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El sector teme que la rigidez del marco normativo aprobado por el Gobierno ponga en riesgo la viabilidad de centros especializados, y que agrave el problema de vacantes e inserción laboral.
El real decreto 905/2025, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, a finales del pasado ejercicio que regula la creación, reconocimiento de universidades en España, está haciendo mella ya en el despliegue de la educación privada. Ha elevado la preocupación a cerca de la viabilidad a de los centros y ha frenado la creación de nuevas opciones formativas desde el ámbito privado, ante la incertidumbre de que se puedan cumplir los rígidos estándares que impone la nueva normativa.
Ante el elevado grado de preocupación expresado por los centros universitarios -uno de los requisitos más estrictos es que estos deberán contar al menos con 4.500 alumnos- CEOE ha elevado una denuncia de la situación a la Comisión Europea, a través de una serie comunicaciones oficiales a diferentes direcciones generales de la Comisión Europea, de Educación, Innovación y Trabajo, en la que muestra su preocupación por el impacto que puede tener el nuevo marco normativo sobre la contribución del sistema de educación superior -en este caso los centros privados-.
A ese criterio cuantitativo que ya pone en riesgo la continuidad de centros universitarios privados se le suman otros estándares de calidad de la enseñanza sobre los que debe dictaminar el Ministerio de Trabajo que temen se convierta en una suerte de veto a la proliferación de la educación superior privada. Además de cuestiones sobre número mínimo de doctores entre el profesorado y de oferta de materias dentro de los programas formativos.
Según ha podido saber EXPANSIÓN por fuentes cercanas al conflicto, la denuncia de CEOE ante la Comisión Europea incide en que la introducción de criterios homogéneos y altamente prescriptivos están dirigidos a un modelo único de universidad.
Todo ello, según advierte la patronal, puede tener además efectos colaterales, mermando la empleabilidad de los alumnos que acceden al mercado laboral. Más aún cuando la propia vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ya ha anunciado públicamente su intención de extender estas actuaciones sobre el sistema de formación profesional. Un golpe similar a estos centros podría terminar por mermar las posibilidad de formación en sectores y perfiles específicos agravando el problema de las vacantes de empleo y de falta de profesionales cualificados en ciertos sectores.
Además, el sector denuncia la imprimación ideológica de la medida, toda vez que la aprobación de estas medidas no va acompañada de una estrategia para el refuerzo de la educación pública. Recuerdan que muchos de estos centros universitarios y de formación profesional privados han proliferado antes la imposibilidad de los centros públicos de absorber a todos los alumnos.
Contracorriente de Europa
La patronal argumenta que esta normativa choca con los objetivos europeos de educación superior. Denuncian que el modelo se basa únicamente en parámetros estructurales y no valora en absoluto la diversidad de misiones, perfiles y tamaños de las instituciones. La CEOE advierte que esta rigidez penaliza la flexibilidad y contraviene la visión europea, que considera la diversidad de modelos como un factor clave para la innovación y la calidad.
Tanto las organizaciones empresariales como el sector educativo reiteran la urgencia de revisar el desarrollo y aplicación del RD 905/2025 para garantizar que no se desvíe de los principios del Espacio Europeo de Educación Superior, y buscar un marco regulatorio alineado con los retos del mercado de trabajo.
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