La Generalitat y los Mossos asocian las penas leves en España respecto a otros países europeos con el auge de la criminalidad ligada al tráfico de marihuana
Regala esta noticia Añádenos en Google Armas de fuego cortas. (EP)Barcelona
12/06/2026 a las 12:20h.Penas más duras para los delitos de tráfico de marihuana y la tenencia de armas de fuego. Es la respuesta del gobierno catalán ante la ... escalada de tiroteos que se vive en Cataluña, y muy especialmente en Barcelona y su área metropolitana. Lo avanzó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este jueves, y lo han concretado este viernes la consejera de Interior, Núria Parlón, y el director general de la policía autonómica, José Luis Trapero.
El último tiroteo se produjo este miércoles, en el centro de Barcelona, prácticamente frente a una comisaría de la Policía Nacional y a 800 metros del perímetro cerrado de máxima seguridad por la visita del Papa León XIV. Los mossos creen que se trata de una «ejecución» en el marco de la guerra entre clanes de la droga montenegrinos que se libra en toda Europa —los expertos hablan de 80 asesinatos en todo el continente— , a la que la policía autonómica asocia cuatro asesinatos en esta comunidad.
Illa pide cambios en el Código Penal
«Acabaremos con estos hechos, que nadie tenga duda» aseguró el presidente de la Generalitat horas después del tiroteo. «Las armas deben tenerlas los agentes de seguridad, no los ciudadanos» zanjó Illa al ser preguntado por el aumento de los delitos con armas de fuego, reconociendo la alarma social provocada por estos incidentes.
En este contexto, el presidente catalán recordó que Generalitat y ayuntamientos catalanes han impulsado ya una reforma del Código Penal para castigar más duramente la reincidencia, proyecto que llegó recientemente al Congreso de los diputados. Y apuntó a la misma vía para endurecer los delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas.
Paralelamente, la consejera Parlón aprovechaba la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Barcelona para avanzar en una reunión privada las pretensiones del gobierno catalán, aunque la Generalitat todavía está preparando el texto legal que deberá enviar al Congreso para esa reforma del Código Penal, y convencer tanto al PSOE como a sus socios de Sumar de que esta es la vía para atajar el problema.
Delitos que salen baratos
En este sentido se manifestaba este viernes el director general de la Policía catalana, que aboga por acercar el Código Penal español a las penas por tráfico de marihuana y tenencia de armas de países de nuestro entorno como Italia o Alemania. La marihuana está considerada como una «droga blanda» por la legislación española, lo que limita las penas por tráfico de uno a tres años, con un máximo 12 años con todos los agravantes de crimen organizado. En Europa la media es de 1 a 20 años y en Alemania, por ejemplo, el rango de penas más habitual está entre los 5 y los 10 años, una media superada por las legislaciones de Francia o Italia. Lo mismo sucede con la tenencia de armas.
Hoy en día llevar un arma de fuego en España «sale bastante gratis» y las condenas actuales no tienen ningún efecto disuasorio real sobre las organizaciones criminales, se lamentaba Trapero, tras la reunión de urgencia protagonizada con Parlón y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, ante la cúpula de la policía autonómica tras el tiroteo del miércoles. La posesión de este tipo de armas «pocas veces conlleva entrar a prisión», se lamentaba Trapero, ya que las penas actuales se sitúan entre 1 y 2 años por armas cortas y entre 6 meses y un año por armas largas.
La Generalitat quiere un aumento del castigo que sirva para frenar la proliferación de armas en Cataluña, sobre todo el de las cortas, que son más fáciles de camuflar y que en lo que va de año —hasta mayo— representan el 70% de las intervenidas por la policía catalana. Apuntan a la necesidad de garantizar la entrada en prisión de las personas que portan armas. «No somos EEUU, no tenemos esta cultura de las armas en la calle», defendió el director general de policía.
Así, el gobierno catalán aboga por elevar las penas hasta los cuatro, cinco o seis años, en línea con otros países europeos. El objetivo, aseguran, es doble: que los delincuentes no se sientan cómodos llevando pistolas por la calle y que los jueces tengan más margen para acordar prisiones provisionales cuando se detectan armas en manos de grupos criminales.
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