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- Hacienda reserva más de 3.800 millones para las CCAA fuera de la nueva financiación autonómica
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Junts reclama a Sánchez un alivio de la deuda de la Generalitat mayor al que había pactado.
La debilidad parlamentaria del Gobierno de PSOE y Sumar no sólo le está impidiendo sacar adelante medidas tan relevantes como el decreto para crear un registro de lobbies, al que está vinculada la llegada de 1.500 millones procedentes de los fondos europeos NextGeneration. También le sitúa en una posición de mayor dependencia de sus socios de legislatura -Podemos, ERC, Junts, PNV, BNG y Bildu-, que están elevando sus exigencias para tratar de obtener mayores réditos de su apoyo a un Ejecutivo más débil que nunca debido a su nefasta gestión de la crisis de Ceuta.
El ejemplo más claro de ello es el retraso en la tramitación parlamentaria de la quita de deuda pactada por Pedro Sánchez con los partidos separatistas catalanes para aliviar las finanzas de la Generalitat que preside Salvador Illa. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha prorrogado por segunda vez el plazo de presentación de enmiendas al texto que regula la asunción por el Estado central de hasta 83.000 millones de euros de los pasivos acumulados por las distintas comunidades autónomas que se acojan a este mecanismo, del que Cataluña será la segunda mayor beneficiaria.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales del año pasado, pero la tramitación parlamentaria está siendo más lenta de lo habitual en este tipo de iniciativas, que los grupos parlamentarios impulsores tratan de agilizar todo lo posible cuando disponen de los apoyos suficientes para su ratificación definitiva. Sin embargo, la formación del prófugo Carles Puigdemont, con la que los socialistas acordaron tanto la forma de trasladar los pasivos desde las administraciones territoriales a la central como la cantidad asignada a la Generalitat catalana -17.104 millones de euros-, se ha descolgado a última hora con la demanda de un mayor perdón de la deuda derivada de la deficitaria gestión de los anteriores gobiernos de esta región desde la crisis financiera de 2008.
Junts pretende así demostrar una mayor habilidad para lograr cesiones de Sánchez que sus rivales de ERC, con los que el Gobierno acordó la reforma parcial del sistema de financiación autonómica, que no tiene visos de pasar el examen parlamentario por la oposición de casi todas las comunidades autónomas y porque los de Puigdemont han avanzado que votarán en contra al considerar que no garantiza los recursos que necesita la Generalitat catalana ni alumbra un cupo similar al del País Vasco.
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