El ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha iniciado su 'defensa' en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana el 29 de octubre de 2024 en la que murieron 231 personas. El ex líder del PP no figura como imputado en la causa porque, dada su condición de aforado como diputado autonómico, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano rechazó la exposición razonada que elevó la magistrada Ruiz Tobarra. El tribunal consideró que hay indicios razonados suficientes contra Mazón que se desprendieran de las diligencias practicadas, hasta ese momento, por el juzgado.
Ahora es la representación jurídica del ex jefe del Consell quien trata de desmontar cada una de las tesis de la instructora en un escrito de 66 páginas que firma el penalista Ignacio Gally y en el que desmonta la principal tesis tanto de las acusaciones como de la jueza: el retraso en el envío del Es-Alert no provocó las muertes.
"Para atribuir el resultado [el fallecimiento] al retraso habría que demostrar que la diferencia entre recibir el mismo aviso alrededor de las 20:00 horas o recibirlo a partir de las 20:11 horas fue precisamente lo que determinó que aquella persona falleciera. Debe probarse qué conducta habría podido realizar durante esos 11 minutos, que realmente la habría realizado y que su ejecución habría impedido el fallecimiento con un grado de probabilidad rayano en la certeza", explica el abogado en el escrito.
Es más, considera imposible determinar "con el grado de certeza exigible en Derecho penal" y de manera individualizada que cada una de las víctimas no hubiera fallecido "si hubiera recibido algunos minutos antes el mismo mensaje que fue enviado a las 20:11 horas recomendando evitar desplazamientos". Examina el escrito las piezas recogidas en el sumario de 42 de los 231 fallecidos y concluye que "ese nexo causal no existe".
Mazón reclama al juzgado que concrete si, a la vista del estado actual de la investigación, subsiste "algún hecho positivo o acción concretamente atribuible a Mazón" o "algún indicio o línea de investigación abierta o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción" del ex presidente o "suficiente contenido fáctico para permitir a esta defensa conocerla y proponer las diligencias de investigación y prueba de descargo que estime pertinentes".
Al mismo tiempo, durante las páginas de extenso escrito, desmonta los argumentos que la jueza ha ido desgranando en sus autos. Comienza recordando, como indicó también el TSJ, Carlos Mazón no ostentaba la posición de garante de la seguridad de los ciudadanos, que recaía, por sus competencias, en la consellera Salomé Pradas. Por tanto, no pudo cometer el delito de omisión.
El abogado de Mazón, Ignacio Gally, en los juzgados de Catarroja.EFEAdemás, estiman que no se han hallado pruebas de que el entonces presidente "impartiera instrucciones para determinar o modificar el contenido del Es-Alert", que a las 19.45 horas ya tenía materializada "la configuración esencial de los dos mensajes" y que la "discusión técnica" sobre incluir instrucciones relativas a las plantas altas "aparece vinculada al debate desarrollado entre los responsables presentes o conectados al CECOPI, sin intervención de mi representado", recoge Gally.
También fija postura sobre si los mensajes cruzados entre el ex jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y Pradas. "Los mensajes de Cuenca comienzan a las 19.54 horas. Por consiguiente, aquellos mensajes no pueden haber causado una decisión adoptada nueve minutos antes. No consta que actuara siguiendo instrucciones de Carlos Mazón cuando remitió sus mensajes a Salomé Pradas. El propio Cuenca ha explicado un origen distinto de sus opiniones, relacionado con su conversación con Cayetano García", asegura. Insiste, además, en que, por la cronología, la hipotética intervención del entonces presidente no hubiera podido determinar "que el primer Es-Alert tuviera un contenido diferente del que habría tenido en ausencia de aquella intervención".
A esto suma el letrado que Salomé Pradas ha negado que aquellos mensajes de Cuenca determinaran su actuación y que no consta "una orden de Carlos Mazón de paralizar ninguno de los envíos" y ningún técnico de los que ha declarado en el tribunal atribuye a "una instrucción de Carlos Mazón el tiempo empleado hasta el envío".
Para la defensa, las dos hipótesis de la instructora sobre la intervención de Mazón, directa o a través de Cuenca, quedan invalidadas. Además, recuerda que el TSJ ya expuso que en su escrito había una "orfandad acreditativa" al sostenerse sobre hipótesis contradictorias al, por un lado, sugerir que dio "órdenes directas y restrictivas de forma imperativa a través de su jefe de gabinete para entorpecer o limitar la toma de decisiones preventivas en el CECOPI" y, a la vez por otro, sostener que "estaba totalmente ajeno e incomunicado de la situación real de emergencia".
Mazón solicitó hace meses personarse en la causa algo que, tras la negativa de la jueza, avaló la Audiencia Provincial. Esa condición le permite haber accedido al sumario y le otorga la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias o la nulidad del proceso en cualquier momento.
Morant: "Llegaron tarde"
La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reaccionado al escrito del ex presidente en la red X: "Casi dos años después, siguen sin ser capaces de reconocer lo evidente: llegaron tarde cuando más importaba".
"Una alerta a tiempo podría haber cambiado el destino de 231 personas. Negar la realidad no devuelve a nadie, pero deja claro que hay quienes siguen sin querer asumir sus responsabilidades", aseguró.