La última sesión de control al Govern en el Parlament dejó patente que el modelo de financiación singular para Cataluña acordado con Esquerra Republicana, las medidas pactadas con Comuns para intervenir el mercado de la vivienda o la crisis de la peste porcina africana no son los únicos quebraderos de cabeza que hoy tiene el Ejecutivo del PSC. Visiblemente airado, el president Salvador Illa se expresó de este modo ante las preguntas de algunos grupos de la oposición sobre el caso DGAIA, las irregularidades en el servicio de protección de menores de la Generalitat detectadas en la última década: «No encubro nada ni tengo necesidad de hacerlo, pero tampoco voy a dar pábulo a falsas denuncias e insinuaciones».
Pero el jefe del Govern fue un paso más allá y, ante la interpelación del diputado de la CUP Xavier Pellicer sobre el testimonio protegido de un trabajador en la investigación que lleva a cabo la Oficina Antifraude, dijo: «Si hay personas que denuncian cosas que se hicieron mal hace tiempo, que no se escondan tapándose la cara, que vayan a denunciarlo donde hay que hacerlo».
Era la primera vez que Illa se refería directamente al educador social que denunció ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico) y Antifraude pagos indebidos por parte de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) en concepto de prestaciones a jóvenes ex tutelados que no cumplían los requisitos.
Un demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas puso cifras, el pasado junio, a unas prácticas irregulares que, de secreto a voces, pasaron a partir de ese momento a estar sobre un documento oficial impreso. El órgano fiscalizador externo de las cuentas y la gestión financiera del sector público catalán detectó «pagos indebidos» por parte de la Generalitat en concepto de prestaciones sociales. En concreto, 167,56 millones de euros, de los cuales 7,17 millones eran parte de expedientes ya prescritos, correspondientes a 17 ayudas de la cartera de Derechos Sociales en el periodo 2016-2024, como las pensiones no contributivas, la renta garantizada de ciudadanía o las prestaciones a personas con dependencia y a jóvenes ex tutelados. En los pormenores de los cerca de 400 folios, la Sindicatura de Cuentas advertía de irregularidades en 4,7 millones de euros que salieron de la DGAIA. Estos datos completaban un informe anterior, presentado en noviembre de 2024, en que la Sindicatura alertaba de irregularidades en la contratación pública por parte de este organismo, entre 2016 y 2020, mediante el procedimiento de emergencia.
Consejería de ERC
El Govern ha intentado pasar de puntillas sobre un caso que afecta de lleno a la etapa en que la consejería de Derechos Sociales, responsable de la DGAIA, estuvo en manos de ERC, su principal socio de investidura. Los republicanos controlaron esta cartera, prácticamente de forma seguida, entre enero de 2016 y agosto de 2024 (salvo el año y medio que estuvo en manos de Junts, de mayo de 2021 a octubre de 2022).
La estrategia de Illa en estos últimos meses ha sido la de no mirar hacia atrás, sino optar por medidas quirúrgicas con las que, argumenta el Govern, el servicio funcionará de forma «más transparente y eficaz». Algunas sin una explicación clara, como la destitución en marzo de la directora y el subdirector, Isabel Carrasco y Joan Mayoral, apenas medio año después de su nombramiento, hecho por el propio PSC. Y otras que la oposición ha afeado como una simple capa de pintura. Es el caso del cambio de nombre de la DGAIA, que desde junio se denomina DGPPIA (Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia).
Fuentes conocedoras del caso aseguran que ya ha habido conversaciones entre la Oficina Antifraude y la Fiscalía, que ha mostrado interés por los hechos denunciados por un trabajador de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis sobre mala praxis en las prestaciones sociales a los adolescentes gestionadas a través de entidades del tercer sector (sin ánimo de lucro). La mayoría englobadas en Plataforma Educativa, organización que, entre 2016 y 2023, gestionó en conjunto más de 300 millones de euros. La investigación de Antifraude, que el propio ente fiscalizador califica como «muy laboriosa y compleja», determinará si existen responsabilidades administrativas o penales en las adjudicaciones indebidas de dinero público.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas también abrió en octubre diligencias preliminares sobre las prestaciones que el informe de la Sindicatura señaló como «indebidas».
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«Se trata de dejar atrás la DGAIA, refundarla y que sea más efectiva», dijo a finales de mayo la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, al anunciar los cambios en el nombre y la estructura de la dirección de atención a menores de la Generalitat. Sin embargo, la sombra de la DGAIA persiste como una de las piedras en el zapato del segundo año de mandato de Illa. Al margen de la comisión de investigación creada en octubre en el Parlament, partidos ideológicamente dispares como PP, Vox, CUP y Aliança Catalana han coincidido en pedir explicaciones a Illa y a la consellera en casi todas las últimas sesiones de control al Govern.