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¿Causará una presa la próxima tragedia? Un millón de personas en zonas de riesgo, "silencio del Gobierno" y "falta de inversión"

¿Causará una presa la próxima tragedia? Un millón de personas en zonas de riesgo, "silencio del Gobierno" y "falta de inversión"
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Los ingenieros advierten: de las 375 grandes presas de titularidad estatal, el 75 % requiere estudios complementrios de seguridad, el 65 % necesita renovar sus sistemas de auscultación y el 30 % precisa de refuerzos estructurales. "El 70 % del personal declara tener niveles elevados de estrés", aseguran los expertos. "La inversión debería ser de unos 150 M al año y está entre 60 y 80". Más información: Las lluvias llenan los embalses españoles, pero ¿están los suelos y los bosques preparados para absorber tanta agua?

Numerosas asociaciones de ingenieros han remitido cartas al MITECO para reclamar una mayor inversión en la infraestructura hidráulica española. Arte / E. E.

Reportajes ¿Causará una presa la próxima tragedia? Un millón de personas en zonas de riesgo, "silencio del Gobierno" y "falta de inversión"

Los ingenieros advierten: de las 375 grandes presas de titularidad estatal, el 75 % requiere estudios complementrios de seguridad, el 65 % necesita renovar sus sistemas de auscultación y el 30 % precisa de refuerzos estructurales.

"El 70 % del personal declara tener niveles elevados de estrés", aseguran los expertos. "La inversión debería ser de unos 150 M al año y está entre 60 y 80".

Más información: Las lluvias llenan los embalses españoles, pero ¿están los suelos y los bosques preparados para absorber tanta agua?

Publicada 14 febrero 2026 02:50h

España se enfrenta a unas semanas de lluvias críticas que están tensionando los embalses y las presas. La reserva hídrica española está al 77,3 %, ha sumado 5.634 hectómetros cúbicos en siete días y ya ha batido el récord de incremento semanal en más de 30 años.

Algunas estructuras, como la fallida presa de Montejaque en Andalucía, se han quedado a 26 centímetros de desbordar; otras, como la de Aldeadávila, están a pleno rendimiento y desembalsan ya 2.100 m3/s. 

En paralelo, las borrascas han activado las alarmas entre los técnicos. "Están siendo días especialmente duros, con personal que ha trabajado 72 horas sin parar", asegura Imanol García, presidente de la Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICAPE).

"Tengo constancia de que en algunas presas se han activado el 'escenario 0' y el 'escenario 1'. Esto implica que hay que extremar la vigilancia, pero podemos respirar tranquilos porque, hasta donde tenemos constancia, no hay peligro. Los embalses están diseñados para que se llenen".

Pese a que las infraestructuras hidráulicas españolas aguantan el envite, la cuerda se está tensando por la "falta de mantenimiento", y ya son varios los expertos que se preguntan hasta qué punto la próxima gran tragedia de España, tras la dana y Adamuz, la podría causar una presa en mal estado.

Por ello, las asociaciones de ingenieros de caminos, de personal de explotación de presas y de los sindicatos del sector han enviado en las últimas semanas varias cartas al Ministerio para la Transición Ecológica pidiendo "una mayor inversión" y se han quejado del "silencio de un Gobierno que no responde, lo cual es descorazonador".

En sus misivas indican que buena parte de las 2.453 presas en explotación —especialmente las 375 de titularidad estatal— arrastran un déficit de mantenimiento, planes de emergencia sin implantar y plantillas al límite.

España encadena tragedias

José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil, no puede evitar recordar aquel 18 de septiembre de 2025 en el que compareció ante los senadores que formaban la Comisión de Investigación de la dana. 

"Si las obras contenidas en los programas de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) en zonas como el río Magro se hubieran ejecutado, el 29 de octubre hubiera habido muchos menos fallecidos y menos daños humanos", dijo. "Hubiera funcionado tener las alarmas, el plan de inundaciones planteado y las infraestructuras hechas. Habríamos hablado de otra cosa".

El silencio se hizo en la sala.

"No puedo garantizar que no hubiera habido víctimas, como en otros desbordamientos, pero con total seguridad los daños humanos y materiales no hubieran sido del nivel en que se produjeron".

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Meses después, sus conocimientos de ingeniería de caminos fueron requeridos de nuevo para analizar otra tragedia: la del accidente ferroviario de Adamuz.

"Recuerdo que me preguntaron en la televisión por el accidente. No había podido producirse, ¿eh?", dice con ironía. "La vía estaba nueva desde mayo. El tren había salido del taller cinco días antes. Los sistemas de seguridad ferroviaria funcionaban. Y, sin embargo, ocurrió. Claramente, algo no cuadra".

Trigueros asegura que la comparecencia de esta semana de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados le puso de "muy mal genio" porque fue sintomática del problema que padece España: se ha construido mucho y hoy falta dinero para invertir en mantenimiento.

El presidente del Gobierno, insiste Trigueros, "vino a decir que todo estaba maravillosamente y que España era un ejemplo para, acto seguido, asegurar que iba a invertir más millones. Somos fenomenales pero tenemos 47 muertos en Adamuz y ahora hay que dar más dinero. ¿Y por qué no se dio antes? Aquí lo que falta es previsión. El siglo XX fue el de la construcción; el XXI, el del mantenimiento".

Y añade: "Debemos comprar más cintas inauguradoras de mantenimiento y menos de obras nuevas".

Si bien sus palabras no pueden traer de vuelta a los fallecidos, sí pueden servir para concienciar a las administraciones de que la prevención es esencial para evitar la próxima tragedia. Ya sea la que provoque una carretera en mal estado, una inundación en una zona que no debería haber sido urbanizada o el colapso de una presa de categoría A con una inversión deficiente.

Y es aquí, en las presas, donde están poniendo el foco diferentes colectivos de ingenieros. Entre ellos la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil que preside Trigueros, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Administración (AICAPE) y el Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD).

Son varias las cartas que estas organizaciones de ingenieros han enviado a la ministra Sara Aagesen para advertir por escrito del deterioro del parque de presas y de la falta de medios para explotarlas con seguridad.

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En ellas detallan que España cuenta con más de 2.453 presas en explotación, 1.300 de las cuales son grandes presas, y que una parte significativa de las estatales acumula déficits de mantenimiento, desagües de fondo obsoletos y revisiones de seguridad pendientes.

"Este envejecimiento exige actuaciones constantes, modernización y control, cosas que no se están realizando con la intensidad necesaria", asegura la Asociación Caminos en su misiva a Aagesen, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"El 75 % requieren estudios complementarios de seguridad, el 65 % necesitan renovar sus sistemas de auscultación, el 30 % precisan refuerzos estructurales y el 50 % requieren la rehabilitación de sus desagües de fondo. La edad media de las presas españolas ronda los 50 y más de 600 superan el medio siglo y un centenar tienen más de cien".

Los ingenieros, por tanto, piden más inversión, plantillas reforzadas, una reorganización de la Dirección General del Agua y organismos independientes que ordenen la seguridad de las presas.

Manifiesto y carta remitidas a la ministra Aagesen por parte de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

Sin embargo, el silencio es lo único que han obtenido por respuesta. "Han pasado 20 días desde que mandamos nuestra carta y no sabemos nada", asegura Imanol García, de AICAPE.

"Es descorazonador que ni siquiera recibamos acuse de recibo, máxime con la generosidad con la que se han gestionado estas borrascas en las Confederaciones Hidrográficas. Los compañeros están muy molestos con cómo se está gestionando todo".

El dilema de las presas en España

Las presas de 'categoría A' son aquellas que afectan directamente a las personas. Constituyen un 40% del total en España. "Más de un millón de españoles viven en zonas de riesgo", explica Trigueros.

"No hace falta alarmar de forma injustificada: nadie dice que mañana vaya a romperse una presa. Pero, claramente, si se sigue esta tendencia, los problemas dentro de 5 o 10 años pueden ser importantes".

Para ejemplificar la situación de las presas, el ingeniero de caminos menciona la presa de Forata, bajo la cual están expuestos "110.000 habitantes", y la cual sirvió de dique de contención para evitar una tragedia mayor durante la crisis de la dana. 

Hidráulicamente, la presa laminó casi la mitad del caudal punta del río Magro, lo cual fue decisivo para que la riada aguas abajo no fuera aún más devastadora.

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"Forata no colapsó porque no llovió una hora más", recuerda el experto. "Era algo que se sabía: había que haber invertido más en mantenimiento pero no se le dio prioridad". De hecho, de haber colapsado, "todo lo que había abajo habría acabado en Baleares", aseveran a EL ESPAÑOL fuentes del gobierno valenciano.

Durante la dana, Forata incumplía la normativa de seguridad: la revisión general obligatoria, que en presas de categoría A debe hacerse al menos cada cinco años, estaba caducada desde 2022.

Además, la documentación técnica hablaba de la inoperancia del desagüe de fondo y de la necesidad urgente de habilitarlo para poder explotar la presa en condiciones de seguridad. "Forata laminó la mitad de la avenida y cumplió su función al 50%. Si las presas no funcionan como deben, los riesgos aumentan".

A ello se le suma otro agujero: el de los planes de emergencia. "En Forata hay un plan hecho pero no implantado". En la práctica, eso significa que no había –ni hay, porque sigue en un cajón– sirenas operativas, ni señalización de evacuación, ni simulacros previos coordinados entre los ayuntamientos y Protección Civil.

La presa de Montejaque, a 30 centímetros de desbordarse.

"Ha pasado un año y aún no hay un plan de emergencia. Igual que ocurre en la mayoría de las presas de categoría A: hay planes creados pero implantados habrá en torno a un 30 %".

Forata no es una anomalía, sino el síntoma de un problema mucho más profundo. "Si tenemos que hacer una radiografía general de la situación de las presas hoy en día, el foco hay que ponerlo en intensificar las actividades de mantenimiento y actualización", insiste Carlos Granell, presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD).

"Las presas han aguantado episodios extremos. Lo hemos visto en la dana, con las recientes lluvias, en marzo de 2025 en Madrid y con la borrasca Nelson. Pero eso no debe ocultar el hecho de que, si no comenzamos a invertir y a recuperar el tiempo perdido, tanto la seguridad pública como la disponibilidad del agua se puede ver comprometida".

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El diagnóstico de los ingenieros converge en dos ideas: falta dinero y falta un plan. "En España hay un valor patrimonial de unos 25.000 millones de euros en presas", detalla García.

"El estándar técnico de conservación se sitúa entre el 1% y el 2% del valor anual, lo que supone la necesidad de invertir entre 200 y 500 millones de euros al año. Estimamos que el Estado debería invertir sólo entre 100 y 150 millones anuales en el mantenimiento de las presas de titularidad estatal. Aunque eso no cubre el déficit de inversión acumulado estas décadas".

Trigueros cita el informe Estrategia de inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España 2026‑2035 elaborado por SEOPAN en colaboración con TYPSA. "Plantean para el sistema de mantenimiento de presas 464 millones de euros al año, con 118 millones para auscultación y 295 para desagües y medidas estructurales".

Si bien el MITECO especifica que tiene una partida presupuestaria de casi 1.300 millones para 'Gestión e infraestructuras del agua', García concreta que "ahí está todo metido", y que "para sacar los valores de mantenimiento hay que ir actuación por actuación cada año".

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La Dirección General del Agua, en su memoria de 2023, especifica que ha invertido sólo 16 millones en mantenimiento, a los cuales hay que sumarle las actuaciones realizadas por las Confederaciones Hidrográficas con sus propios fondos y las ejecutadas por las sociedades estatales del agua.

En la práctica, entre 2023 y 2025, la inversión se ha quedado entre 60 y 80 millones de euros al año. Muy lejos de la horquilla de 100-150 millones.

No todas las presas, por supuesto, están en el mismo estado. Trigueros introduce una brecha clara entre las grandes concesiones privadas y las estatales. "Las grandes presas de concesiones eléctricas —Iberdrola, Endesa, Canal de Isabel II— están muy bien mantenidas: tienen sus sistemas digitales, desembalsan y gozan de una gestión modélica".

"Esta dualidad genera falta de independencia del órgano gestor y un control ineficaz sobre sus propias infraestructuras".

🤯 Espectacular el embalse de Aldeadávila desembalsando 2.100 m3/s #presa#agua#duero#embalse#Salamanca
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— METEOSALAMANCA  (@METEOYAYI) February 13, 2026

A ello se le suma la dispersión de competencias entre Estado y comunidades y la ausencia de un organismo técnico independiente capaz de imponer criterios homogéneos en todo el territorio.

"Lo que pedimos es un organismo que ponga orden en todo esto", resume Trigueros. "Hemos propuesto crear un Consejo de Seguridad de Presas, similar al Consejo de Seguridad Nuclear, que dependa del Parlamento, totalmente independiente, con técnicos que sepan de lo que hablan".

La DGA: ¿en Fomento?

Otro de los temas que está en el tablero de debate es la Dirección General del Agua (DGA), el organismo del que dependen la política hidráulica estatal y la seguridad de las presas en las cuencas intercomunitarias, y que hoy está integrada en el Ministerio para la Transición Ecológica. Trigueros y García coinciden en que el agua "tiene que sentarse en la mesa de los mayores".

El primero reclama que la Dirección General del Agua salga del MITECO y vuelva a un ministerio inversor como Fomento, con más presupuesto y cultura de obra pública, mientras que García insiste en que, esté donde esté, la DGA debe elevarse al nivel de Secretaría de Estado para que el agua no sea sólo una dirección general más dentro del organigrama.

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Trigueros también pide que los puestos clave de la cadena de mando –desde la propia Dirección General hasta las presidencias de las confederaciones hidrográficas– dejen de estar ocupados por perfiles ajenos a la ingeniería hidráulica.

"Hemos pervertido la administración pública. Tenemos a una ministra que es ingeniera química. El secretario de Estado de Aguas y Costas tiene estudios de Derecho. El director del Agua es abogado. De los 9 directores de Confederaciones Hidrográficas, 4 son ingenieros de caminos. Una persona que dice que necesita dinero, hasta que llega al órgano decisor, tiene que pasar por 5 despachos llenos de prioridades políticas".

El personal, al límite

Si el hormigón envejece, las plantillas también. "De manera específica, hay que reforzar al personal asignado", subraya Carlos Granell. "Ha ido decreciendo con el paso de los años y no se refuerza. Hablamos de gente muy cualificada pero con cada vez menos recursos y más responsabilidad".

La falta de medios, añade, "se traduce en que a los técnicos se les exige un exceso de dedicación y de responsabilidad".

Imanol García refrenda esta idea: "El problema más acuciante es el del personal. Los servicios de explotación asumen una responsabilidad especial y una dedicación permanente en la gestión de grandes infraestructuras, algo muy visible en episodios meteorológicos extremos".

Hay jefes responsables de cuatro, de ocho y hasta de dieciséis presas separadas por centenares de kilómetros, a los que se les exige un servicio 24/7 sin plantillas dimensionadas con guardias y turnos.

José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil.

"En una encuesta de clima laboral en el sector del agua, un 70% declaraba niveles elevados de estrés, en buena parte por las responsabilidades civiles y penales que asumen sin disponer de medios adecuados", incide Imanol García.

"Una explotación profesional no puede basarse en el voluntarismo de unos pocos empleados públicos completamente entregados".

Las cifras ayudan a entender la presión: en las presas de titularidad estatal hay unas 2,5 personas por presa explotada, frente a unas 6 personas en las presas del Canal de Isabel II, el ejemplo modélico.

"No es raro que un jefe de explotación llame a un encargado que lleva 12 o 16 horas seguidas de servicio y este diga que ya no puede seguir atendiendo. La responsabilidad última, sin embargo, sigue recayendo en ese jefe. Cada vez es más difícil encontrar personal dispuesto a asumir esa carga".

En esa misma línea se mueve la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha denunciado ante Aagesen la carencia de personal para situaciones de emergencia. Pide contratar a más ingenieros y no "subcontratar a empresas". "La falta de personal se debe a que las jubilaciones no se reponen desde hace décadas".

CSIF ha avisado de que, si no se adoptan medidas inmediatas, se iniciará un calendario de movilizaciones en todas las infraestructuras hidráulicas del Estado para defender la seguridad de las presas y la dignidad profesional de sus empleados.

El miedo a la tragedia

El mensaje de técnicos y sindicatos evita el alarmismo pero sí señala la urgencia. "No hay que transmitir alarma: tenemos unos grandes profesionales", concede Granell.

Su preocupación está en la tendencia: "Igual que no es sostenible tener un parque de presas y no gastar dinero en mantenimiento continuo y en su actualización, tampoco lo es exigir a los técnicos que sostengan el sistema con un exceso de dedicación. Si no comenzamos a invertir y a recuperar el tiempo perdido, tanto la seguridad pública como la disponibilidad del agua se pueden ver comprometidas".

Imanol García pone el foco en esa línea roja invisible: "Cuando baja el nivel de mantenimiento aumenta la probabilidad de fallo, y las grandes catástrofes suelen ser un cúmulo de fallos encadenados. Si se van perdiendo los 'seguros' que aporta una buena explotación, se pierde seguridad".

Ante la falta de mantenimiento y los problemas de personal, la reacción de muchos directores de explotación es bajar los niveles de embalse y aumentar los resguardos.

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García lo ilustra de la siguiente forma: "Es como conducir por una carretera con el firme en mal estado. En vez de ir a 120, vas a 80. Esto es igual. La seguridad prima, pero a costa de perder funcionalidad y volumen de almacenamiento con efectos directos sobre abastecimiento, riego y otros usos".

Para los ingenieros la clave está en dejar de improvisar. "Demandamos una planificación detallada con presupuestos adecuados. No vale con reaccionar después de cada tragedia. Necesitamos una hoja de ruta clara para renovar, reforzar y mantener las presas".

Su voz, y la de quienes trabajan sin dormir en los cuartos de control, apuntan a lo mismo: el tiempo de las cintas inaugurales ya pasó; ahora la urgencia está en el mantenimiento de los muros que contienen el agua.

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