El vicepresidente primero y ministro de Economía espera que el sector de defensa siga creciendo al calor de la inversión de 10.000 millones anunciada por el Ejecutivo.
Indra atraviesa una crisis institucional marcada por un enfrentamiento directo y abierto entre su presidente, Ángel Escribano, y el Gobierno de España a través de la SEPI. El detonante es el presunto conflicto de interés derivado de la posible integración de Indra con la empresa familiar EM&E, propiedad de los hermanos Escribano. Mientras el Ejecutivo reclama la dimisión del presidente para garantizar la neutralidad del "campeón nacional" de Defensa, Escribano ha optado por resistir.
En este contexto, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trata de despejar cualquier influencia del Ejecutivo de la ecuación. En una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia, asegura que es responsabilidad de los órganos de gobierno de Indra resolver las cuestiones relativas a la dirección de la empresa.
Desde la prudencia, asegura Carlos Cuerpo que "las decisiones relativas a los dirigentes o los órganos de dirección de esta empresa (...) se toman en los órganos de gobierno". Sin entrar a analizar el conflicto de interés en la frustrada integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), al ser Ángel Escribano presidente de Indra y dueño, con su hermano Javier, de EM&E, ni las posteriores maniobras del Ejecutivo en las que, tal y como publicó EXPANSIÓN, Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, pidió la renuncia de Escribano.
Cuerpo asegura que espera que no sólo esta empresa, sino el resto del sector de defensa siga creciendo, y recuerda el plan que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de más de 10.000 millones de inversión. E insiste en que el 80% de la inversión se quedará en empresas españolas y hasta el 90% en empresas europeas, lo que hará crecer al sector.
Vigilancia de los precios de la gasolina
Además, en plena operación salida de Semana Santa, el Gobierno pone la lupa sobre las 12.700 gasolineras repartidas a lo largo y ancho del territorio español. Una de las cuestiones en las que se hizo hincapié algo más de una semana después de la aprobación del primer paquete de ayudas para amortiguar el impacto de la guerra en Irán era cómo iba a hacer el Ejecutivo para garantizar que las rebajas de impuestos a los carburantes se trasladaban a los precios.
El vicepresidente primero Carlos Cuerpo asegura en la entrevista para La Vanguardia que se están monitorizando los precios de las miles de estaciones de servicio para que no se produzca una distorsión o absorción por parte de la distribuidoras de la rebaja de impuestos.
Cabe recordar que el tipo impositivo para la gasolina y el gasóleo ha bajado del 21% al 10%, lo que supone un ahorro estimado de entre 23 y 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros menos por depósito en un coche medio. En este sentido, Cuerpo asegura en la entrevista que la rebaja de impuestos ya se está notando en las gasolineras, que en un 90% de los casos han reducido los precios respecto al día previo a la publicación en el BOE del decreto de medidas.
Recuerda el vicepresidente que este análisis de precios se ha de hacer descontando el impacto de los márgenes de refino y de la subida de crudo a nivel internacional. Así, recuerda igualmente que se ha provisto de mayores herramientas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que puedan reclamar más información y datos relacionados con los costes, de cara a tener un análisis específico de las estaciones de servicio.
Está por ver cómo se traslada en la evolución general de los precios de consumo la rebaja lograda para los carburantes con el decreto, toda vez que el primer incremento de costes de los carburantes ya ha provocado un fuerte repunte de la inflación en marzo, hasta situarse en 3,3% tras haber aumentado en un punto porcentual en tan solo un mes -el mayor avance desde hace seis años-.
Es por ello que el ministro de Economía apunta que, además de que las medidas aprobadas surgen de un riguroso proceso de análisis y consulta a los sectores más afectados y a los agentes sociales -también grupos parlamentarios y expertos económicos-, estas se han abordado desde un prisma de visión a medio y largo plazo, y con un elevado grado de flexibilidad poder seguir ahondando en ellas si los efectos de la guerra se agravan.
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