- ALICIA GARCÍA HERRERO Economista jefe para Asia Pacifico de Natixis e investigadora senior en Bruegel
Pekín ha creado un escudo legal contra el tipo de diversificación que la Ley de Aceleración Industrial de la UE intenta impulsar.
La Unión Europea avanza lenta pero decididamente hacia uno de los momentos más trascendentales de su política industrial en décadas: la Ley de Aceleración Industrial, diseñada para agilizar la relocalización de la producción manufacturera estratégica y reducir la dependencia del bloque de proveedores únicos.
Sin embargo, mientras los responsables políticos europeos se felicitan por la ambición de la legislación -y algunos Estados miembros fruncen ya el ceño-, Pekín ha acelerado su respuesta legislando contra cualquier interferencia externa en sus cadenas de suministro. La señal llegó el 7 de abril, cuando el Consejo de Estado de China publicó, con efecto inmediato, el Reglamento sobre Seguridad Industrial y de la Cadena de Suministro.
Aunque podría parecer una vuelta de tuerca más de política industrial, es mucho más que eso: establece evaluaciones obligatorias para garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro ante posibles injerencias extranjeras. Pekín dispone ahora de una base legal para controlar la exportación de insumos, bienes intermedios y datos de producción considerados esenciales para la seguridad económica nacional, e imponer sanciones significativas a las entidades extranjeras que intenten interferir, auditar o perturbar los acuerdos de suministro chinos.
Esto significa que Pekín ha creado un escudo legal contra, precisamente, el tipo de diversificación de cadenas de suministro que la Ley de Aceleración Industrial europea intenta impulsar. Los gobiernos extranjeros que esperaban persuadir u obligar a las empresas a abandonar sus relaciones con proveedores chinos se enfrentan ahora a una China que puede afirmar, con fuerza legal, que dicha injerencia viola su legislación. Para las multinacionales que operan en ambas jurisdicciones, esto crea un dilema de cumplimiento de difícil solución.
La Ley de Aceleración Industrial, en su forma actual, parte de la premisa de un entorno operativo relativamente permisivo. Se basa en incentivos -permisos acelerados, cofinanciación pública, mecanismos de agregación de la demanda- y algunas medidas coercitivas, como los requisitos de transparencia en la cadena de suministro y las preferencias de contratación para productos fabricados en Europa. Lo que no contempla adecuadamente es un escenario en el que una jurisdicción tan importante como la china se oponga de forma activa.
La rápida actuación de China aumentará las reticencias de los Estados miembros que ya mostraban inquietudes sobre la norma. Esto es especialmente cierto para Alemania, dada su compleja red de dependencias de insumos chinos en los sectores químico, de materiales avanzados y electrónico. Hungría, profundamente integrada en redes de fabricación con fuerte presencia china, también podría considerar que una posible reacción de Pekín resulta económicamente demasiado costosa. Esta es la incómoda realidad a la que deben enfrentarse los defensores de la Ley de Aceleración Industrial. Su aprobación dista mucho de estar garantizada y, si finalmente se aprueba, su implementación será puesta a prueba de inmediato. La nueva arquitectura legal china eleva el coste de salida para las empresas europeas integradas en las cadenas de suministro chinas y añade implicaciones diplomáticas para los Estados miembros que, de otro modo, habrían apoyado discretamente los objetivos de la Ley. Un problema adicional es que las empresas europeas no pueden proporcionar a Bruselas los datos de la cadena de suministro que exige sin incurrir en responsabilidades según la legislación china.
Ya tenemos el primer caso concreto. China acaba de colocar a siete entidades europeas -principalmente contratistas de Defensa, institutos aeroespaciales y empresas de inteligencia satelital- en su lista de control de exportaciones, bloqueándoles el acceso a productos de "doble uso" de origen chino.
La medida se entiende como represalia a las sanciones que la UE impuso a 27 entidades chinas por su presunta colaboración con Rusia para evadir controles occidentales. Pero también puede leerse como una advertencia sobre lo que podría ocurrir si la Ley de Aceleración Industrial entra en vigor y perjudica a las empresas chinas y su cadena de producción.
Nada de esto significa que la LEy esté equivocada en su diagnóstico. Europa está realmente sobreexpuesta en demasiados sectores estratégicos, y la necesidad de soberanía industrial se ha reforzado tras la escasez provocada por la pandemia y la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. Pero un buen diagnóstico no equivale a un tratamiento eficaz, y los artífices de la norma parten de un modelo del mundo que Pekín está reescribiendo activamente.
¿Cómo podría Europa adoptar un enfoque más sólido? Primero, la UE debería tomar en serio el nuevo reglamento chino como instrumento jurídico real, no como mera postura política, y encargar una evaluación de impacto rigurosa sobre sus efectos en la implementación de la Ley de Aceleración Industrial. Segundo, la Comisión Europea debería elaborar directrices explícitas para las empresas atrapadas en conflictos de cumplimiento transfronterizos que reflejen el riesgo jurídico real, en lugar de ignorarlo. Tercero -y esto es lo más difícil políticamente-, los defensores de la Ley en Bruselas deben intensificar su labor en las capitales nacionales, construyendo coaliciones capaces de resistir la presión china, en lugar de asumir que un texto legislativo por sí solo será suficiente.
China ha dado el paso. Ha decidido que la soberanía de la cadena de suministro merece protección mediante leyes estrictas, no solo con subsidios industriales. La pregunta para Europa es si posee la coherencia estratégica y la voluntad política necesarias para responder de la misma manera, o si la Ley de Aceleración Industrial se convertirá en otro ejemplo de legislación europea ambiciosa que se desmorona al entrar en contacto con un mundo que no comparte sus premisas. El tiempo se acaba, y Pekín lo sabe.
Alicia García Herrero, Economista jefe para Asia Pacifico de Natixis e investigadora senior en Bruegel.
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