'Caso Maricarmen': el pretexto para atacar la propiedad privada

• JOSÉ LUIS RUIZ BARTOLOMÉ

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• Las principales medidas del nuevo decreto de vivienda, explicadas una a una
• Decreto de la vivienda: Los Monty Python o el Gobierno del disparate

Theda Skocpol es una reconocida socióloga feminista que ejerce su profesión en la universidad de Harvard. En su obra más conocida, Protecting soldiers and mothers, Skocpol alerta de que muchas veces las normas que pretenden protegerte lo que hacen es precisamente lo contrario, te expulsan del terreno de juego. Ella así lo había constatado estudiando la legislación laboral americana al respecto de las mujeres. Con apariencia buenista, esas leyes perpetúan una situación injusta.

Eso es precisamente lo que está pasando con el mercado de la vivienda desde que los comunistas en sus distintas versiones -Podemos, Sumar, Bildu, ERC, etc.- y los socialistas anidaron en La Moncloa en 2018. En aquel año el mercado nacional todavía tenía
oficialmente concluida en 2014, aunque ya recuperado claramente desde que había tocado fondo. La capacidad de producción del país había pasado desde las apenas treinta o cuarenta mil viviendas de 2010 y 2011 hasta cerca de las noventa mil. Mientras tanto, el número de hogares creados en el país prácticamente igualaba al de viviendas terminadas. Sin embargo, a partir de 2020 algo cambió. La creación de hogares se disparó hasta casi triplicarse en 2022 y 2023. Al mismo tiempo, la capacidad de producción se estiró todo lo que pudo, alcanzando picos anuales superiores a las cien mil unidades, pero muy lejos de los hogares necesarios. ¿Qué había pasado, en un país con cohortes de población decrecientes y natalidad por los suelos desde hacía décadas? Sin darnos cuenta estábamos siendo víctimas de un Gobierno que había apostado por un modelo económico basado en la inmigración masiva y descontrolada. Pero sin generar el ecosistema adecuado ni fomentar las infraestructuras necesarias para amoldar el país a esa circunstancia. Cerca de cuatro millones netos desde la llegada de Sánchez al poder, esto es, un 8% más de población en un periodo muy corto de tiempo. En las grandes ciudades, cualquiera ha podido comprobar la congestión de metro y cercanías, las colas en la sanidad pública y la saturación de los servicios sociales.

Este hecho ha generado una tensión nunca vista en el mercado de la vivienda. Frente a ello, el Gobierno de Sánchez ha ido capeando el problema como si se tratara de una mera crisis de comunicación que se resuelve sencillamente. Así, cada equis meses, ha lanzado con toda fanfarria planes de construcción de vivienda que jamás ha puesto en marcha, elevando la apuesta cada vez más. Y a mitad de su mandato, seguramente llevado por la endeblez de su mayoría, dejó en manos de sus socios comunistas la elaboración de una ley de vivienda y en general la mayoría de acciones vinculadas con este asunto. Medidas todas con buena apariencia, medidas sencillas y buenistas que, como dice la feminista Skocpol, perjudican a los que pretende proteger.

Así pues, cuando se establece un precio máximo de alquiler -zona tensionada- el efecto es la reducción de la oferta de vivienda disponible, la caída de la inversión, el incremento las viviendas destinadas a otros usos, el encarecimiento de los alquileres de las zonas donde no hay topes, y el aumento los pagos en 'b'. Igualmente, si estableces una moratoria para vulnerables, lo que acaba sucediendo es que se incentiva el incumplimiento del vulnerable y, por tanto, el verdadero vulnerable acaba expulsado del mercado.

El Gobierno de la Nación ha pasado durante los últimos meses su peor momento. La situación judicial de los más cercanos al presidente, los casos de corrupción del partido, y la crisis de Ceuta estaban llevando Pedro Sánchez al cadalso político. Necesitaba una maniobra de distracción, y la realidad es que la manipulación grosera del caso Maricarmen, con la percha del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido suficiente para que el circo mediático haya cambiado el foco a la pista que Moncloa ha preparado.

La acampada de Sol nos ha devuelto a la España de la crisis de la década pasada. Como decía Marx, la historia se repite dos veces: la primera vez como la tragedia que vivimos en aquellos años, y ahora como la miserable farsa a la que estamos asistiendo estos días con el colofón del llamado "decreto Maricarmen", parto finalmente múltiple en otra de esas jugadas comunicativas que tanto gustan en el edificio Semillas de Moncloa.

Ambos decretos son un despropósito, en forma y fondo. La Exposición de Motivos del primero avergüenza a cualquier jurista educado en un entorno democrático. Una técnica legislativa depurada exige conceptos determinados y objetivos, medibles. Pero lo que nos encontramos son formulaciones subjetivas y valorativas. En algunos casos se establecen afirmaciones absolutamente bochornosas, como cuando califica a la tal Maricarmen como "víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz". El texto está jalonado de conceptos confusos, contradicciones, definiciones imprecisas, fallos de ortografía, frases repetidas,... dando la impresión de que ha sido editado utilizando una versión gratuita (y por tanto, falible) de inteligencia artificial. Abominable y tercermundista. La del segundo está algo más cuidada pero, atención, y esto es absolutamente novedoso, reconoce que hay un artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el 10, que, aunque ya ha sido modificado en el primer decreto, de nuevo se modifica. Una auténtica burla.

Mientras tanto, el contenido de los decretos no sólo no trae ninguna solución que vaya al fondo de la cuestión, sino que son una verdadera amenaza al Estado de Derecho, impropios de una democracia liberal. Atenta directamente contra algunos de los principios constitucionales fundamentales, como son la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad y la libertad de empresa.

La lista de aberraciones es larga: establece limitaciones a la compra de inmuebles según su precio -un buen negociador es calificado de estafador-; paraliza los desahucios incluso con sentencia firme; incrementa los impuestos a la tenencia según el uso al que se destine la vivienda (IBI) y a las sociedades especializadas en gestión inmobiliaria (SOCIMI); se restringe hasta límites insospechados la libertad contractual en el arrendamiento como la recalificación forzosa de los contratos, las actualizaciones de renta topadas, y la irrenunciabilidad de los derechos de tanteo y retracto. Se llega incluso a aplicar retroactividad en los contratos de arrendamiento en cuanto a su duración, la actualización de rentas y la tramitación de desahucios. El segundo decreto trae una de las medidas más polémicas, que consiste la obligación del arrendador de indemnizar al arrendatario con mínimo un año de rentas sencillamente si no quiere prorrogar válida y legítimamente el contrato cuando llegue a término. Aun cuando hay bastantes excepciones, no deja de ser sorprendente.

España tiene dos problemas: una demanda inesperada y masiva, y una oferta menguante merced a una regulación agresiva con el propietario. Por tanto, la solución sólo puede venir por medidas que contengan o disminuyan la demanda, y medidas que amplíen la oferta. La principal, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. El Gobierno puede prohibir por decreto la ley de la gravedad, pero las cosas seguirán cayendo por su propio peso.

José Luis Ruiz Bartolomé | Conurbia Invest

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