Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y la gestoría Parra Delgado. EL ESPAÑOL
España Cinco empresas chavistas vinculadas a Delcy ingresaban dinero en una de las sociedades que pagó al 'Grupo Zapatero'Sociedades del entorno más cercano de la actual presidenta de Venezuela inyectaron fondos para pagar al considerado "testaferro" de Zapatero.
Directivos de la Federación de Fútbol de Venezuela y extrabajadores de PDVSA estaban tras la red empresarial que trató de dar apariencia de legalidad a los negocios de crudo y oro.
Jorge CalabrésDavid VicenteAntonio Blanco Publicada 8 junio 2026 02:56h Las clavesLas claves Generado con IA
Cinco sociedades (dos venezolanas, dos españolas y una estadounidense) vinculadas a Delcy Rodríguez ingresaron dinero en una de las sociedades que pagó al 'Grupo Zapatero' por intermediar en la venta de petróleo y oro.
El entramado societario en España, afín al chavismo, está liderado por el banquero Francisco Flores Suárez a través de su testaferro Alberto Parra Delgado.
Junto a él aparecen en diferentes cargos de las distintas sociedades nombres cercanos a Delcy Rodríguez como: Jorge Giménez, Óscar Cunto André y extrabajadores de PDVSA.
Una pequeña gestoría de Madrid canalizaba los pagos del petróleo venezolano vinculados al 'Grupo Zapatero' y al PSOEEstas sociedades daban apariencia legal a la intermediación del "Grupo Zapatero" en la venta de petróleo y oro del chavismo, según explican fuentes del caso a EL ESPAÑOL.
Esta red empresarial vincula directamente a las sociedades de los entornos más cercanos de Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las cinco sociedades que inyectaron fondos a Softgestor SL para pagar al "Grupo Zapatero" figuran dos empresas venezolanas (Grupo Multiobras MM 77 y Sinoven Cargo CA) y una con sede en Miami pero vinculada al chavismo (Bautista Managements LLC).
Las dos empresas creadas en España que traspasaron fondos para realizar pagos al "testaferro" de Zapatero fueron una constituida por el presidente y el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Venezuela (FVF Operaciones Globales) SL y otra sociedad instrumental de Francisco Flores (Apamate Corporate And Trust SL).
El centro neurálgico de las operaciones era una humilde gestoría de barrio en la calle Mar de Kara 17, en el distrito madrileño de Hortaleza. Un despacho discreto, con apariencia rutinaria, donde se tramitan impuestos, nóminas y papeles de empresas.
Leire Díez apuntó en su agenda una "reunión con ZP" vinculada al exviceministro chavista de Energía Nervis VillalobosSin embargo, para los investigadores, ese local es mucho más que una oficina administrativa: se trataría de uno de los filtros por los que el dinero procedente del entorno chavista habría entrado en España.
La pieza central es Softgestor SL, la sociedad administrada formalmente por Alberto Parra Delgado. Sobre el papel, Parra era el dueño visible.
En la práctica, según la tesis policial y judicial, quien manejaba la operativa era Francisco Flores Suárez.
Este banquero venezolano vinculado al chavismo, y cuya muerte fue anunciada hace unos meses, es señalado como el verdadero controlador de las sociedades y el dinero que orbitaba alrededor de Mar de Kara 17.
La investigación del caso Zapatero sitúa a Softgestor en un lugar clave. La empresa pagó 145.200 euros a Análisis Relevante SL, la consultora de Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores el "testaferro" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Un miembro de la trama de Plus Ultra dice que 'Julito' Martínez y Zapatero utilizaban teléfonos desechables y sin internetLos pagos se realizaron en dos transferencias de 72.600 euros: una en 2020 y otra en 2021. El motivo de las mismas sería el pago de comisiones por la intermediación en la venta de oro y petróleo desde Venezuela.
El contrato que justificó esos abonos preveía informes mensuales sobre la situación política, económica y social internacional. Pero el dato que más pesa para los investigadores no está sólo en el contenido del documento, sino en quién lo gestionó.
Julio Martínez no negoció con Alberto Parra, administrador formal de Softgestor. Lo hizo con Francisco Flores Suárez.
Y fue Flores quien, según la documentación incorporada a la causa, decidió qué sociedad debía aparecer como firmante. Primero se barajó Apamate Corporate And Trust SL. Después, el contrato pasó a Softgestor.
Ese cambio es uno de los indicios que apuntalan la tesis de los investigadores: las empresas de Parra eran intercambiables. No funcionaban como sociedades independientes, sino como vehículos al servicio de una operativa controlada desde fuera.
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Softgestor nació en 2014 con un capital social de poco más de 3.000 euros y un objeto social propio de una asesoría: servicios jurídicos, fiscales y administrativos.
Su domicilio fiscal figura en la calle Mar de Kara, 17. Su administrador único es Carlos Alberto Parra Delgado.
La investigación registró grandes movimientos de dinero entre 2020 y 2024. En ese periodo, Softgestor recibió 377.099,49 euros de distintos pagadores, según un informe de la Agencia Tributaria adjuntado en el sumario.
La mayor parte del dinero procedía de cinco sociedades consideradas especialmente relevantes por su conexión exterior o por su vinculación con el ecosistema venezolano.
La primera fue Bautista Managements LLC, una sociedad de Florida que aportó 100.957,85 euros en 2024.
La segunda, Grupo Multiobras MM 77 CA, vinculada a Venezuela, que ingresó 74.870 euros en 2021 desde una cuenta de Bank of America en Miami.
La tercera, Inversiones Sinoven Cargo CA, también venezolana, que abonó 30.000 euros en 2022.
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La primera ingresó 46.374,16 euros en 2024. La segunda, 17.672,05 euros en 2023. En conjunto, esas cinco sociedades aportaron 269.874,06 euros. Es decir, el 71,57% de todos los ingresos recibidos por Softgestor entre 2020 y 2024.
Ese porcentaje es el corazón financiero de la investigación. Los ingresos más sensibles no llegaron de clientes corrientes de una gestoría de barrio. Llegaron de sociedades extranjeras o de empresas españolas vinculadas al chavismo.
Ninguna empresa hizo pagos más de un ejercicio, algo que podría indicar que son fuentes de llegada de dinero más que relaciones comerciales que se prolongan en el tiempo.
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El esquema que analizan los investigadores es sencillo en apariencia. Varias sociedades ingresaban fondos en Softgestor. Después, la gestoría pagaba a proveedores y personas relacionadas con la trama en España.
El principal destinatario fue Análisis Relevante SL, la empresa de Julio Martínez Martínez. Recibió 145.200 euros, el 35,64% de todos los pagos realizados por Softgestor en el periodo analizado (2020-2024).
El segundo gran receptor fue Carlos Alfonso Parra Delgado, hermano de Alberto Parra y también vinculado a la actividad de la gestoría. Entre 2020 y 2024 percibió 86.756,85 euros.
Sólo entre Análisis Relevante y Carlos Alfonso Parra sumaron 231.956,85 euros. Esa cantidad equivale al 56,93% de todos los pagos de Softgestor en esos años.
La coincidencia temporal y cuantitativa es lo que alimenta la sospecha de lavado de dinero. Las cinco sociedades clave ingresaron 269.874,06 euros. Los dos grandes destinatarios cobraron 231.956,85 euros.
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Apamate Corporate And Trust SL es una de las claves para entender el control real de Flores Suárez.
La sociedad comparte domicilio con Softgestor en Mar de Kara 17. Fue constituida en 2019 con un capital social de 3.010 euros. Su objeto social también encaja con una estructura de servicios: asesoramiento contable, fiscal, jurídico y administrativo.
La propiedad formal revela un vínculo directo con Softgestor. El 99,64% de Apamate pertenece a Softgestor. Otro 0,03% figura a nombre de Carlos Alberto Parra. El resto aparece en manos de Moisés Antonio Vallenilla Tolosa.
Apamate tenía, además, como apoderado a Óscar Cunto André, abogado venezolano y figura relevante en el entorno de la Federación Venezolana de Fútbol.
Cunto aparece también vinculado a FVF Operaciones Globales SL, la sociedad española cuyo socio único es la Federación Venezolana de Fútbol.
FVF Operaciones Globales comparte el domicilio de Mar de Kara 17. Sus administradores solidarios son Jorge Andrés Giménez Ochoa, Óscar Cunto André y Miguel Ángel Mea Vitali. Parra figura como apoderado, junto a Adrián Lyonel Aguirre Arteaga y David Salvador Quintanilla Muñoz.
Ese dato conecta la gestoría con una red más amplia. Jorge Giménez es presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y aparece en otras investigaciones por sus vínculos con negocios de PDVSA y con el entorno de Delcy Rodríguez.
Cunto, por su parte, es una figura jurídica relevante en Venezuela y aparece en varias sociedades relacionadas con la estructura española.
La relevancia de Apamate no reside sólo en sus cargos. Según la investigación, fue la sociedad que Francisco Flores Suárez quiso utilizar inicialmente para firmar el contrato con Análisis Relevante.
Después optó por Softgestor. Para los investigadores, ese movimiento demuestra que Flores disponía de ambas sociedades a su antojo.
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Alberto Parra Delgado aparece ligado a una red de sociedades de perfiles muy distintos. Algunas comparten domicilio en Mar de Kara 17. Otras comparten administradores, apoderados o vínculos cruzados.
Junto a Softgestor y Apamate aparecen FVF Operaciones Globales, Vallenilla Escalante y Asociados Soluciones Integrales Internacionales, P&D Business Development and Advisory Services, Alex Energy Corp, Trodat Investment, Saglio Development, Distribuidora Adelmar 2020, Custom Cargo, Sweet Ink Tattoo y Restaurante Mamaxita.
El patrón se repite en muchas de ellas: capital social reducido, poca actividad conocida, cuentas sin depositar o indicios de inactividad. Algunas sociedades presentan incluso cierre provisional de hoja registral o NIF revocado.
Vallenilla Escalante y Asociados, por ejemplo, declaró apenas 700 euros de ventas en 2019. Apamate no presenta cuentas depositadas y aparece con indicios de inactividad y revocación del NIF.
Ese mosaico complica la lectura. No todas las sociedades tienen el mismo papel. Pero el conjunto dibuja una red administrada o representada por Parra y conectada por domicilios, cargos y vínculos personales con operadores venezolanos.
Una red societaria que permitiría al chavismo hacer llegar dinero a España y canalizarlo hacia su destino.
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La red de Mar de Kara 17 no se limita a los hermanos Parra Delgado. Junto a la gestoría Softgestor y a las empresas vinculadas a Alberto aparecen varios nombres con conexiones con el chavismo.
Uno de los perfiles más relevantes es Óscar Cunto André. Figura como apoderado de Apamate Corporate And Trust SL. También aparece como administrador solidario de FVF Operaciones Globales SL.
Su presencia en ambas empresas lo convierte en un nexo entre la gestoría madrileña y el ecosistema venezolano. Es el vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol y asesor jurídico con experiencia en compañías petroleras, gasísticas, industriales, financieras y multinacionales en Venezuela.
La segunda figura clave es Jorge Andrés Giménez Ochoa. Consta como administrador solidario de FVF Operaciones Globales SL, una sociedad cuyo socio único es la Federación Venezolana de Fútbol.
Giménez preside la Federación Venezolana de Fútbol y una persona cercana a Delcy Rodríguez en operaciones vinculadas con la venta de petróleo.
FVF Operaciones Globales mantiene saldos financieros con la federación por 146.723 euros, lo que refuerza el vínculo entre la sociedad española y la estructura institucional venezolana.
Otro nombre relevante es Domenico Ungredda Alessandro. Aparece como apoderado solidario de Saglio Development SL, una sociedad administrada por Alberto Parra Delgado. Ungredda trabajó durante cinco años en PDVSA como ingeniero.
Zapatero se reunió en Pekín con la empresa del PC Chino que le nombró intermediario para la compra de petróleo venezolanoEse dato lo conecta directamente con la petrolera estatal venezolana, una de las empresas públicas más importantes del régimen chavista y eje de varias investigaciones sobre operaciones internacionales de crudo.
En esa misma sociedad figura Guillermo Orlando Bottaro Pérez, también apoderado solidario de Saglio Development. Su perfil apunta al sector marítimo vinculado al petróleo.
Trabajó como jefe legal en Marítima Altair-Petromar, una empresa especializada en transporte marítimo y colaboradora de PDVSA.
La red se completa, entre otros, con David Salvador Quintanilla Muñoz, apoderado de FVF Operaciones Globales SL. Se trata del secretario general de la Federación Venezolana de Fútbol y miembro de comisiones de FIFA y Conmebol.
Su presencia refuerza el papel de FVF Operaciones Globales como una sociedad española conectada con cargos relevantes del fútbol venezolano y con personas situadas en el entorno de Jorge Giménez y Óscar Cunto, muy próximos al poder en Venezuela.
El resultado es un mapa societario que va mucho más allá de una gestoría de barrio. Mar de Kara 17 y Parra Delgado aparecen como punto de encuentro de sociedades con baja actividad, domicilios compartidos y perfiles conectados con Venezuela.
Las vinculaciones descritas ayudan a entender por qué esta gestoría de barrio se puede convertir en una pieza relevante en el circuito de fondos venezolanos a través de empresas pantalla, contratos de asesoría y pagos a proveedores.
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Carlos Alberto Parra Delgado, hispano-venezolano nacido en 1990 y afincado en Madrid, aparece ante la investigación como un administrador formal.
Un hombre de paja, según la tesis policial. El rostro administrativo de una estructura que, en realidad, estaría controlada por Francisco Flores Suárez.
Parra niega su implicación en la trama. Tras los registros de la UDEF en su gestoría, aseguró a EL ESPAÑOL que se había quedado sorprendido al conocer la investigación. Su defensa también rechaza "cualquier tipo de conexión rara" con Flores Suárez.
Esa es la posición pública del investigado. La de la causa, sin embargo, es distinta. Los agentes sostienen que Flores Suárez actuaba como dueño real.
Ese desplazamiento del administrador formal es uno de los rasgos clásicos de una estructura de testaferros. La sociedad existe, tiene administrador, domicilio, CIF y papeles. Pero las decisiones las adopta una persona que no aparece en el Registro Mercantil.
El contraste entre la fachada y la investigación es uno de los elementos más llamativos del caso.
Mar de Kara 17 no es una torre financiera ni una sede corporativa. Es una gestoría de barrio en Hortaleza. Un negocio familiar donde trabajaban Carlos Alberto y su hermano Carlos Alfonso. En el entorno, los vecinos y comerciantes los describen como personas correctas y conocidas en la zona.
Esa apariencia cotidiana es precisamente lo que hacía útil la estructura. Una gestoría puede recibir pagos por servicios administrativos. Puede emitir facturas. Puede contratar informes. Puede pagar proveedores...
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La investigación sitúa a Mar de Kara 17 como una dirección clave no solo para los pagos al 'Grupo Zapatero', sino para las relaciones comerciales de algunos grandes empresarios del chavismo como Flores Suárez.
Allí convergen Softgestor, Apamate, FVF Operaciones Globales y otras sociedades vinculadas por cargos, domicilios y personas.
Los documentos analizados muestran un patrón: dinero que entra desde sociedades extranjeras o conectadas con operadores venezolanos; dinero que sale hacia Análisis Relevante, el hermano de Parra y otros proveedores; sociedades con capital mínimo; empresas con actividad limitada; y decisiones tomadas, presuntamente, por Francisco Flores Suárez pese a no figurar como dueño formal.
La UDEF denuncia que la SEPI da información "incompleta": carpetas vacías, 'mails' omitidos, archivos corruptosEse es el núcleo del llamado chiringuito financiero de Mar de Kara 17. Una estructura pequeña en apariencia, pero con conexiones que llegan hasta Caracas, PDVSA, el entorno de Delcy Rodríguez y el círculo empresarial relacionado con Zapatero.
La gestoría sigue siendo, desde fuera, un despacho humilde de barrio, pero para la investigación se ha convertido en una puerta de entrada.
Un punto desde el que seguir el rastro del dinero venezolano que acabó en España bajo contratos de consultoría, asesoría y servicios profesionales.
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