Una de las piezas del opaco engranaje con el que los presos de ETA están saliendo a la calle es Harrera Elkartea, una asociación de la izquierda abertzale a la que el Gobierno vasco ha abierto las puertas de las tres cárceles bajo su control.
Según las fuentes penitenciarias consultadas por EL MUNDO, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que dirige la socialista María Jesús San José, ha autorizado el acceso a las prisiones de Zaballa, Martutene y Basauri a ocho representantes de esta asociación. Cinco de ellos son antiguos miembros de la banda terrorista, como el etarra que quiso matar al Rey Juan Carlos en 1995. Los otros tres han tenido vínculos con Bildu o con sus anteriores marcas.
El Gobierno de Imanol Pradales les concedió la autorización en abril, con el objetivo de que realicen tareas de "acompañamiento social a personas privadas de libertad en su integración social". Sobre el papel, la actividad está destinada a todo tipo de reclusos, pero la realidad es que Harrera se dedica exclusivamente a los etarras condenados y huidos que regresan al País Vasco y Navarra, a los que define como "presos políticos" y "exiliados".
Con el padrinazgo de Bildu y presentándolos como víctimas del "conflicto vasco", la asociación les brinda apoyo económico y ayuda para que consigan trabajo y vivienda, así como asistencia sanitaria y psicológica. En concreto, presume de que a "200" de ellos ya les ha encontrado un empleo.
El ejemplo reciente del ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu (Txeroki) sirve para ilustrar la cadena de actores que intervienen en la cascada de excarcelaciones que está teniendo lugar en el marco de la alianza política forjada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu y ex miembro de ETA, Arnaldo Otegi.
Como desveló este periódico, en primer lugar el Gobierno vasco les ofrece participar en un "programa de justicia restaurativa" consistente en que los presos se reúnen con mediadores y con un grupo seleccionado de víctimas dentro de la cárcel, e incluso en un caserío de Alzo (Guipúzcoa). A Txeroki este programa le ha servido para que el Gobierno autonómico le haya puesto en semilibertad (artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario). El argumento jurídico esgrimido por la Fiscalía es que en esas charlas el ex dirigente de ETA "ha certificado su compromiso serio, riguroso e irrevocable" de "apoyar a las víctimas" en sus "procesos de sanación y reparación emocional".
De forma paralela, los presos tienen a su disposición una engrasada red de asistencia que los ayuda a encontrar empleo o a acreditar un domicilio, claves también para salir de la cárcel antes de lo previsto. Aquí es donde, junto a la Agencia Vasca de Reinserción Social (Aukerak), dependiente del Gobierno vasco, intervienen los miembros de Harrera. Uno de ellos es el hombre que recoge a Txeroki en Martutene y le lleva supuestamente hasta la entidad donde trabaja como voluntario. Se trata de Gorka García Sertutxa, alias Patas.
García Sertutxa intentó asesinar a Juan Carlos I en agosto de 1995 en Palma de Mallorca. Iba a hacerlo con un fusil con mira telescópica, desde un apartamento con vistas al puerto en el que estaba atracado su yate. La Policía Nacional frustró el magnicidio y Patas fue condenado a 37 años de cárcel. Cuando en 2015 cumplió las dos décadas de pena máxima efectiva, las calles de Guecho, en Vizcaya, le recibieron con carteles en euskera que decían: "Tu lucha, ejemplo para los jóvenes". Hoy colabora en la "integración social" de sus ex compañeros de armas.
Otro histórico de ETA con acceso a las cárceles es el navarro Alberto Ilundain Iriarte, alias Mollejas. La Justicia francesa lo condenó en 2006 a 17 años de prisión por asociación de malhechores (equiparable al delito de integración en organización terrorista) por robar a mano armada 1.650 kilos de dinamita. Se estimó que el explosivo fue usado en hasta 60 atentados en los que murieron ocho personas, incluido un niño de seis años, y 195 resultaron heridas. En el juicio, en París, Ilundain se puso en pie y con el puño en alto cantó el Euskadi Gudariak y gritó "Gora ETA". En libertad desde 2019, actualmente figura como vocal de Harrera.
'OLGA' Y LA INFORMADORA
También ha obtenido acceso a las cárceles la vizcaína Idoia Martínez García (alias Olga). Detenida en Francia en 1997 y condenada allí por asociación de malhechores, fue extraditada y sentenciada en España a 32 años por robarles las armas a dos policías municipales de Madrid en 1994 y por los delitos de depósito de armas y tenencia de explosivos.
La Audiencia Nacional también la condenó a 30 años como autora del asesinato en 1994 del teniente del Ejército Miguel Peralta Utrera, al que le estalló una bomba lapa en el coche, pero el Tribunal Supremo la absolvió por falta de pruebas. En 2021, Etxerat, la red de familiares de presos de ETA, celebró su libertad y la de otro "preso político" con este mensaje: "¡Dos menos! ¡Bienvenidos!".
Otra autorizada a "acompañar" a los presos es Agurtzane Izarza Hernández. Tras ser detenida en 2003, la Audiencia Nacional la condenó a seis años de prisión por colaboración con ETA. Según la sentencia, Izarza aprovechó su trabajo como cuidadora de una mujer mayor en Vitoria para obtener información "acerca de la dirección, características físicas, actividades y horarios" del hijo de la anciana, que era guardia civil. Después se la transmitió a su novio, también etarra, y éste se la entregó a la cúpula de la banda en Francia.
"HE AYUDADO AL RESURGIR DEL PUEBLO VASCO"
El quinto visitante con antecedentes es Jokin Aranalde Olaondo (Bot). Miembro de una familia con varios condenados, Aranalde ejemplifica bien el vínculo que unía a ETA con su brazo político. Nacido en la localidad guipuzcoana de Gaztelu, fue candidato de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Askatasuna entre 1991 y 2001, hasta que en 2002 fue detenido tras la desarticulación del comando Donosti y huyó a Francia. El Ministerio del Interior le ubicó en el área de captación de terroristas. Una de las captadas fue su propia hija.
En 2013, dos años después del "cese definitivo" de ETA y mientras vivía oculto en Francia, Aranalde se convirtió en portavoz del colectivo de huidos y apareció en un acto público en Biarritz. Como tenía causas pendientes, la Audiencia Nacional emitió una euroorden contra él y fue entregado a España, pero volvió a escaparse.
Lo anunció en una carta en la que, al repasar sus últimos 50 años de vida, reivindicó a ETA sin citarla: "Tengo que decir que, durante estos años, he visto revivir a nuestro pueblo, que se encontraba abocado a la desaparición, y que yo he participado y ayudado a ese resurgir político, cultural y social. Sin embargo, nuestro pueblo no ha logrado todavía ser soberano".
"QUIENES MÁS HAN SUFRIDO"
Aranalde, que está en libertad desde 2014, concedió hace dos años una entrevista al periódico Berria como portavoz de la asociación a la que ahora dedica su tiempo. "Quien sale con más de 60 años no tiene nada, y necesita a su familia y a Harrera. Lo mismo ocurre con las personas exiliadas: tienen necesidades materiales y sociales", dijo. "La convivencia se convierte en una palabra vacía si no se hace nada para que quienes más han sufrido tengan una vida digna".
Los tres restantes miembros de Harrera con permiso gubernamental están vinculados a Bildu o a sus antiguas marcas, pero no han pasado por la cárcel. Se trata de Aduna Mendizabal, tesorera de la asociación y que estuvo laboralmente ligada a los ilegalizados Euskal Herritarrok y Batasuna; Karlos Ascunce, que ejerce como vicepresidente y fue candidato de Bildu hace dos años; y Eba Miren Ferreira. Ex jugadora del Athletic Club Femenino y candidata de Bildu en 2019, Ferreira preside la entidad y es su rostro más amable.
Harrera Elkartea nació a finales de 2011, coincidiendo con el anuncio del "cese definitivo" de ETA. Según sus estatutos, su función es "ayudar a la integración laboral de las personas que, como consecuencia del conflicto político existente en Euskal Herria, hayan estado encarceladas o exiliadas y hayan recuperado su libertad".
TRABAJO Y FINANCIACIÓN
La asociación presume en su web de tener "convenios con varias empresas" y afirma que, hasta la fecha, ha ayudado a encontrar trabajo a 200 excarcelados y retornados. Pero la tarea se les acumula: "En los últimos años, el número de personas que salen a la calle ha aumentado considerablemente, pasando de 300 en prisión en 2018 a 105 (datos de 2025). La mitad se encuentran en situación de semilibertad. Por ello, la labor de Harrera se está multiplicando".
Para dar respuesta "adecuada" al "vaciamiento de las cárceles", Harrera dice tener "dos hogares en Donostia", pero subraya que necesita aumentar esa cifra de viviendas disponibles para los etarras liberados o con permisos, "ya que la cantidad de personas en esta situación crece constantemente".
Según sus propios datos, la asociación se financia mediante donaciones privadas y cuenta con unos 5.000 socios. En fuentes abiertas no consta que ingrese subvenciones del Gobierno vasco ni del Gobierno de España. Su objetivo declarado es ser catalogada como asociación de utilidad pública, puesto que eso le abriría el camino para recibir una financiación estable de las instituciones.