PSOE y Sumar (y antes Podemos), las formaciones que integran la coalición gubernamental insisten en arrogarse la autoridad para determinar qué políticas convienen al sector, a quienes tratan de acceder a una vivienda y a los propietarios de pisos.
Sin embargo, no disponen de los apoyos parlamentarios necesarios para su ratificación en la Cámara Baja. Junts confirmó ayer que votará en contra del decreto para congelar y prorrogar dos años los alquileres en vigor aprobado en paralelo al paquete de ayudas frente a la guerra en Irán, lo que, salvo cambio de última hora, hará decaer el texto, que apenas habrá estado en vigor un mes. Y es que pese a ser el socio clave de la legislatura para Pedro Sánchez, los separatistas catalanes sostienen planteamientos opuestos en el ámbito económico, más próximos a los de PP y Vox que a los del PSOE y Sumar.
Prueba de ello es que los tres grupos de derecha y centroderecha sumaron recientemente sus votos en el Congreso para validar el plan sobre vivienda elaborado por los populares como alternativa al aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros, y que propone suprimir los límites al precio de los alquileres, rebajar los umbrales para considerar a una familia vulnerable y los plazos para ejecutar desahucios, o agilizar las licencias para nuevas promociones inmobiliarias.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió ayer a estas formaciones que "estén a la altura" y convaliden el decreto sobre alquileres que Sumar impuso a Sánchez. Mejor haría el Ejecutivo asumiendo las medidas que sí tienen el aval del Congreso para tratar de solventar la crisis agravada por su dañina gestión.
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